Ciudad de México, 30/06/25 (Más). – La socióloga Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora de la Agenda Socioambiental 2024, advirtió que México enfrenta una situación ambiental crítica, agravada por un sistema de gestión del agua que privilegia a los grandes capitales sobre las necesidades de la población más vulnerable.
“Hay una muy mala distribución del agua, muy desigual, muy injusta”, señaló Merino, al referirse al sistema de concesiones instaurado desde 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este modelo, explicó, permitió la concentración del agua en manos de grandes productores agrícolas, especialmente aquellos dedicados a cultivos de exportación, como el aguacate o el tomate.
Merino afirmó que estos grandes usuarios no solo acaparan el recurso, sino que además no están obligados a pagar por su uso ni a prevenir su contaminación. “Tenemos alrededor de la mitad de las cuencas o más sobreexplotadas, también con un altísimo nivel de contaminación”, explicó.
Respecto al cambio climático, la académica destacó que el principal reto para México no es la mitigación, sino la adaptación. “La adaptación implicaría mejorar el manejo del agua, racionalizarla, priorizarla en función de intereses de seguridad hídrica y alimentaria, no de privilegiar la agricultura de exportación o la minería”, subrayó.
Merino también alertó sobre el riesgo que enfrenta la biodiversidad del país, al recordar que México alberga cerca del 12% de la diversidad biológica mundial. “Los bosques mexicanos son cada vez más vulnerables por las sequías. Estas, junto con el aumento de temperaturas, incrementan la presencia de plagas y enfermedades forestales”, explicó.
“La orientación extractivista e hiperproductivista” que impera en México, continuó la especialista, ha deteriorado numerosas regiones del país, desplazando a comunidades y facilitando la venta de tierras colectivas. “En Yucatán se ha perdido el acceso a la tierra y se han implantado grandes proyectos agropecuarios”, agregó.
Sobre el actuar de las autoridades ambientales, Merino consideró que, si bien existe voluntad política en ciertos sectores del Gobierno, los recursos humanos y financieros son insuficientes. “La Profepa tiene un promedio de cinco inspectores por Estado. Imagínate un Estado como Chihuahua, que es la mitad de España, con cinco inspectores para ver costa, el tema forestal y la industria”, ejemplificó.
Merino fue clara al señalar que el medio ambiente no ha sido una prioridad del Gobierno anterior y que, si bien percibe mayor sensibilidad en la actual administración, esto aún no se traduce en una política efectiva. “Claudia [Sheinbaum] tiene más valoración del tema ambiental que López Obrador, pero no hay recursos”, afirmó.
En cuanto a medidas urgentes, la académica subrayó la necesidad de reformar la Ley de Aguas, limitar los agroquímicos peligrosos y priorizar el derecho humano al agua y la alimentación. “En México están permitidos 80 insecticidas que están prohibidos en Europa y en otros países latinoamericanos”, denunció.
Finalmente, reconoció la dificultad de avanzar ante los poderosos intereses que rodean el agua, pero mostró esperanza: “Se logró cambiar la ley de minería cuando pensábamos: ‘nunca se va a lograr por la plata que tienen las corporaciones’. Creo que el movimiento sigue estando”.
Merino concluyó que el país atraviesa una situación muy delicada en términos ambientales, y que los impactos más severos recaen sobre las poblaciones ya precarizadas.
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