Un relator de la ONU advirtió que, pese a avances en regulación ambiental, México requiere leyes específicas sobre sustancias químicas y plaguicidas peligrosos, además de políticas públicas integrales y mejor coordinación institucional. Durante su visita, el experto identificó preocupaciones como la proliferación de zonas de sacrificio vinculadas al crecimiento industrial y el aumento en la importación de residuos tóxicos
Agencia EFE
Ciudad de México, 21/03/26.- Aunque México ha concretado avances en fortalecer el marco regulatorio ambiental, necesita una ley general de sustancias químicas y una sobre plaguicidas altamente peligrosos, señaló este viernes el relator especial de las Naciones Unidas experto en sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana.
El experto, quien visitó México del 9 al 20 de marzo, examinó la situación de los derechos humanos en relación con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de sustancias y residuos peligrosos en el país, incluidos los residuos plásticos y la contaminación.
“México ha hecho avances en fortalecer el marco regulatorio ambiental y es vital que el país continúe en esa senda, pero le falta una ley general de sustancias químicas, así también falta una ley general sobre plaguicidas altamente peligrosos”, expuso en una conferencia en Ciudad de México.
Explicó que ese marco normativo debe ir acompañado por políticas públicas de corto, mediano y largo plazo.
“Es urgente que el Estado mexicano garantice el cumplimiento de las leyes vigentes y establezca mecanismos claros de coordinación entre autoridades a nivel federal, estatal y municipal, especialmente entre las autoridades de salud y ambientales”, apuntó.
Durante su visita, Orellana, quien fue nombrado relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos en agosto de 2020, se reunió con diversas instituciones y representantes gubernamentales del sector privado, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, comunidades afectadas, académicos y periodistas.
Contó que recibió un total de 42 contribuciones escritas sobre una amplia gama de temáticas y sobre, al menos 20 estados del país. Además, dijo que visitó Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, Coahuila, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí.
Orellana precisó que estas observaciones son preliminares y las desarrollará en un informe completo sobre su visita que presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este año.
El relator especial de la ONU señaló que México ha demostrado un liderazgo crucial a nivel internacional en cuestiones de sustancias tóxicas y derechos humanos, “pero debería abordar la distancia entre este liderazgo global y los retos que enfrenta el país a nivel interno”.
Dijo que le preocupa que han proliferado zonas de sacrificio a lo largo del país con motivo del crecimiento industrial.
Calificó de alentador que el Gobierno mexicano ha reconocido este desafío con el establecimiento de regiones de emergencia sanitaria y ambiental, conocidas como Resa.
Este reconocimiento, dijo, debería conducir a políticas y acciones concretas para atender estas emergencias, incluyendo planes de justicia ambiental.
“México ha aplicado recursos sustanciales en estudiar el impacto tóxico que enfrentan un buen número de regiones y sectores productivos”, ante ello, indicó, “resulta clave que las evidencias de estos estudios científicos informen una política pública orientada a asegurar los derechos fundamentales de las personas”.
Precisó que la articulación de los principios de prevención, de precaución y de responsabilidad son cruciales y México ha aumentado sus importaciones de desechos en los últimos años, esto bajo el rótulo algo eufemístico de coprocesamiento, estos residuos son quemados como combustible barato para la industria.
Orellana destacó que esta situación externaliza los reales costos ambientales y de salud. En definitiva, el combustible barato resulta caro para la salud de la gente.
El experto explicó que el propósito del mandato señala que las personas en todo el mundo están expuestas a cientos de sustancias tóxicas sin recibir información previa al respecto, lo que constituye un problema de derechos humanos.