Ciudad de México, noviembre 7. La construcción de la base de mantenimiento del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, ha generado afectaciones directas a unas 150 familias que dependen de sus milpas y cultivos de cítricos, pues el acceso a sus parcelas se volvió casi imposible debido al terraplén de 14 hectáreas levantado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) como única vía de entrada. Los pobladores denuncian que ahora sus tierras quedaron hundidas un par de metros respecto al nivel del terraplén y además deben brincar una malla colocada entre los cultivos y la obra para poder ingresar, lo que ha dificultado el traslado de sus cosechas y labores agrícolas cotidianas.
La información original fue publicada por el portal Infobae México, que recoge los testimonios de habitantes como Carlos Koyoc Pacab, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido Felipe Carrillo Puerto, quien recordó que el 18 de junio de 2024 Fonatur firmó un convenio en asamblea ejidal comprometiéndose a construir rampas de acceso y caminos saca cosechas, obras que a la fecha no han sido realizadas.
Las instalaciones de esta base de mantenimiento forman parte de las tres ubicadas en la Península de Yucatán —junto con las de Xpujil y Puerto Morelos— e incluyen un taller, un edificio administrativo, un destacamento de la Guardia Nacional y un gran estacionamiento vacío. Su construcción no solo modificó el terreno de acceso a las parcelas circundantes, sino que además dejó pendientes varias obras que los ejidatarios consideran esenciales para recuperar la movilidad y la productividad de su tierra.
El malestar de los pobladores también tiene raíces en el proceso de consulta indígena realizado entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019, en el que participaron alrededor de 300 habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto en representación de 71 comunidades. Según explicó Elías Be Cituk, entonces comisariado ejidal, en las asambleas se destacaron únicamente los supuestos beneficios del proyecto, sin informar sobre los impactos negativos que ahora enfrentan. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también documentó que durante esa etapa informativa no se presentaron estudios de impacto ambiental ni se respondieron de forma clara las dudas de los asistentes sobre las afectaciones esperadas.
Aunque autoridades como Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador del Programa de Derechos Indígenas del INPI y hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmaron en 2019 que las consultas específicas sobre impacto ambiental se realizarían posteriormente, estas no se llevaron a cabo en Felipe Carrillo Puerto una vez publicada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 6 del Tren Maya.
En los años posteriores, el gobierno se acercó a las comunidades principalmente para atender problemas que surgían durante la ejecución del proyecto, como el convenio firmado en 2024 con fonatur por los daños derivados de la construcción. Sin embargo, los acuerdos permanecen sin cumplirse. Los ejidatarios reiteran que siguen esperando las rampas, el puente para sacar sus cosechas, los pozos de riego prometidos y el pago de daños a sus plantas de cítricos.
Desde el puente vehicular que cruza las vías del Tren Maya, la base de mantenimiento aparece como una mancha gris rodeada de milpas y huertos afectados. En la zona donde inicia el camino de terracería que conduce a las parcelas, fueron colocadas vallas con púas para restringir parcialmente el paso. “Tenemos la preocupación de que cierren totalmente el acceso a este camino, que lleva a nuestras tierras. El tren no nos trajo desarrollo, fue un chasco para nosotros”, afirmó Koyoc Pacab, quien acusa que el proyecto prometió bienestar, pero ha generado obstáculos y pérdidas que siguen sin atenderse.
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