Ciudad de México, 23/05/25 (Más).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó este jueves en la Mañanera del Pueblo los detalles del proceso legal que llevó a México a ganar el juicio civil por corrupción contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra. El fallo, emitido por una jueza de Florida, obliga a ambos a pagar un total de 748 millones 829 mil 676 dólares al Estado mexicano.
Gómez explicó que el juicio, iniciado en 2021 por la UIF, reveló una red de corrupción operada desde dependencias federales entre 2009 y 2018 —incluyendo la Policía Federal, el CISEN y el sistema penitenciario— mediante 30 contratos irregulares por más de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos. “Fue un mecanismo fraudulento que desvió dinero público a empresas fachada, muchas de ellas con sede en Estados Unidos”, señaló el funcionario.
El proceso legal incluyó dos demandas distintas: una contra García Luna por 250 millones de dólares, y otra posterior contra Pereyra, por 580 millones, tras identificar más recursos involucrados. “Ambas sentencias fueron emitidas de forma individual, con base en pruebas financieras y contratos irregulares. La jueza dictaminó que los recursos eran de origen público y producto de corrupción”, puntualizó Gómez.
Entre las empresas utilizadas en la trama figuran:
Nunvav Inc – con contratos en el CISEN, Policía Federal y sistema penitenciario.
NUNVAV Technologies Inc – vinculada directamente a contratos con el CISEN.
Nice Systems Ltd – relacionada con servicios para la Policía Federal.
Distribuidora GLAC – conectada con la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.
“Estas compañías operaban como intermediarias para triangular recursos desde el gobierno federal a cuentas privadas. Una parte de ese dinero terminó en la promoción de campañas políticas”, sostuvo el titular de la UIF.
El fallo judicial marca un hito en los esfuerzos del Estado mexicano por recuperar recursos desviados por la corrupción de altos exfuncionarios. La Presidenta Claudia Sheinbaum, también presente en la conferencia, subrayó la relevancia del resultado: “Desde 2021 se entregaron las pruebas y hoy se reconoce que ese dinero era público. Esto muestra un modus operandi de funcionarios de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto”.
Sheinbaum denunció además que, mientras la justicia estadounidense resolvía a favor de México, jueces mexicanos continúan otorgando amparos a los implicados, permitiendo que se descongelen cuentas y se mantenga en disputa el acceso a los fondos.
Gómez agregó que la sentencia también alcanza a una red de al menos 15 empresas vinculadas al esquema de desvío, y que se está trabajando para llegar a acuerdos de recuperación de activos con algunas de ellas.
Aunque la sentencia en Estados Unidos representa un avance significativo, el caso continúa abierto en tribunales mexicanos, donde se investiga el uso político del dinero desviado y se busca fincar responsabilidades penales y administrativas.
Finalmente, el titular de la UIF hizo un llamado a fortalecer la cooperación internacional en casos de corrupción y reiteró que la recuperación de activos seguirá siendo una prioridad. “Esta victoria no es solo legal, es también una señal clara de que la corrupción no quedará impune y que el dinero del pueblo debe volver al pueblo”, concluyó.