Ciudad de México, 23/09/25 (Más).- Trabajadores del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), denunciaron que llevan siete meses sin recibir salario, pese a que les aseguran que los recursos están garantizados. A la incertidumbre económica se suma la falta de información clara y el maltrato laboral, lo que mantiene a los empleados en una situación crítica.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la mayoría de los afectados se encuentra contratada bajo el esquema de servicios profesionales por honorarios (Capítulo 3000). Solo recibieron sus pagos de enero y febrero, mientras que los sueldos de marzo a septiembre siguen pendientes para cerca de un centenar de personas. Apenas unas 20 recibieron en septiembre el pago correspondiente a julio, pero el resto continúa sin percibir ingresos.
Los trabajadores han buscado respuestas desde hace meses. En agosto se les informó que la Secretaría de Hacienda había autorizado contratos para los últimos cuatro meses del año y que se les depositarían montos adicionales para cubrir los adeudos. Sin embargo, el compromiso no se ha cumplido y, a finales de septiembre, la incertidumbre persiste.
El 19 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión formal con la administración, encabezada por Roberto Huerta, director de administración del Inifed, quien se comprometió a que a finales de mes se cubriría al menos el sueldo de julio. También prometió mejorar la comunicación con los empleados, aunque los afectados aseguran que hasta ahora solo reciben mensajes informales y sin certezas.
Las condiciones económicas de los trabajadores son cada vez más graves. Algunos deben colegiaturas, rentas, préstamos y han recurrido al empeño para solventar gastos básicos. Otros no tienen recursos ni siquiera para cubrir la gasolina necesaria para trasladarse a las obras que supervisan. “Seguimos cumpliendo con la chamba de la mejor manera, no hemos parado. A cambio, no tenemos pagos ni respuestas”, dijo uno de los empleados entrevistados.
Además de los problemas salariales, los trabajadores denuncian condiciones precarias dentro del instituto: falta de luz, baños sin agua y carencia de mantenimiento básico en las oficinas. “Ni siquiera tenemos las condiciones mínimas para trabajar dentro del instituto”, relató Lisa, empleada con más de cinco años de antigüedad.
La situación laboral también incluye violencia verbal y amenazas. Una trabajadora acusó que el coordinador técnico, Rafael Estrada Cano, se dirige a sus compañeras con insultos y gritos, además de advertir que si se quejan no recibirán sus pagos. “Las amenazas han llegado a tal punto que nos advierten que si nos quejamos no nos van a pagar, por eso muchos meses hemos guardado silencio”, señaló.
El 22 de septiembre, Estrada Cano advirtió que quienes no estén dispuestos a continuar en esas condiciones lo notifiquen para que no se les asignen contratos pendientes. Esto, según los empleados, refuerza el temor de perder su trabajo y ha generado un ambiente de hostigamiento, mientras las denuncias internas contra la violencia laboral no prosperan.
Los afectados sostienen que el instituto, pese a sus problemas internos, mantiene presión para que el trabajo administrativo no se detenga, pues de ahí depende el avance del programa Escuelas Prioritarias, que atiende a planteles en comunidades marginadas. “Hay agresiones, hay amenazas y no nos pagan. Ojalá que la presidenta se entere de todo lo que está pasando”, expresó una trabajadora.
El caso del Inifed no es aislado. Situaciones similares se reportan en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), donde 400 trabajadores contratados por honorarios también han denunciado falta de pago, precariedad laboral y ausencia de derechos básicos. En la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se han presentado quejas por retrasos salariales y amenazas de despido bajo condiciones similares.
Hasta la publicación del reportaje, Animal Político buscó sin éxito una postura del Inifed, la SEP y la Secretaría de Hacienda sobre las razones del retraso y el número de trabajadores afectados. Mientras tanto, los empleados exigen certeza sobre sus contratos, respeto a sus derechos y un trato digno que les permita continuar con sus labores en condiciones mínimas de estabilidad.
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