Por Miguel Villarello
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Saltillo, Coah. – Ya estamos cansados de que todas las autoridades, que nos han gobernado desde el 2004, han hecho el negocio del mundo con el agua, por eso convocamos a esta Marcha de Paz en Defensa del Agua de Arteaga, declaró Rufina Cepeda Fierro, una de sus integrantes.
La marcha tenía el objetivo de evidenciar la escasez del vital líquido que se suministra a las viviendas de los usuarios de la cabecera municipal; la falta de respeto al tandeo para el suministro del líquido en las colonias; y los recibos de cobro por consumo que llegan con un mes de retraso y con recargos deliberadamente.
También tenía el fin de clarificar la falta de transparencia en la aplicación del concepto de redondeo de los recursos que les descuentan a los usuarios, pues desconocen a dónde son destinados esos recursos o para qué se utilizan; la difusión mensual de la calidad del agua que se consume; la formación de un consejo ciudadano que participe en SIMAS Arteaga; y la prohibición para la extracción de más volumen del acuífero.
La exigencia es pacífica, al igual que la marcha -dijo su portavoz al frente de unas 25 personas- poco antes de emprender la caminata desde un sitio conocido como El Arteaguense hasta la Presidencia Municipal.
Durante la caminata hicieron alusiones a algunas de sus peticiones: el derecho al agua todos los días; que el vital líquido deje de tener el color turbio que aún tiene al llegar a las viviendas; inclusive llamaron al Gobierno del Estado a tomarlos en cuenta “y que tome cartas en el asunto”.
Minutos después fueron recibidos por una funcionaria del Ayuntamiento a quien comentaron que la intención era exigir al alcalde, Ramiro Durán, “que nos explique qué se está haciendo con el agua ya que es un bien nacional”.
Trascendió minutos después que la respuesta fue que se analizarían los puntos para ver a qué acuerdos o resultados se llegaba.
De las personas detenidas el jueves, entre ellas Alejandro Villarreal Mauri, presidente de la Asociación de Propietarios de Agua de Riego de Arteaga, por supuestos actos de vandalismo en el pozo El Ojo Negro ubicado en Los Chorros, trascendió entre los mismos manifestantes que seguían detenidas y no tenían para cuándo resolver su situación jurídica.
“Lo están acusando de entorpecer obras públicas y de amenazas del operador de una retroexcavadora, lo cual no es cierto ya que el jueves en compañía de varios de nosotros acudió al lugar para grabar evidencia de que el Ayuntamiento estaba conectando un ducto al parecer de manera ilegal”, mencionó José, miembro del colectivo.
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