Washington, 30/07/2025 (Más). –La eliminación silenciosa de una protección migratoria clave para jóvenes inmigrantes ha detonado una demanda federal contra el Gobierno de Estados Unidos. Nueve jóvenes afectados y dos organizaciones legales —Carecen y el Centro Legal de la Raza— denunciaron al Departamento de Seguridad Nacional por suspender la política de acción diferida que protegía de la deportación a menores de 21 años con Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS), un recurso creado para quienes sufrieron abuso, negligencia o abandono en sus países de origen.
La acción diferida, aprobada en 2022 durante el Gobierno de Joe Biden, otorgaba a estos jóvenes la posibilidad de trabajar legalmente y evitar la deportación mientras aguardaban la residencia permanente. Sin embargo, desde abril de 2025, bajo la administración de Donald Trump, esta protección fue retirada sin previo aviso ni consulta pública, dejando a cerca de 200,000 personas en una situación migratoria incierta y de alto riesgo.
“El Gobierno no puede simplemente eliminar esta política sin justificarlo públicamente ni explicar cómo afectará a quienes dependían de ella”, explicó Natalie Kraner, directora jurídica del Centro Lowenstein para el Interés Público, una de las organizaciones que representa a los demandantes.
El Estatus Especial de Inmigrante Juvenil fue creado por el Congreso en 1990 para proteger a jóvenes inmigrantes que sufrieron maltrato parental. Aunque este estatus abre un camino hacia la residencia legal, el proceso suele tardar años debido al número limitado de visas. En ese periodo, la acción diferida les ofrecía un resguardo legal.
La decisión de eliminar esta protección deja a los beneficiarios del SIJS expuestos a la deportación, aun cuando ya fueron reconocidos como elegibles para la residencia permanente. Organizaciones como el Proyecto Nacional de Inmigración advierten que esta medida contradice la intención del Congreso al aprobar el programa.
“Sin esta protección, el Gobierno puede deportarlos, aunque ya tengan el SIJS. Los deja en tierra de nadie, sin permiso de trabajo y expuestos a la explotación laboral”, denunció Rachel Davidson, directora de la Coalición para Poner Fin al Atraso en el SIJS.
La eliminación de la acción diferida se hizo efectiva desde el 7 de abril, pero no fue hasta junio que la administración de Trump reconoció públicamente el cambio. En respuesta, 19 legisladores enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigiendo claridad sobre la política. Entre los firmantes se encuentran los senadores latinos Catherine Cortez Masto (Nevada) y Alex Padilla (California), quienes alertaron sobre un aumento en detenciones de jóvenes protegidos por el SIJS.
La demanda fue interpuesta el pasado 17 de julio. La primera audiencia judicial está programada para el 13 de agosto, donde los demandantes solicitarán que se restablezca temporalmente la acción diferida mientras el proceso legal avanza.
“El mayor temor de nuestros clientes es ser enviados de regreso a países donde sufrieron violencia y donde no tienen a nadie que los proteja”, expresó Davidson.
Obtener el estatus SIJS no es sencillo: las víctimas requieren representación legal especializada que no ofrece el Gobierno federal. Las organizaciones defensoras denuncian una creciente presión y falta de recursos para seguir representando a estos jóvenes.
“La eliminación de estas protecciones está socavando nuestra labor. Cada día nos vemos obligados a decirle a más jóvenes que ya no podemos hacer nada por ellos”, lamentó Isaac Flegel-Mishlove, abogado del Centro Legal de la Raza.
El caso pone de relieve las consecuencias de las políticas migratorias más agresivas del actual Gobierno estadounidense y el impacto directo sobre algunos de los sectores más vulnerables de la comunidad migrante: los jóvenes que llegaron buscando seguridad, y ahora enfrentan el riesgo de ser devueltos al abandono del que huyeron.
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