Ciudad de México, 16/04/25 (Más).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha convocado una huelga general para el próximo 15 de mayo, en lo que se perfila como una de las mayores movilizaciones magisteriales del sexenio.
La convocatoria surge como respuesta al descontento generalizado del sector educativo frente al actual modelo de jubilación, vigente desde la reforma a la Ley del ISSSTE aprobada en 2007, y que los docentes han solicitado sea revertida en su totalidad.
Los maestros han presentado tres demandas centrales: la posibilidad de jubilarse tras 28 años de servicio para las mujeres y 30 para los hombres, sin tomar en cuenta la edad; que las pensiones sean responsabilidad del Estado y no de las Afores, y que el cálculo de los montos se realice con base en el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ya que esta última reduce significativamente el ingreso en retiro. Estas exigencias han tomado fuerza ante el intento del Gobierno actual de realizar modificaciones al sistema que, según los docentes, no resuelven el fondo del problema.
La CNTE ha organizado paros y plantones en varias ciudades del país, incluyendo el Zócalo de la Ciudad de México. El 19 de marzo se instaló un plantón en esa plaza pública. Aunque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no ha fijado una postura definitiva, el movimiento ha crecido.
“Es decir, aportar más para percibir lo mismo”, afirmó Juan Manuel Rendón, profesor de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, en referencia a los ajustes propuestos por el Gobierno para financiar el sistema de salud del ISSSTE, el cual reporta un déficit cercano a los 13,000 millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum intentó contener la inconformidad magisterial al declarar que no se aprobaría ninguna reforma que generara desconfianza. “No vamos a aprobar nada que genere desconfianza o algún problema con los maestros, al contrario, nuestro objetivo es seguir beneficiándolos”, expresó recientemente. Asimismo, retiró la iniciativa que se había presentado al Congreso y propuso abrir una mesa de diálogo con los maestros, con una posible reunión el 8 de mayo.
La respuesta gubernamental también ha incluido medidas económicas. El 31 de marzo, la presidenta firmó un decreto para congelar, reducir intereses o condonar deudas adquiridas por trabajadores del Estado con el Fondo para la Vivienda. Según cifras oficiales, aproximadamente 400,000 personas se beneficiarán, de las cuales más de la mitad son docentes. También anunció que los recursos recuperados del fideicomiso del Poder Judicial, por un monto de 11,000 millones de pesos, se destinarán al ISSSTE con el objetivo de mejorar los servicios de salud para jueces, policías, médicos y maestros.
A pesar de estas acciones, los docentes mantienen su exigencia de que la reforma del 2007 sea completamente anulada. Según el magisterio, antes de dicha reforma la jubilación era un derecho garantizado tras un determinado número de años de servicio, sin importar la edad. Además, el sistema de pensiones era solidario y no dependía del ahorro individual. El uso de la UMA en lugar del salario mínimo para calcular las pensiones es uno de los principales puntos de fricción con el Gobierno.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el magisterio había mostrado una actitud más conciliadora, tras la eliminación parcial de las evaluaciones impuestas por la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
Rendón explicó que algunas de las promesas de López Obrador se cumplieron parcialmente. En su opinión, aunque se eliminaron los aspectos más represivos del sistema de evaluaciones, como la vigilancia del Ejército, las estructuras básicas de la reforma permanecieron.
El profesor también señaló que los egresados de las Normales enfrentan ahora una incertidumbre laboral similar a la de otros profesionistas. “Hoy los egresados de las Normales tienen que salir a buscar trabajo, los militares no”, señaló, al criticar la falta de plazas disponibles pese a las necesidades del sistema educativo. Añadió que existen listas extensas de licenciados en espera de una vacante.
El SNTE, históricamente vinculado al poder político, ha mantenido una influencia considerable en el sector educativo. A lo largo de los años, sus dirigencias han sido señaladas por prácticas clientelares y corrupción. Alfonso Cepeda, actual dirigente del sindicato y senador, ha anunciado su intención de afiliar a 5.5 millones de trabajadores de la educación al partido Morena, lo que ha sido interpretado como una búsqueda de favores políticos.
Durante la administración anterior, se implementaron aumentos salariales, pero de acuerdo con los maestros, estos beneficiaron sobre todo al personal administrativo y no a los docentes. Muchos trabajadores de la educación siguen sin alcanzar ingresos de 20,000 pesos mensuales. Además, la falta de transformación profunda en el sistema de formación docente ha mantenido prácticas heredadas que impiden una mejora estructural del sector. El próximo 15 de mayo se perfila como una fecha clave para el Gobierno federal. La huelga general del magisterio representa no solo una confrontación laboral, sino también un desafío político para una administración que ha sostenido históricamente el respaldo del sector educativo. El desarrollo de las negociaciones y la respuesta gubernamental definirán el rumbo de la relación entre el Estado y el magisterio en lo que resta del sexenio.
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