Por Francisco Ortiz Pinchetti
Hace unos años, en un viaje desde Bogotá rumbo a Aracataca, al pasar por Barranquilla pude observar un espectáculo insólito: miles de motocicletas –miles en serio– dominando el paisaje urbano, dictando sus propias leyes en el asfalto, avasallando el tráfico vehicular. Me llamó la atención que muchas de esas motos se habían convertido en una especie de transporte público popular. Los conductores daban servicio de ruletero a distancias cortas, por el equivalente a cinco pesos mexicanos. Un pasajero en ancas, sin ninguna protección por supuesto, transportado ipso facto a su destino. Hoy, en Colombia se ha establecido lo que llaman el “mototaxismo”, y la falta de control estatal ha convertido a la motocicleta en una fuerza social ingobernable… que cuesta miles de vidas cada año.
Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para inicios de este 2026, la cifra de motocicletas registradas en Colombia ya supera los 13.2 millones, lo que representa más del 60 por ciento del total de vehículos en el país. El año 2024 cerró con más de cinco mil 100 motociclistas muertos. Durante 2025, datos preliminares indican que en Colombia murieron en promedio 14 motociclistas cada día. Si sumamos a peatones y ciclistas atropellados por motos, estas estuvieron involucradas en el 73 por ciento de todas las muertes viales del país. En Barranquilla, 6 de cada 10 víctimas en siniestros viales son ocupantes de motocicletas (cuatro conductores y dos pasajeros).
México camina ahora a pasos agigantados hacia ese mismo abismo de desorden, empujado por una autoridad que ha renunciado a su facultad de imponer orden para evitar la anarquía.
La estampa se ha vuelto un asalto cotidiano a la cordura en nuestras propias avenidas. Lo vemos en la avenida Insurgentes, en el Anillo Periférico, en la calzada de Tlalpan, en los ejes viales, en Anillo de Circunvalación, en el Circuito Interior, en la calzada Zaragoza o en la Vallejo.
En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una impunidad que estremece. Se pasan los altos, invaden carriles reservados al Metrobús, trepan a las aceras, se atraviesan inesperadamente. Lo que hace apenas un cuarto de siglo era un vehículo de nicho, hoy es una explosión demográfica motorizada que se reproduce como hongo tras la lluvia. Pero no es sólo un fenómeno de movilidad; es la prueba rotunda de la indolencia y la incapacidad de las autoridades para gobernar la calle.
Las cifras retratan un desorden que el Estado ha permitido con una irresponsabilidad pasmosa. Al iniciar el milenio circulaban en México apenas unas 293 mil motocicletas. Para este inicio de 2026, la cifra ha roto la barrera de los 7.5 millones de unidades. Es un crecimiento del 800 por ciento, que no tiene paralelo. Ante este alud, la respuesta oficial ha sido una parálisis que raya en la complicidad, permitiendo que el espacio público se convierta en tierra de nadie, tal como sucede en las ciudades colombianas que tanto nos asombraron.
La respuesta aquí sigue siendo la mercadotecnia del “abono chiquito”. La motocicleta se vende hoy como un electrodoméstico de consumo masivo, sin que nadie exija al comprador acreditar conocimientos mínimos del Reglamento de Tránsito. Esta facilidad ha inyectado a las calles miles de conductores novatos, mientras los gobiernos se lavan las manos y permiten que la seguridad vial sea sacrificada en el altar… del libre mercado. El acceso irrestricto ha lanzado a las calles a una generación que aprende a punta de golpes.
El resultado es la anarquía: el filtrado a velocidades suicidas y la invasión de ciclovías. En colonias como la del Valle, la Roma o la Condesa, el espacio peatonal ha sido confiscado.
El riesgo de ser embestido en la propia acera es real, mientras los agentes de tránsito exhiben una incapacidad absoluta o una corrupción rampante al permitir que la banqueta se use como vía rápida para esquivar el tráfico. La autoridad ha cedido el paso a la ley de la selva motorizada.
Pero hay una cara de esta tragedia que pocas veces se menciona: el calvario del automovilista. La conducción temeraria e irresponsable de miles de motociclistas ha convertido el acto de manejar un auto en una ruleta rusa jurídica. Golpear o atropellar a un motociclista que se atraviesa imprudentemente, que circula sin luces o que rebasa por la derecha en un punto ciego, se convierte de inmediato en una desgracia para el conductor del automóvil.
