La Fiscalía de Coahuila considera que no hay evidencia de un delito en muerte de joven ocurrida en enero. Queda en el Ayuntamiento de Torreón determinar si hubo omisiones
Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 24/03/26 (Más).- Aunque parte de la investigación sobre la muerte del joven Christian Hernán Pérez Rentería sigue abierta, la Fiscalía General del Estado cerró la posibilidad de perseguir el homicidio y ahora espera que avance el proceso administrativo para sancionar responsabilidades desde el Municipio de Torreón.
Así lo resumió el fiscal general, Federico Fernández Montañez, al señalar que en los dos meses transcurridos desde la muerte del joven no han surgido nuevas responsabilidades de carácter penal y que, de haberse configurado alguna, la dependencia ya la habría dado a conocer.
Precisó que la carpeta permanece abierta, pero ya no por homicidio sino únicamente para determinar si aparece algún otro elemento o alguna responsabilidad distinta.
Siendo así, la información relacionada con el caso y que está en poder de la Fiscalía deviene reservada hasta que se cierre el caso, para lo cual no hay una fecha límite o plazo legal.
El caso sacudió a Torreón en enero, luego de que Christian Hernán Pérez Rentería, un joven de 24 años, fuera detenido tras un altercado en un bar al que había acudido a celebrar su cumpleaños y horas después ingresara grave a recibir atención médica, para finalmente morir el 20 de enero a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.
La muerte primeramente detonó reclamos de la familia, protestas y exigencias públicas de transparencia sobre lo ocurrido dentro del Centro de Justicia Municipal.
Sin embargo, en los días posteriores, la Fiscalía informó que las indagatorias y las videograbaciones revisadas apuntaban a que la lesión fatal no derivó de una agresión homicida, sino de una caída dentro de las celdas municipales. El propio fiscal sostuvo entonces que Chris Hernán había llegado consciente al tribunal y que, cuando se advirtió que su estado de salud no era óptimo, fue trasladado a atención médica.
Más tarde, la madre del joven declaró públicamente que, tras ver las evidencias, quedaba descartada la versión de que su hijo hubiera sido torturado, aunque mantuvo sus reclamos por las irregularidades y la tardanza en mostrarle el material.
A pesar del consentimiento de los padres de Christian Hernán sobre las causas de la muerte, la Fiscalía nunca exhibió el video que muestra la forma en la que se habría accidentado y cómo se generaron las lesiones que provocaron su muerte.
Se conoce que en 2016 Coahuila se adhirió al Protocolo de Minnesota, un manual internacional de la ONU sobre investigación de muertes potencialmente ilícitas, publicado por la Oficina del Alto Comisionado; además, la Suprema Corte ya estableció que ese protocolo, es jurídicamente relevante para guiar investigaciones de muertes bajo custodia.
Bajo ese estándar, y conforme a la Ley General de Víctimas, en un caso como el de Chris Hernán la autoridad no sólo debe agotar una indagatoria pronta, exhaustiva, independiente y transparente, sino también garantizar a la familia verdad y acceso a la información del expediente (salvo datos estrictamente reservados por ley); y si se acredita una violación a derechos humanos, el Estado queda obligado a reparar integralmente el daño, lo que incluye compensación o indemnización, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Hasta la fecha no se ha informado sobre el cumplimiento de estas medidas.
Sobre ese antecedente se monta ahora la nueva definición oficial del caso. Fernández Montañez explicó que la investigación ministerial por homicidio está concluida y que no existe, hasta este momento, ninguna nueva responsabilidad penal que perseguir.
La ruta que sigue, dijo, ya no está en la esfera penal, sino en la administrativa. Según expuso, corresponde al órgano interno de control del Ayuntamiento de Torreón revisar la actuación del personal administrativo asignado en ese momento para determinar si hubo faltas, omisiones o conductas sancionables dentro de los procedimientos internos del municipio.
El fiscal remarcó que esa valoración no le toca ya a la Fiscalía, sino a la instancia de control del propio ayuntamiento, que deberá establecer si, aun sin configurarse un delito, existieron responsabilidades administrativas por parte de quienes estaban de guardia o tenían contacto con el joven durante su ingreso y permanencia en el Centro de Justicia Municipal.
De esta manera, la indagatoria entra en una fase distinta a la que dominó la discusión pública en enero. La sospecha inicial de un posible homicidio, que provocó presión social y política sobre las autoridades locales, ha quedado descartada en la vía ministerial, mientras que el foco se desplaza ahora a la revisión institucional del actuar del Municipio y de su personal.
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