Tlaxcala, 30/01/26 (Más).- En un hecho que desafía toda lógica presupuestal, la Academia de Policía de Tlaxcala reportó haber capacitado y egresado a 106 cadetes durante el año 2024, a pesar de que la propia institución reconoció no haber ejercido un solo peso de presupuesto destinado a la formación policial en ese periodo.
El dato fue revelado en el informe ‘Una aproximación al estado que guardan las policías, fiscalías y penales estatales’, elaborado por las organizaciones Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero.
De acuerdo con el documento, esta contradicción es solo una muestra de los muchos datos “absurdos o contradictorios” que las instituciones de seguridad pública en el país reportaron a través de solicitudes de transparencia.
En el caso de Tlaxcala, la situación resulta aún más preocupante si se considera que la academia tampoco cuenta con instalaciones básicas indispensables para una formación policial adecuada, como espacio de tiro real, pista de manejo, pista del infante y casa táctica, lo que cuestiona seriamente la calidad y validez de la capacitación brindada.
Además del inusual caso de la academia, el informe señala que la corporación policial estatal de Tlaxcala tampoco garantiza a sus elementos prestaciones mínimas como seguros de salud, por riesgos de trabajo o por invalidez. Igualmente, no ofrece préstamos personales ni servicios funerarios. Estas carencias representan un incumplimiento al mandato constitucional de establecer sistemas complementarios de seguridad social, lo que deja en evidente vulnerabilidad a quienes integran las fuerzas del orden público en la entidad.
En cuanto al desarrollo del sistema penitenciario, Tlaxcala también se encuentra entre las 22 entidades del país que no cuentan con una legislación específica que regule su operación y entre las 13 que no tienen centros penitenciarios certificados internacionalmente. Esta falta de normatividad especializada y estándares internacionales contribuye al rezago estructural en áreas clave como la reinserción social, la protección de derechos humanos y la seguridad dentro de los penales.
El informe de Causa en Común documenta una serie de respuestas institucionales que oscilan entre la evasiva, la contradicción y la omisión, lo que evidencia la precariedad informativa y la debilidad operativa del sistema de seguridad pública.
En el caso de Tlaxcala, resulta particularmente grave que las cifras oficiales no solo sean inverosímiles, sino que reflejen prácticas administrativas que bordean lo irregular, como la posible contratación de personal sin formación académica certificada.
“Este tipo de contradicciones nos lleva a pensar que podría estarse recurriendo a esquemas de contratación de personal externo, sin acreditación formal en academias, lo que representa un grave riesgo para la operación de las instituciones de seguridad”, advierte el informe al referirse a discrepancias similares en otros estados del país.
La investigación también resalta que Tlaxcala forma parte de un amplio grupo de entidades donde se detecta un uso deficiente de los recursos disponibles, nulo cumplimiento de estándares básicos en formación policial, y una opacidad creciente que dificulta conocer el verdadero estado de las instituciones responsables de la seguridad y justicia.
Así, en medio de una crisis nacional por la debilidad de las corporaciones policiacas y la falta de controles eficientes, el caso de Tlaxcala expone una contradicción extrema: se forman más de un centenar de policías, sin recursos ni infraestructura, pero sin que esto represente una mejora real en la profesionalización o el fortalecimiento institucional.
En este escenario, las organizaciones responsables del informe reiteran su llamado a frenar el deterioro institucional, exigir rendición de cuentas y establecer mecanismos eficaces de supervisión, ya que, concluyen, sin policías formadas con calidad y transparencia, no es posible construir una seguridad pública democrática ni confiable.
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