Los 800 que se fueron

En un intento por aliviar el colapso forense, Jalisco inhumará centenares de cuerpos no identificados y lo hará, según las autoridades, bajo protocolos que buscan preservar datos clave para su eventual identificación. Ante ello, persiste la exigencia de que estas acciones no signifiquen el fin de la búsqueda, sino un paso más en la lucha por justicia y verdad

Redacción Más

Jalisco se prepara para inhumar cerca de 800 cuerpos de personas no identificadas que han permanecido por meses –e incluso años– en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). La medida, realizada en coordinación con la Fiscalía del Estado, busca dar respuesta al colapso forense que enfrenta la entidad, así como garantizar condiciones mínimas de dignidad y trazabilidad para los restos humanos, sin renunciar a la posibilidad de una futura identificación.

De acuerdo con información publicada por Infobae, el proceso será llevado a cabo bajo protocolos técnicos, jurídicos y humanitarios, con el acompañamiento de instituciones estatales y de la sociedad civil.

Axel Rivera Martínez, titular del IJCF, explicó que antes de sepultar los cuerpos se integrará un expediente individual por cada uno, conocido como archivo básico de identificación, con el propósito de reunir toda la información posible que permita una eventual restitución.

“El archivo incluye datos genéticos, fisonómicos, dactiloscópicos, odontológicos, antropológicos, fotografías, necropsia y análisis criminalístico”, detalló Rivera. Esta documentación es clave para que, si en algún momento aparece un familiar o un registro que permita establecer una coincidencia, el cuerpo pueda ser exhumado y entregado a sus seres queridos.

Una vez integrado el expediente forense, cada caso se presenta ante una mesa de trabajo conjunta con la Fiscalía estatal, donde se analiza si existe algún indicio de identidad. En los casos en los que no hay datos, ni reportes de familiares, ni coincidencias con bases de datos, los cuerpos son turnados a la Comisión de Trabajo para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Inhumación de Personas Fallecidas no Reclamadas, presidida por Edna Montoya Sánchez, titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas del estado.

Montoya explicó que esta comisión tiene como objetivo asegurar una participación ciudadana real y fortalecer la coordinación entre instancias forenses, la fiscalía y los colectivos de búsqueda. “Se reconoce el papel fundamental que desempeñan las familias organizadas, quienes, con su acompañamiento, exigen no solo respeto a los derechos humanos, sino también transparencia en todo el proceso”, subrayó.

Los cuerpos serán sepultados en panteones municipales de Guadalajara, Mezquitán y El Salto, en espacios previamente delimitados y debidamente identificados. Se contempla además la posible cesión de nuevos espacios en cementerios de otros municipios del estado. Cada sitio contará con trazabilidad documental, es decir, con registros exactos de ubicación y número de expediente, lo que permitirá una exhumación en caso de identificación futura.

Una vez finalizado el procedimiento, la Fiscalía estatal dejará de tener control directo sobre los restos, convirtiéndose en lo que legalmente se conoce como “disponente secundario”, es decir, no podrá disponer nuevamente de los cuerpos sin autorización expresa de la Comisión.

Este nuevo operativo de inhumación masiva se suma a los esfuerzos que desde hace años intentan aliviar la grave crisis forense que vive Jalisco, uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas del país. A la fecha, el IJCF ha sepultado un total de mil 868 cuerpos: mil 770 no identificados y 98 que sí fueron reclamados, pero cuyas familias carecían de los recursos para cubrir los gastos funerarios.

Los retos técnicos a los que se enfrenta el personal forense son significativos. Muchos cuerpos llegan en avanzado estado de descomposición, e incluso en fases de esqueletización o mineralización, lo que complica enormemente la obtención de perfiles genéticos confiables. No obstante, el IJCF mantiene la prioridad de conservar la mayor cantidad de datos posible para facilitar cualquier eventual coincidencia con bases de datos de personas desaparecidas.

Este procedimiento refleja una realidad dolorosa: la de cientos de cuerpos sin nombre, sin historia conocida, que ahora serán sepultados mientras sus familias continúan en la búsqueda. Aunque el objetivo es humanizar el proceso y evitar prácticas indignas como las observadas en años anteriores –cuando cadáveres fueron almacenados en tráileres refrigerados por falta de espacio–, la inhumación de estos 800 cuerpos es también un recordatorio de la deuda del Estado con las víctimas y con la verdad.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda han exigido al gobierno de Jalisco mayor claridad en la comunicación de estos procesos y un compromiso real con la identificación, no solo con la disposición final. Aunque reconocen los avances en trazabilidad y sistematización, advierten que las inhumaciones no deben convertirse en un cierre definitivo, sino en una etapa transitoria mientras continúa el trabajo de identificación.

El operativo que está por ejecutarse será, según las autoridades, uno de los más complejos en lo que va del año. Representa no solo un esfuerzo técnico, sino también un acto simbólico: el intento de dar dignidad a los que murieron sin ser reconocidos y sin tener quién los reclame… por ahora.