Por Francisco Ortiz Pinchetti
La reciente inhabilitación por diez años y la sanción económica de 6.8 millones de pesos impuesta al capitán ingeniero militar Isidro Manuel Beltrán Flores, quien fungió como residente de obra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), es mucho más que un simple expediente administrativo: es la confirmación de una grieta profunda y estructural en la narrativa oficial.
Mientras el discurso gubernamental insiste con terquedad en la pureza administrativa de las Fuerzas Armadas, la realidad judicial revela un perjuicio millonario al erario derivado de la recepción de maquinaria pesada sin contratos formales y bajo esquemas de renta irregulares. Este caso pone en entredicho la supuesta inmunidad del uniforme frente a la tentación del dinero público. La bota militar no sólo vigila las calles, sino que hoy administra los ingresos, los cielos y el patrimonio estratégico del país, configurando un modelo de gestión que carece de contrapesos y que muestra sus primeras señales de una corrupción sistémica imposible de ocultar bajo el brillo de las medallas.
Resulta una contradicción histórica y política difícil de soslayar para cualquier observador mínimamente crítico. Un gobierno que se autodenomina «de izquierda» —y que, por lo tanto, debería tener en su ADN la defensa del poder civil y la desconfianza natural hacia la fuerza castrense— ha terminado por ser el arquitecto y principal promotor de la mayor militarización en la historia moderna de México. Al poner en sus manos la seguridad pública, la gestión de las aduanas, los aeropuertos y la ejecución de las más ambiciosas obras de infraestructura, el oficialismo no sólo ha traicionado la retórica histórica de los movimientos sociales que le dieron origen, sino que ha construido un sistema donde el mando militar se ha convertido en el único interlocutor válido del Ejecutivo, desplazando por completo a la sociedad civil y a los cuadros técnicos profesionales que daban soporte a la administración pública.
Un ejemplo crítico de esta metamorfosis es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Tras el traspaso total de su gestión a la Secretaría de Marina (Semar), la principal puerta de entrada al país se ha transformado en un enclave de opacidad administrativa. Bajo el argumento siempre elástico de la «seguridad nacional», la Marina ha recurrido de manera sistemática a la adjudicación directa para contratar desde servicios de seguridad privada hasta tareas de limpieza, contraviniendo incluso las promesas presidenciales de eliminar dichas subcontrataciones. El criterio castrense, por naturaleza vertical y alérgico al escrutinio público, se impone hoy sobre la logística técnica aeroportuaria, dejando la transparencia en un plano irrelevante frente a la jerarquía de mando. El AICM ya no es una infraestructura civil bajo resguardo, sino un territorio militarizado donde las cuentas claras son una excepción y no la regla.
El mito de la invulnerabilidad moral del uniforme se ha desplomado con especial estrépito en el terreno de las aduanas, donde el flujo de dinero es tan vasto como las sombras que lo rodean. El escándalo del “huachicol fiscal” en Tamaulipas, que estalló con fuerza en septiembre de 2025, es la prueba de fuego que el discurso oficial no ha podido superar: la detención de un vicealmirante y cinco marinos en activo vinculados a una red de contrabando de combustible en el puerto de Tampico reveló un complejo entramado de sobornos y documentos apócrifos. Esta red permitió el ingreso ilegal de millones de litros de diésel, evadiendo impuestos y fortaleciendo las arcas del crimen organizado. ¡Y lo que faltaría conocer!
Este caso, que involucra operaciones financieras irregulares y la muerte bajo sospecha de un capitán de navío implicado, demuestra que el uniforme, por más impecable que se presente en los desfiles, no es un blindaje eficaz contra las tentaciones del poder económico que las aduanas representan.
La narrativa de una milicia incorruptible por naturaleza choca frontalmente con la realidad administrativa del nuevo emporio empresarial militar denominado Gafsacomm. La Sedena y la Semar operan hoy como un holding corporativo que administra desde el Tren Maya hasta una red de 19 aeropuertos, hoteles, parques logísticos y agencias de viajes, todo ello sin que existan mecanismos civiles eficaces de auditoría.
El caso del capitán Isidro Manuel Beltrán Flores en el AIFA, sancionado el 23 de marzo pasado, es apenas un síntoma de un mal mayor: la opacidad que genera el manejo discrecional de miles de millones de pesos en obras de gran escala bajo el amparo del fuero y el mando militar. Se ha creado una burocracia armada que no rinde cuentas a la Secretaría de la Función Pública ni a la Auditoría Superior de la Federación con la misma rigurosidad que cualquier dependencia civil.
El riesgo para la democracia mexicana es profundo y, me temo, de largo aliento. Cuando las funciones esenciales de un gobierno dependen de una cúpula militar que se vuelve Juez y parte en el desarrollo nacional, el sistema de pesos y contrapesos simplemente deja de existir. México transita por una senda peligrosa donde lo civil se vuelve accesorio y lo militar se vuelve indispensable para la supervivencia del proyecto político en turno. Es una estructura de poder que será extremadamente difícil de desmantelar en el futuro, pues las Fuerzas Armadas han dejado de ser sólo protectoras de la soberanía para convertirse en los socios mayoritarios del Estado, con intereses económicos propios que defender más allá de los ciclos electorales o los cambios de bandera en el Palacio Nacional.
Esta simbiosis entre el poder político y el poder de fuego ha generado un fenómeno de autocomplacencia donde la crítica es vista como un ataque a la institución y no como un ejercicio necesario de transparencia. Los delitos y las sanciones recientes contra elementos activos no son casos aislados ni «manzanas podridas» en un cesto inmaculado; son avisos urgentes de un sistema que ha claudicado ante la opacidad administrativa y el pragmatismo político.
La militarización absoluta, aplaudida paradójicamente por una izquierda que parece haber olvidado su propia historia de persecución y lucha por las libertades civiles, no es la solución a la debilidad institucional de México. Por el contrario, pienso, es la prueba de una claudicación ética que, bajo el brillo del uniforme, repite y amplifica con mayor fuerza las prácticas de corrupción que juró desterrar para siempre de la vida pública. Válgame.
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