La entidad vive un enfrentamiento abierto entre cárteles que disputan rutas estratégicas y el control del puerto de Lázaro Cárdenas, pese a que el gobierno estatal presume una baja en homicidios dolosos. Organizaciones como el CJNG, la LNFM y Cárteles Unidos mantienen una lucha sangrienta que ha generado desplazamientos, bloqueos y asesinatos de figuras públicas
Redacción Más
La violencia provocada por el enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico ha convertido a Michoacán en uno de los territorios más disputados de México, donde, pese a los informes oficiales sobre la baja en homicidios dolosos, la percepción ciudadana de inseguridad sigue en aumento.
Según reportes de agencias estadounidenses como la DEA, el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos, el estado se ha convertido en un campo de batalla entre al menos cuatro organizaciones criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos (CU), La Familia Michoacana (LFM) y su escisión más poderosa, La Nueva Familia Michoacana (LNFM). Estos grupos se disputan con violencia el control del Puerto de Lázaro Cárdenas, clave en el trasiego de fentanilo, cocaína y heroína, así como en la importación de precursores químicos desde Asia y el contrabando de armas desde Guatemala.
De acuerdo con información de Emeequis, el gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, asegura que los homicidios dolosos han disminuido más del 53%, lo que atribuye a una estrategia de seguridad conjunta. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI revela que 78.8% de la población adulta en el estado considera la inseguridad y la delincuencia como el mayor problema que enfrentan.
Este contraste entre los datos oficiales y la percepción ciudadana se ha acentuado con hechos recientes como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 2 de noviembre durante la celebración del Día de Muertos. El edil, quien había solicitado mayor seguridad tras recibir amenazas, fue atacado a balazos en plena Plaza Morelos, lo que desató indignación social y exigencias de justicia.
La DEA, en su más reciente Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas, sostiene que La Familia Michoacana opera hoy como una estructura fragmentada en múltiples facciones, una de las cuales –la LNFM– ha logrado un control significativo sobre rutas de tráfico y ha sido clasificada por el Departamento de Estado como Organización Terrorista Extranjera. Esta agrupación no sólo trafica metanfetamina, fentanilo y cocaína, sino que participa en lavado de dinero mediante empresas fachada, contrabando de armas y minería ilegal. Además, ha forjado alianzas estratégicas con el CJNG, células del Cártel del Golfo y del Cártel de Sinaloa para asegurar el acceso a rutas hacia Estados Unidos.
Los enfrentamientos entre estas bandas han provocado tiroteos, desplazamientos forzados, suspensión de clases y bloqueos en distintas zonas, principalmente en Tierra Caliente y la costa del Pacífico.
Cárteles Unidos, formado por células como Los Viagras, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya, mantiene una pugna constante con el CJNG por el dominio del suroeste de Michoacán. Según la DEA, este conflicto ha generado numerosas bajas civiles y ataques directos a personal estadounidense, como ocurrió en 2019 con inspectores del Departamento de Agricultura en Ziracuaretiro.
Pese a esta realidad, las autoridades estatales insisten en que la estrategia de seguridad ha dado resultados. En agosto, el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera, afirmó que los homicidios dolosos se habían reducido a un promedio de tres diarios, frente a los 8.3 registrados al inicio del gobierno en 2021. Además, subrayó que Michoacán se ubicaba en el lugar 25 a nivel nacional en incidencia delictiva, con 78.4 ilícitos por cada 100 mil habitantes, por debajo de entidades como Ciudad de México, Estado de México o Jalisco.
No obstante, la misma ENVIPE señala que el costo económico por la inseguridad en hogares michoacanos ascendió a 10 mil millones de pesos, con una cifra oculta de delitos no denunciados del 93.6%. Sólo el 9.6% de los delitos fueron reportados ante autoridades en 2024, una disminución respecto al año anterior. Entre las razones para no denunciar destacan la pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades.
La escalada de violencia se ha reflejado también en asesinatos de actores sociales relevantes. Semanas antes del crimen contra Carlos Manzo, Alejandro Torres Mora –sobrino de Hipólito Mora, exlíder de autodefensas– fue ejecutado junto con su esposa. También fue asesinado Bernardo Bravo, dirigente limonero en Apatzingán. La población, en diversas regiones del estado, ha denunciado extorsiones, amenazas, desapariciones y desplazamientos forzados en medio de una guerra territorial que no cesa.