El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez lamentó la liberación y aseguró que la decisión de la juez es una muestra de que el caso se está “derrumbando”
REDACCIÓN MÁS / IA
Ciudad de México. – En una decisión que ha generado controversia y críticas, fueron liberados ocho militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y enfrentarán su proceso en libertad.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la jueza federal Ivette Duarte Cedillo determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no proporcionó pruebas suficientes para mantener la prisión preventiva, alegando que las condiciones habían cambiado y que no existía riesgo de fuga.
Para que los militares fueran liberados, la jueza impuso una garantía de 50 mil pesos, la obligación de presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, la entrega de sus pasaportes y la prohibición de salir del país. Esta decisión ha levantado críticas y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial en casos tan sensibles como el de Ayotzinapa.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó la liberación de los militares, calificándola como una señal de que el caso Ayotzinapa se está «derrumbando». En un comunicado, expresaron su pesar: «Lamentamos la liberación de militares acusados en el caso #Ayotzinapa. Muestra que el proceso se está derrumbando». Además, el Centro culpó a la FGR por su inoperancia y acusó la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La FGR, por su parte, rechazó tajantemente la liberación de los militares, acusando a magistrados de otorgar «ventajas indebidas» a los acusados. En un comunicado oficial, la fiscalía anunció que presentará recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas, destacando su compromiso con la justicia.
El caso de los militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sido una trama complicada desde el principio. El 21 de junio, Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, confirmó la detención de ocho militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala por su posible implicación en la desaparición. Se les acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Tras su detención, los militares fueron ingresados a la prisión del Campo Militar 1-A. Sin embargo, los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar alegaron que se les dictó auto de formal prisión indebidamente, sin claridad sobre las acusaciones en su contra. La defensa presentó un recurso de revocación contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El 11 de agosto de 2023, el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva a favor de los militares, ordenando una nueva audiencia para abrir el debate. Este hecho allanó el camino para la queja presentada por la defensa, que llegó hasta el Tribunal Colegiado y finalmente fue resuelta a favor de los militares.
La decisión de liberar a los militares ha avivado el debate sobre la efectividad del sistema judicial mexicano y la búsqueda de justicia en casos tan emblemáticos como el de Ayotzinapa. Mientras la FGR busca revertir la liberación, el Centro Prodh y otros críticos del proceso denuncian un posible derrumbe del caso. La sociedad observa con atención, esperando respuestas claras y acciones concretas para esclarecer la verdad detrás de la desaparición de los 43 estudiantes.
Con información de Animal Político
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