Ciudad de México, 23/02/26 (Más).- La piratería de libros en México ha dejado de ser sinónimo de copias burdas y baratas para convertirse en un negocio sofisticado que imita con precisión las ediciones originales y se vende casi al mismo precio que en librerías formales.
En calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, ejemplares con portadas brillantes, papel fino y acabados casi idénticos a los legales se ofrecen por 150 pesos, apenas 20% menos que su versión auténtica, en un mercado que hoy representa alrededor de 50% de los libros que circulan en el país.
De acuerdo con la investigación de Animal Político, esta transformación ha sido impulsada por el uso de tecnología avanzada, redes de distribución estructuradas y vínculos con la delincuencia organizada, lo que ha permitido que la reproducción ilegal alcance tirajes de hasta 20 mil ejemplares por título, muy por encima de los 1,500 a 2,000 que imprime en promedio una editorial formal en México.
La abogada especializada en propiedad intelectual y vicepresidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, Quetzalli de la Concha Pichardo, advierte que “Este fenómeno, tolerado por las autoridades y el público, va creciendo exponencialmente. Y tampoco ya son tan baratos los títulos, quizás un 20 por ciento menos que el original”.
La especialista explica que en los años noventa las reproducciones ilícitas eran evidentes fotocopias de baja calidad, pero hoy la tecnología ha perfeccionado el delito al grado de dificultar la distinción para el comprador promedio.
Obras de alta demanda política, social o académica, como ‘Gracias y grandeza’, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, circulan en versiones apócrifas, al igual que clásicos de formación académica como ‘Álgebra de Baldor’ o materiales de educación básica como ‘Juguemos a leer’. La alta popularidad y el interés público elevan el incentivo para su reproducción ilegal.
Un boletín de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaba que hace poco más de 15 años dos de cada diez obras eran piratas; posteriormente la proporción subió a cuatro de cada diez.
Hoy, con base en datos del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, la mitad de los libros en circulación no son originales. En paralelo, NielsenIQ BookData reporta que el precio promedio de un libro en 2025 fue de 275.8 pesos, y los de no ficción alcanzaron un precio de 308.81 pesos, lo que reduce la brecha con los ejemplares ilegales.
Además de abastecer el mercado interno, la piratería producida en México se exporta a países de Centroamérica y Sudamérica, como Colombia y Perú, identificable por los códigos ISBN mexicanos, una serie de 13 dígitos únicos para registral que el material fue elaborado en México.
Para la especialista, esta realidad también revela que existen más lectores de los que reflejan las estadísticas oficiales, incluidos consumidores del mercado negro que no aparecen en los registros formales.
Un diagnóstico del Observatorio Nacional Ciudadano advierte que los mercados de piratería mantienen vínculos con otras actividades ilícitas, al coexistir informalidad, ilegalidad y crimen organizado. La venta de libros apócrifos, junto con otros productos falsificados, puede financiar delitos de alto impacto.
La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana estima que 48% del consumo de libros electrónicos es ilegal.
Archivos en PDF, un formato que las editoriales no comercializan como versión oficial, se distribuyen masivamente en buscadores, redes sociales y plataformas de compraventa.
Aunque alianzas con sitios de comercio electrónico han permitido reducir publicaciones ilícitas y se dan de baja alrededor de 22 mil sitios al mes, el volumen resulta difícil de contener.
En el plano legal, el artículo 424 del Código Penal Federal contempla penas de seis meses a seis años de prisión y multas económicas, que rondan entre los 30 mil y los 300 mil pesos dependiendo de la Unidad de Media y Actualización, para quien reproduzca y comercialice obras protegidas sin autorización.
En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó disposiciones que fortalecen la protección en el entorno digital y permiten la remoción de contenidos ilegales tras la notificación del titular de derechos.
No obstante, De la Concha Pichardo subraya que el reto principal no es la falta de leyes, sino su aplicación efectiva.
“Ahí está la norma, los artículos. Lo que nos falta es aplicación real por parte de las autoridades”, afirma.
Mientras tanto, la piratería editorial continúa perfeccionándose, operando con estructuras logísticas complejas y una calidad que ya no delata fácilmente su origen ilegal.