Piedras Negras, Coahuila, 04/02/26 (Más).- Las boyas flotantes en el río Bravo serán equipadas con sensores para detectar movimiento, como nueva medida del gobierno de Estados Unidos para contener la migración irregular en la zona limítrofe con Piedras Negras, Coahuila.
La estrategia fue anunciada tras la visita que el martes realizó a Eagle Pass, Texas, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
De acuerdo con información publicada por Milenio, las autoridades estadounidenses confirmaron que estas estructuras –ya utilizadas como barrera física para impedir el cruce de personas– serán reforzadas con tecnología adicional, como alambres de púas y sensores, con la capacidad de detectar presencia humana o cualquier tipo de movimiento en el agua.
Durante su visita, Noem reiteró que el objetivo de estas acciones es reforzar la vigilancia y reducir el tráfico de personas, así como prevenir muertes en el río, considerado una de las zonas más peligrosas para los cruces irregulares.
No obstante, la medida ha generado fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y cuestionamientos por parte del gobierno mexicano.
La activista América García, defensora de los derechos de migrantes en Texas, advirtió que estas políticas representan una amenaza directa a la integridad de las personas en tránsito y profundizan la crisis humanitaria en la región.
“En poco más de un año las acciones de las autoridades federales han causado un daño profundo hacia los migrantes, sobre todo en los niños migrantes, las políticas migratorias han llevado familias completas a los centros de detención, lugares que ya están sobrepoblados, donde se han reportado brotes de sarampión, poniendo en peligro sobre todo a los niños”, denunció.
La activista también criticó el simbolismo político detrás de estas barreras. “Eagle Pass y nuestras ciudades hermanas a lo largo de la frontera sufren las consecuencias de este teatro político, boyas letales en nuestro río y recursos desviados de amenazas reales a la seguridad para permitir la crueldad y corrupción”, expresó.
Mientras continúa el debate legal sobre la implementación de estas estrategias en la frontera sur de Estados Unidos, las autoridades federales insisten en que se trata de medidas orientadas a fortalecer la seguridad y proteger vidas humanas, aunque su impacto social y humanitario sigue siendo ampliamente cuestionado.