Ciudad de México, noviembre 19. Décadas de abuso sexual, violencia física y castigos extremos fueron cometidos contra niños y adolescentes en los albergues operados por la organización Niños de México, que durante más de medio siglo administró hogares de acogida en el Estado de México y Puebla. Lo que comenzó como un programa religioso de apoyo a la infancia terminó convirtiéndose en un entramado de maltrato prolongado, encubrimiento y negligencia institucional que afectó al menos a varias generaciones de menores.
De acuerdo con información de El País México, una investigación de 256 páginas realizada por la organización Respuesta Piadosa al Abuso en el Entorno Cristiano, GRACE por sus siglas en inglés, reveló evidencias de abusos cometidos desde la década de 1960. Al menos 20 exempleados habrían perpetrado agresiones sexuales, violencia física y psicológica, mientras los directivos de la organización presuntamente encubrieron los hechos. Tras la publicación del informe el 12 de noviembre, Niños de México anunció el fin de sus operaciones en el país con efecto inmediato.
La organización fue fundada en 1967 por Merlyn y Wanda Beeman, quienes iniciaron su labor en Ciudad de México acogiendo huérfanos mientras recaudaban fondos entre iglesias y grupos religiosos de Estados Unidos. En 1968 establecieron su primer centro en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, donde 25 menores vivían bajo sus cuidados. Testimonios señalan que desde entonces ocurrieron abusos sexuales cometidos por el matrimonio, enfocados principalmente en jóvenes de entre 14 y 17 años. Los que toleraban las agresiones recibían privilegios como mejor ropa o habitaciones privadas, mientras la sobrepoblación obligaba a varios niños a compartir una cama.
El informe indica que la pareja usó la religión como herramienta de manipulación. La operación se expandió a hogares en Huexotla y Texcoco, Estado de México, y en Cholula, Puebla. En 1978, tras denuncias, los Beeman huyeron de México con un grupo de niños. En su lugar quedaron Donald y Viola Bader como directores ejecutivos, quienes culparon a los menores por los abusos y minimizaron las acusaciones. Wanda Beeman falleció años después; Merlyn Beeman negó las denuncias y no quiso participar en la investigación de GRACE.
Durante las décadas de 1980, 1990 y hasta principios de los años 2000, otros encargados como Fidel Núñez, Fernando Soriano y su esposa Martha, Jesús Ríos y Salvador Carrizosa acumularon múltiples denuncias por agresiones sexuales. Estos hechos ocurrieron bajo la gestión de Terry Stine, director ejecutivo entre 1987 y 2007, quien afirmó que algunos incidentes eran manipulaciones de los menores pero no se tomaron acciones efectivas.
En los primeros años de los 2000, nuevos nombres se sumaron a las denuncias. Israel Ávalos fue señalado por golpear a los niños, mientras que Noé Flores Soriano, médico del centro e integrante del programa desde su infancia, fue acusado de realizar diagnósticos sin supervisión adulta y cometer actos irregulares que incluían lamer y chupar la cara de los menores, además de enviar imágenes de contenido sexual a jóvenes y abusar de ellas durante consultas. Permaneció en la institución hasta 2016.
Los castigos también eran parte del sistema de violencia. Testimonios relatan que los menores eran obligados a permanecer de pie bajo el sol cargando bloques de cemento, confinados en cuartos oscuros sin comida o forzados a mantener la nariz pegada a la pared por largos periodos. Una víctima recordó una vara de madera con un versículo bíblico grabado que se utilizaba para golpear a los niños en las manos o las nalgas.
Las autoridades mexicanas investigaron a siete presuntos agresores, pero solo se iniciaron cinco carpetas y únicamente Javier Colocia fue detenido en 2022. Ese mismo año, un expasante estadounidense denunció formalmente los abusos ante la junta directiva encabezada por Steve Ross, quien también habría ignorado las acusaciones por años. La respuesta institucional fue que rezarían para recibir guía y evaluar posibles acciones legales.
En julio pasado, funcionarios del Gobierno del Estado de México allanaron los albergues, confiscaron documentos y retiraron a 37 menores de los hogares Jireh, Bethel, Génesis, Esperanza y Ágape, tras detectar vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los menores fueron puestos bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, mientras personal de la Comisión de Derechos Humanos supervisó el operativo para garantizar su protección.