Debido a la naturaleza de nuestras leyes penales y la indolencia de los peritos, el automovilista es tratado casi siempre como culpable de entrada. Aun cuando la culpa sea del motociclista, el conductor del coche enfrenta detenciones, el corralón de su vehículo y procesos penales agotadores y costosos. Una imprudencia ajena puede destruir el patrimonio y la paz de una familia entera, simplemente porque la autoridad ha sido incapaz de obligar a los motociclistas a respetar el carril y las normas elementales de tránsito.
El matiz veraz de esta realidad se encuentra en las cifras de sangre. La Secretaría de Salud confirma una epidemia pública: los accidentes en moto son la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. El riesgo de morir sobre dos ruedas es 30 veces superior al de un automóvil. El chasis es el propio cuerpo, a menudo protegido sólo por cascos de juguete que no cumplen ninguna norma. La autoridad lo sabe, pero su indolencia permite que estas trampas mortales se sigan vendiendo sin restricción alguna en cada esquina.
Es aquí donde la corrupción institucional muestra su cara más amarga. La reciente actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para cascos es, en la práctica, letra muerta. Las autoridades permiten la importación y comercialización masiva de accesorios de plástico barato que no soportarían el impacto de una caída mínima. No hay vigilancia en los comercios ni en las calles; el negocio de la venta de equipo patito florece bajo el amparo de la desidia oficial, mientras los hospitales públicos se llenan de pacientes con traumatismos craneoencefálicos evitables.
A esto sumamos el costo económico que pagamos todos. La atención de un accidentado le cuesta al erario entre 300 mil y un millón de pesos por caso. Es una paradoja trágica: mientras el gobierno permite la proliferación desordenada para no afectar intereses comerciales, termina pagando una factura carísima en recursos médicos que se desangran en las salas de urgencias.
Es claro que la corrupción institucional y la falta de vigilancia no sólo cuestan vidas, cuestan millones de pesos que bien podrían invertirse en un sistema de transporte público digno y eficiente.
No podemos ignorar, por otro lado, la economía del delivery. Miles de jóvenes dependen de aplicaciones bajo una precarización laboral extrema. El algoritmo premia la velocidad y castiga la pausa, lanzando a muchachos a jugarse la vida por una entrega de cincuenta pesos. Es una esclavitud digital donde el repartidor asume todo el riesgo y el Estado se desentiende, permitiendo que las empresas operen sin responsabilidad alguna sobre la seguridad vial de quienes sostienen su negocio. Es la ley de la selva tecnológica protegida por un vacío legal indignante.
El problema medular es la claudicación del ejercicio de la autoridad. Las licencias de conducir para motociclistas se han convertido en un nicho de corrupción y recaudación fácil. En muchos estados, el trámite es meramente administrativo; se entrega un plástico a cambio de una cuota, sin que medie una sola prueba de pericia real sobre la máquina. Los operativos en vía pública son esporádicos y los reglamentos letra muerta ante un parque que circula sin placas o con permisos temporales de dudosa procedencia, a menudo obtenidos mediante el pago de dádivas.
El anonimato facilita además el moto-sicariato y el asalto callejero. Ojo: la impunidad permite ver a familias enteras, incluidos niños sin protección, ante la mirada indiferente de agentes que parecen haber olvidado su deber de proteger al ciudadano. Caminar por la ciudad se ha vuelto un ejercicio de supervivencia auditiva y física. El estruendo de los escapes modificados es el grito de una urbe que ha perdido el orden bajo el peso de la corrupción y la desidia.
México no puede permitir que su juventud se desangre bajo el pretexto de una movilidad eficiente que es, en realidad, sólo caos. No se trata de prohibir, sino de civilizar mediante una autoridad que ejerza su papel con honestidad y firmeza. Es urgente que las licencias dejen de ser una simulación y que la vigilancia en las calles regrese a manos de un Estado que no sea rehén de la corrupción o la indolencia. Si no se pone freno con políticas valientes y se acaba con el abandono oficial, la anarquía en dos ruedas terminará por atropellar lo poco que nos queda de Estado de derecho en este país que se nos escapa entre las manos. Es momento de que la autoridad despierte de su letargo antes de que el asfalto se convierta, definitivamente, en un panteón a cielo abierto.