Por Leopoldo Maldonado
Hay derechos que no desaparecen de golpe, sino que se vuelven más difíciles de ejercer, más inciertos. Hasta que un día dejan de ser derechos y se convierten en favores o concesiones graciosas del Estado. Eso es lo que empieza a ocurrir con la transparencia en México.
Durante décadas, este país construyó algo con el fin de romper la opacidad como norma y como base del ejercicio autoritario de poder del PRI-Gobierno. El primer paso fue tímido, casi simbólico, con la reforma constitucional de 1977 que reconoció el derecho de acceso a la información pública. No fue casual que eso ocurriera en el inicio del largo proceso a hacia la transición democrática. El verdadero punto de inflexión llegó en 2002, cuando ese derecho empezó a tener dientes traducido en leyes, instituciones y procedimientos. Más tarde, en 2014, se consolidó con un órgano autónomo que podía obligar al poder a abrirse.
Fue una conquista social después de un proceso largo para desmontar lo que durante años se conoció como la “cultura del ocultamiento y el engaño”: gobiernos que administraban la información como propiedad privada para tapar corruptelas y tropelías.
A partir de ese momento, hubo múltiples intentos (muchos consumados) de captura de las instituciones especializadas de transparencia, además de actos de corrupción. Eso fue parte de la munición discursiva que sirvió para desaparecerlas con el cambio de régimen materializado con la reforma constitucional de 2024. Pero la tendencia y el objetivo institucional de generar una verdadera política de Estado en la materia, reconocida incluso a nivel global, era de los pocos casos medianamente exitosos en nuestra endeble democracia.
Hoy ese proceso está en riesgo de dar una vuelta en U. Los diagnósticos recientes de las organizaciones Fundar y Mexiro son advertencias de lo que estamos perdiendo.
El informe “El nuevo modelo de acceso a la información pública en México”, elaborado por Fundar, señala claramente que el nuevo modelo de “transparencia” fragmenta el derecho a saber. Donde antes había 33 organismos garantes, ahora existirán más de 270 autoridades garantes. La promesa era acercar la transparencia a la gente y el resultado es previsible, el de dispersar la responsabilidad a abrir la información hasta diluirla. En aras de no fragmentar el poder del Estado mediante los órganos constitucionales autónomos, se terminó por fragmentar el derecho.
Y en esa fragmentación, la ciudadanía queda inserta en un laberinto. Ahora tiene que adivinar ante quién reclamar, en un sistema donde quien niega la información es el mismo que la revisa. Se pierde la lógica básica de cualquier democracia constitucional en la que se procura que un árbitro independiente haga frente al poder.
La organización Mexiro, por su parte, documenta en “Sin archivos no hay verdad: desaparición digital, memoria y justicia en México”, lo que ocurre cuando ese andamiaje se desarma en la práctica. Nos dice, por ejemplo, como las autoridades sí están dando respuestas, pero son incompletas, contradictorias, desactualizadas, evasivas o simplemente negativas frente a solicitudes de información. En este contexto, las autoridades encargadas de revisar dichas respuestas, pertenecientes a los poderes obligados, no están garantizando la reversión de esa tendencia que hace nugatorio el derecho a la información pública.
Pero hay algo más grave. El informe muestra que la transición entre el INAI y el nuevo modelo fue desordenada y opaca. No hubo inventarios públicos, ni protocolos claros, ni trazabilidad en la transferencia de archivos del INAI. En ese proceso, se documentaron pérdidas, alteraciones y desaparición de información pública. Estamos hablando, simple y sencillamente, de la potencial pérdida de la memoria pública. El archivo del INAI era la historia documentada de cómo la ciudadanía había logrado obtener información del poder público durante dos décadas. Borrarlo, fragmentarlo o hacerlo inaccesible es una forma de debilitar el control democrático. El propio gobierno terminó por reconocerlo al hablar de “depuración”, de sitios “con virus”, de expedientes que simplemente ya no aparecieron.