Ciudad de México, 05/02/26 (Más).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorizó el ingreso y sobrevuelo de aeronaves de Estados Unidos en territorio mexicano para realizar un rescate humanitario de emergencia, luego de que la vida de un paciente, integrante de la tripulación de un buque, se encontrara en riesgo a unas 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.
La autorización se otorgó conforme a las Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en Espacio Aéreo Mexicano y el Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras, permitiendo el ingreso de dos aeronaves Hércules cisterna para reabastecimiento de combustible en vuelo y dos helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con un objetivo estrictamente humanitario, informó la dependencia en un comunicado.
La Sedena reiteró que esta acción se enmarca en los principios de cooperación internacional, reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía nacional, subrayando que la prioridad fue salvaguardar la vida del paciente y la seguridad regional.
La autorización ocurre en un contexto de especial atención pública sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera alertas por posibles interferencias en sistemas de navegación y operaciones militares en zonas del Golfo de California y el Pacífico mexicano, lo que generó inquietud sobre la presencia de aeronaves militares extranjeras en el país.
Ante estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente la existencia de operativos militares estadounidenses en territorio nacional y aclaró que la cooperación con Estados Unidos se limita al intercambio de información, la coordinación diplomática y la asistencia en situaciones de emergencia, sin comprometer la soberanía de México.
Este posicionamiento fue reforzado tras el reciente aterrizaje de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense en Toluca, Estado de México, el cual, según autoridades mexicanas, tuvo fines de capacitación y no implicó la presencia de tropas activas ni requirió la aprobación del Senado.