Monclova, Coahuila, 26/02/26 (Más).- El futuro de Altos Hornos de México (AHMSA) entra en una nueva etapa de redefinición tras declararse desierta la subasta pública de la empresa y su filial Minera del Norte, lo que obliga a replantear el mecanismo de venta en medio de una quiebra que acumula pasivos superiores a 61 mil millones de pesos.
Luego de que el Poder Judicial de la Federación determinara que no se cumplieron los requisitos legales para concretar la enajenación como unidad productiva, la jueza del concurso mercantil otorgó un plazo de 20 días hábiles al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez para presentar una nueva propuesta de venta ajustada a las condiciones actuales del mercado y del proceso concursal.
El nuevo planteamiento deberá considerar que en la primera convocatoria no se concretó la participación efectiva del único postor calificado y que tampoco se obtuvo la conformidad de los acreedores garantizados para incluir sus bienes en la operación, lo que jurídicamente impidió avanzar en la subasta.
Entre los escenarios probables se contempla un ajuste en el precio base y en las condiciones establecidas originalmente. La falta de interesados que cumplieran los requisitos podría derivar en una revisión del valor de tasación de la unidad productiva, con la posibilidad de disminuir el monto de referencia para hacer más atractiva la empresa ante potenciales inversionistas.
Otra alternativa que podría explorarse es la venta directa o la licitación privada, mediante negociaciones con grupos empresariales interesados que no participaron formalmente o no cumplieron en tiempo en la primera subasta, siempre bajo supervisión judicial y dentro del marco de la Ley de Concursos Mercantiles.
Mientras tanto, el síndico designado por el Poder Judicial mantiene el control de la administración y de los activos de AHMSA y Minosa, con la responsabilidad de preservar el mayor valor posible de la empresa y buscar una oferta que permita saldar, en la medida de lo posible, los adeudos acumulados.
La prioridad legal en el pago corresponde a los trabajadores, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley de Concursos Mercantiles, en un contexto en el que alrededor de 14 mil obreros han resultado afectados por la paralización de la siderúrgica durante los últimos tres años.
La quiebra de AHMSA fue declarada formalmente a finales de 2024, después de una prolongada crisis financiera marcada por problemas de liquidez, altos niveles de endeudamiento y conflictos legales que limitaron su capacidad de operación y acceso a financiamiento. La empresa llegó a registrar pasivos totales cercanos a mil 600 millones de dólares.
El deterioro operativo provocó la suspensión intermitente de actividades en sus plantas de Monclova, generando un impacto económico severo en la región Centro de Coahuila, donde la siderúrgica era uno de los principales motores de empleo y actividad productiva.
La caída en los precios internacionales del acero, la disminución de producción, adeudos con proveedores estratégicos como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, así como compromisos financieros con bancos y otros acreedores, profundizaron la crisis.
El intento de venta como unidad productiva buscaba preservar la operación integral de la empresa para maximizar el valor de sus activos y facilitar su reactivación, en lugar de fragmentar los bienes en una liquidación por partes, lo que reduciría la posibilidad de recuperar montos significativos para los acreedores.
Sin embargo, al no cumplirse las condiciones procesales —entre ellas la exhibición de la garantía de seriedad por parte del postor y la manifestación de conformidad de los acreedores garantizados— el procedimiento quedó sin efectos, obligando a rediseñar la estrategia.
El nuevo plan que presente el síndico será determinante para definir si AHMSA puede atraer capital fresco que permita su eventual reactivación industrial o si el proceso se orienta hacia una venta más flexible, con ajustes en precio y condiciones.
En cualquier escenario, el objetivo central del concurso mercantil continúa siendo maximizar el pago a los trabajadores y al resto de los acreedores, entre ellos dependencias federales y proveedores, en un proceso que definirá no solo el destino jurídico de la empresa, sino también el impacto económico para miles de familias en la región.
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