Una red integrada que incluía marinos y funcionarios públicos introdujo ilegalmente millones de litros de combustible a México
Ciudad de México, 17/09/25 (Más).- Una red de contrabando integrada por altos mandos de la Marina, funcionarios y empresarios operó al menos desde junio de 2023 para ingresar de forma ilegal a México más de 564 millones de litros de combustible, disfrazados como aditivos para aceites lubricantes.
De acuerdo con una investigación publicada por El País, esta estructura mafiosa movió 69 embarques marítimos a través de cuatro aduanas y generó beneficios ilícitos estimados en al menos 159 millones de dólares, unos 3,000 millones de pesos mexicanos.
La red del llamado huachicol fiscal funcionaba con una logística impecable: los buques salían de los mismos muelles en Houston, Texas, con carga declarada como aditivos para aceites, llegaban principalmente a los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, y eran gestionados por las mismas agencias navales y empresas importadoras.
Los datos confirman que esta operación se desarrolló durante buena parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aunque su mayor desarticulación se ha producido bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien anunció recientemente la detención de 14 personas vinculadas a la red, incluidos marinos y empresarios.
Los líderes del esquema delictivo son los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, con rangos de vicealmirante y contraalmirante, respectivamente. Ambos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el sexenio anterior. La investigación apunta a que los Farías Laguna aprovecharon su cercanía con Ojeda Durán para influir en los nombramientos dentro de las aduanas y ubicar en puestos clave a marinos de su confianza, facilitando así el tránsito de combustible ilegal.
Aunque el Gobierno federal había reconocido que la operación ilícita comenzó en abril de 2024, El País obtuvo acceso a documentos de puertos y registros aduaneros que revelan que la red ya operaba desde un año antes.
El primer envío identificado fue realizado por el buque Pis Parangon, con bandera de Singapur, el 2 de junio de 2023, que llegó a Altamira con más de seis millones de kilos de supuestos aditivos. Ese patrón se repitió con otros buques, como el Challenge Procyon, interceptado en marzo de este año, cuando transportaba combustible camuflado. En ese caso, el hallazgo de inconsistencias fiscales derivó en un cateo en Altamira, donde se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos.
Entre las empresas implicadas están Ikon Midstream, como exportadora, e Intanza S.A. de C.V., junto con B-Match S.A. de C.V. y Azteca Cone S.A. de C.V., como principales importadoras. Todas las operaciones eran gestionadas por la agencia naval Altamaritima, con sede en México.
El caso ha escalado rápidamente, y las autoridades han ido revelando más detalles conforme avanza la investigación. Un testigo clave, identificado como “Santo”, declaró que al llegar a su puesto en la aduana de Tampico recibió un sobre con 50,000 pesos como soborno, entregado por Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, subadministrador de la aduana de Altamira y presunto operador de la red.
Además de los puertos de Tamaulipas, también se han identificado operaciones en Guaymas, Sonora y Ensenada, Baja California, donde llegaron buques con la misma dinámica de importación fraudulenta. El Seaways Citron, Torn Agnes y otro petrolero sin nombre público arribaron a estos puertos en fechas que van de octubre de 2023 a marzo de 2025, también bajo maniobras que involucraban a capitanes navales y funcionarios aduaneros.
Uno de los aspectos más alarmantes es que, conforme pasaba el tiempo, los implicados operaban con mayor confianza e impunidad.
Buques como el Alpine Liberty, Seaways Jeju, Nord Supreme, Nord Harmony, MTM Hamburg y MTM Dublín realizaron múltiples viajes entre Houston y puertos mexicanos, contrabandeando cientos de millones de kilos de supuestos aditivos, que en realidad eran combustible que evitaba el pago del IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios).
Solo entre octubre y diciembre de 2024, dos de esos barcos lograron introducir 96 millones de litros de combustible, el volumen más alto en un trimestre desde que se tienen registros. En lo que va de 2025, la red realizó 19 operaciones en apenas tres meses, más que en todo 2023, lo que sugiere que la organización estaba intensificando su actividad hasta el momento de su desmantelamiento.
El actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, se pronunció sobre el caso durante el desfile del Día de la Independencia, afirmando que hubiera sido imposible callar ante la magnitud de la corrupción.
Mientras tanto, la administración federal ha insistido en que Ojeda Durán acudió voluntariamente a la Fiscalía en 2024 para denunciar irregularidades en las aduanas, aunque diversas fuentes consultadas por El País aseguran que los hermanos Farías Laguna eran considerados como “hijos adoptivos” del exsecretario y que su ascenso dentro de la Marina se dio en paralelo al de su tío político.
Finalmente, documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados en los Guacamaya Leaks, señalan que el contrabando disfrazado de aceites lubricantes habría comenzado desde 2020, con un incremento anormal en las importaciones del producto, sin justificación en la demanda del mercado ni en las ventas registradas. Estos indicios, de haberse atendido oportunamente, habrían permitido frenar años antes una de las tramas de corrupción más grandes detectadas en las aduanas del país.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.