Exigen que se castigue a Grupo México y a dependencias por la contaminación que puso en riesgo en 2014 a cerca de 23 mil personas
REDACCIÓN MÁS / IA
La noche del martes 6 de agosto, pobladores de la cuenca de Sonora y organizaciones civiles instalaron un antimonumento en la Plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo. La acción fue una protesta por los 10 años de impunidad en relación con el mayor desastre ecológico provocado por la actividad minera en México: el derrame de metales en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, según reportó la agencia Infobae México.
En plena plaza, las víctimas de la contaminación, que afectó a más de 22 mil personas, portaban pancartas con las leyendas “Salud para nuestras niñas y niños”, “No hay remediación sin nuestra participación” y “Grupo México, ¡basta de impunidad!”. Además, en uno de los edificios proyectaron otras consignas como “Secretario de Salud, ¿por qué no da la cara?”, “Profepa y Conagua: 10 años protegiendo a Grupo México” y “El gobierno prometió justicia para el Río Sonora y no cumplió”.
El 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el arroyo Tinajas, contaminando severamente los ríos Bacanuchi y Sonora y afectando a casi 23 mil pobladores. Este evento se convirtió en el desastre ecológico más grande en la historia de la minería en México. El Gobierno de México informó que el agua tóxica llegó a la presa “El Molinito”, obligando a Protección Civil a cerrar más de 300 pozos, lo que derivó en una crisis en las actividades económicas de varios municipios.
En su momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó a Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea Mota Velasco, limpiar el agua y detener sus actividades en Buenavista del Cobre. Aunque la empresa pagó una multa, los pobladores no recibieron ninguna compensación económica. Desde entonces, los afectados han contado con el apoyo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una ONG que les brinda asesoría legal y les ha ayudado a interponer amparos para que Grupo México asuma su responsabilidad.
Antes de la manifestación, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia matutina del miércoles 7 de agosto que su administración había reabierto el caso. Informó que existe un dictamen que reconoce el daño causado por Grupo México, por lo que se le exige hacerse cargo de los daños y revertir la contaminación del agua. AMLO se comprometió a que en los próximos días, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, ofrecería un avance sobre el caso.
Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, emitió un comunicado en el décimo aniversario del desastre ecológico, reiterando su compromiso de garantizar la atención integral a los habitantes de la cuenca en salud, rescate ambiental y recuperación productiva. “El gobierno que encabezo asume el reto de continuar trabajando para generar condiciones que garanticen el desarrollo de las actividades mineras con plena responsabilidad social y ambiental”, afirmó Durazo en el escrito.
En 2017, se canceló la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas) y la instalación de 28 plantas potabilizadoras porque Grupo México argumentó que el gobierno de Sonora, entonces liderado por Claudia Pavlovich, no contaba con los recursos y la capacidad de operarlos. Ese año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) determinó que el agua del río Sonora aún tenía altos niveles de plomo, arsénico y cobre.
En 2019, ya con AMLO en el gobierno, las secretarías de Salud (Ssa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmaron que Grupo México había causado un daño y señalaron a la empresa de Germán Larrea por incumplir con la orden de resarcirlo. Un año después, la Cofepris y los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) volvieron a hallar altos niveles de metales en el agua, pero Grupo México negó ser responsable. En 2023, la Semarnat denunció penalmente al conglomerado por incumplimiento en la reparación del daño.
“La atención a las personas cuya salud se ha visto mermada por el derrame ha sido en general de mala calidad: los testimonios dan cuenta de diagnósticos cuestionables y demoras en los resultados de análisis, además de la falta de medicamentos”, indica un análisis de PODER.
Con información de Infobae México
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