El presidente de la SCJN recibió a representantes de los mineros, quienes desde hace 34 años exigen el pago del 5% derivado de la privatización de la mina en 1989. Los extrabajadores denunciaron la opacidad en el manejo de 47 millones de dólares aún no distribuidos y señalaron al senador Napoleón Gómez Urrutia como responsable de frenar el cumplimiento del fallo
Redacción Más
En un hecho sin precedentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, recibió en audiencia oficial a representantes de la Asociación de Mineros Retirados de Cananea, quienes llevan más de tres décadas exigiendo el pago del 5% derivado de la privatización de la histórica mina ubicada en Sonora, ocurrida en 1989.
La información fue dada a conocer por el portal Animal Político, que destacó la relevancia de este acercamiento institucional con los trabajadores, quienes durante años han denunciado opacidad y dilación en la resolución de su demanda laboral.
Durante el encuentro, los mineros expresaron su preocupación por la reciente atracción del caso por parte de la ministra Lenia Batres Guadarrama y solicitaron que se agilice la resolución de las impugnaciones promovidas por el senador y líder sindical Napoleón Gómez Urrutia.
De acuerdo con los testimonios presentados ante el presidente de la Corte, el litigio reconoce un monto de 55 millones de dólares a favor de los trabajadores, de los cuales solo se habrían distribuido 8 millones. Los 47 millones de dólares restantes, aseguran, no han llegado a los más de dos mil 300 mineros que forman parte del reclamo colectivo. Además del 5% inicialmente comprometido en el proceso de privatización, los exmineros también exigen el cumplimiento de un pago adicional del 3.5%, correspondiente a compromisos adquiridos en el mismo acuerdo original.
Para la Asociación de Mineros Retirados de Cananea, la audiencia con el titular de la SCJN marca un punto de inflexión en una batalla legal que ha enfrentado múltiples obstáculos en tribunales laborales y federales. La demora en la ejecución del laudo, que reconoce su derecho al pago, ha sido atribuida por los trabajadores a una estrategia de dilación encabezada por Gómez Urrutia, a quien responsabilizan de frenar el cumplimiento del fallo.
Durante la reunión, los exmineros reiteraron su demanda de justicia y transparencia en el manejo de los fondos, así como la necesidad de que la Corte intervenga para garantizar la legalidad y el respeto a sus derechos adquiridos. La recepción del caso por parte de la ministra Batres, señalaron, ha despertado nuevas dudas, por lo que solicitaron que el máximo tribunal actúe con imparcialidad y celeridad.
La mina de Cananea ha sido durante décadas un símbolo de la lucha obrera en México. Su privatización en 1989, tras años de control estatal, incluyó el compromiso de destinar un porcentaje de los ingresos a los trabajadores como parte del reparto de utilidades. Sin embargo, más de tres décadas después, ese compromiso sigue sin cumplirse plenamente, mientras miles de exmineros y sus familias esperan el pago de lo que consideran un derecho legítimo.
La reunión sostenida con el presidente Aguilar Ortiz fue calificada como histórica por los mineros, quienes ven en este encuentro una posibilidad concreta de destrabar un proceso marcado por la opacidad y la fragmentación sindical. Confían en que la intervención del máximo órgano judicial del país contribuya finalmente a resolver un conflicto que se ha extendido por más de 34 años.
El caso de los mineros de Cananea no solo representa una demanda económica; también es una reivindicación de memoria, dignidad y justicia para quienes dedicaron su vida a una de las minas más importantes de México.