Villahermosa, Tabasco, 22/07/25 (Más).- El Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Tabasco determinó que la declaración patrimonial de Hernán Bermúdez Requena, extitular de la dependencia, permanecerá clasificada durante un periodo de cinco años, por lo que no podrá consultarse hasta 2029. La decisión fue justificada por presuntos riesgos de vida hacia el exfuncionario.
Según el expediente de reserva identificado como SSyPC/CT/RES/023/2024, la clasificación de la información se realizó con base en lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Comité señaló que la información contenida podría comprometer aspectos sensibles relacionados con la seguridad del estado.
Informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía General de la República (FGR) refieren que los documentos podrían incluir datos relevantes sobre la capacidad de reacción de la SSPC, así como planos, uso de tecnología, información de sistemas de armamento, comunicaciones y otros elementos utilizados durante la gestión de Bermúdez Requena.
El exsecretario de Seguridad de Tabasco presentó su renuncia al cargo en enero de 2024. Posteriormente, el 9 de abril del mismo año, clasificó su declaración patrimonial. Actualmente, se encuentra prófugo de la justicia, con una ficha roja emitida por la Interpol. La FGR lo señala como presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y se le identifica bajo el alias de ‘Comandante H’.
Hernán Bermúdez Requena estuvo al frente de la SSPC de Tabasco entre 2019 y 2024, durante las administraciones de Adán Augusto López y Carlos Merino. La FGR mantiene abierta una carpeta de investigación en su contra por presuntos vínculos con actividades delictivas.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en conferencia de prensa que el gobierno federal colaborará con las fiscalías correspondientes en la investigación y localización de Bermúdez Requena. Aclaró que su administración no participará en el juicio ni tomará decisiones relacionadas con la responsabilidad penal del exfuncionario.
“No le corresponde decir a la presidenta de la República quién es culpable o quién no. La fiscalía del estado y en dado caso, la Fiscalía de la República, tienen que solicitar y tienen que hacer la investigaciones que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no, pero todo debe de tener pruebas, así es el sistema penal acusatorio en nuestro país, todo debe tener evidencias, no es la subjetividad de alguien que opina que a lo mejor es posible, tiene que haber una evidencia para poder acusar a una persona cualquiera que esta sea”, expresó la mandataria.
Durante su intervención, Sheinbaum reiteró que el Ejecutivo federal mantendrá el apoyo a las investigaciones en curso mediante el suministro de información y recursos humanos que contribuyan al trabajo de las fiscalías estatales y federales. “La carpeta de investigación está abierta, y se sigue la investigación, nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie», declaró.
Asimismo, la presidenta subrayó que las investigaciones deben realizarse conforme al marco legal y con base en pruebas que respalden cualquier acusación. Afirmó que su gobierno ha ofrecido respaldo desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició su administración, y señaló que la orden de aprehensión fue emitida en febrero de 2025.
Sheinbaum indicó que las autoridades continúan en la búsqueda del exfuncionario, quien permanece prófugo y es requerido por la justicia mexicana e internacional. Reiteró que no habrá encubrimientos en este ni en ningún otro caso bajo investigación.
Por último, la presidenta mencionó que todas las personas involucradas en este proceso tienen derecho a ofrecer su versión de los hechos. Dijo que el gobierno federal mantendrá su colaboración con las instancias correspondientes y respetará el proceso legal vigente en el país.