Razones
Jorge Fernández Menéndez
Ayer se presentó una iniciativa de ley para combatir la violencia en la red contra las mujeres. Nadie puede estar en desacuerdo, sobre todo si se suman grandes empresas como Meta, Google y TikTok. Hay que hacerlo e implementarlo. Es una buena iniciativa.
El problema es cuando no se define quién establecerá qué es violencia de género y qué simple libertad de expresión, quién lo castigará y con base en qué instrumentos legales, porque, desgraciadamente, la violencia de género está siendo utilizada muchas veces como coartada para transformarla en un mecanismo de censura.
Esta misma semana hemos tenido los casos de Miguel Alfonso Meza, castigado judicialmente por haber publicado en redes, en el contexto de la elección judicial, que una de las candidatas había sido la abogada del Chapo Guzmán (lo que era rigurosamente cierto y debería haberle impedido participar) o el caso de Emma Zermeño, castigada por haber opinado sobre una candidata de Morena en Sinaloa, en su chat personal, ni siquiera en una red abierta. Y, como ésos, hay innumerables casos, sin olvidar el de dato protegido.
Por supuesto que en las redes se cometen excesos y también es verdad que en ninguna como en X, la anterior Twitter. No es ajena a esa violencia la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Pero si se va a implementar una ley en contra de la violencia de género en las redes, lo menos que se debería garantizar es que la misma no se ejerciera desde ámbitos de poder.
Hay innumerables casos de violencia en las redes contra las mujeres. Se dice con este acuerdo que se la quiere erradicar y está muy bien. Pero qué sucede cuando esa violencia la ejercen los funcionarios y funcionarias del propio gobierno, del oficialismo o los personajes que trabajan en redes para ellos. Qué sucede cuando Bibiana Belsasso, Mónica Garza, Azucena Uresti, Ivonne Melgar, Leticia Robles de la Rosa, Carmen Aristegui, Hannia Novell, Lucy Bravo, Pamela Cerdeira, Lourdes Mendoza y muchas otras periodistas y conductoras son atacadas, cuando atacan a dirigentes políticas de la oposición, como Alessandra Rojo de la Vega o Lilly Téllez. La lista es interminable.
Por supuesto que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ellas, pero la violencia, la agresión suele ser personal, misógina, contra ellas, sus hijos, sus familias. Porque funcionarios o protegidos de las redes que se manejan desde el poder, llámese Jesús Ramírez o Jenaro Villamil, aunque mientan, agredan, insulten, no son tocados ni con el pétalo de un regaño, ni desde la mañanera ni desde la Secretaría de la Mujer. Y todos los días los agresores se sientan en la primera fila en la mañanera o controlan el sistema de radio y televisión pública, como lo exhibió ayer con toda claridad la reportera de Proceso, Dalila Escobar. El argumento de que el sistema de radio y televisión pública no es del gobierno no se sostiene, es tanto como asegurar que esas agresiones son opiniones personales, no como funcionarios o legisladores.
Es infame, cobarde e ilegal. Por supuesto que las agresiones llegan también a figuras del oficialismo y a la propia Presidenta. Cuando son ataques personales, son condenables, pero si desde el poder no se toman medidas para frenar la violencia que se ejerce desde esos mismos ámbitos en las redes contra las mujeres, la única opción termina siendo la generalización de la misma, y ni Meta, Google o TikTok podrán hacer nada para impedirlo. Esa violencia se puede frenar, sin ley alguna de por medio, desde Palacio Nacional. Ojalá se haga.
Si, además, se usa la violencia de género como coartada, como un instrumento de censura ante críticas legítimas o para venganzas personales, estamos en el peor de los mundos. Desde Palacio se puede lograr que la violencia en redes contra las mujeres se convierta en una excepción sancionable y deje de ser una regla impune ante cualquier voz crítica de mujer.
TAXIS Y MUNDIAL
Irán, era previsible, ya se bajó del Mundial que comenzará dentro de exactamente 90 días. Hay obras aún sin concluir y problemas logísticos y de seguridad todavía por resolver. Pero estoy convencido de que podemos hacer un buen Mundial en junio y rendir buenas cuentas, incluso en el tema de seguridad.
Pero hay factores que pueden parecer menores y que podrían desquiciar la fiesta: son los grupos que quieren usarla para imponer sus temas de agenda. Apenas ayer los taxistas en la Ciudad de México, como ya lo habían hecho en Guadalajara o lo hacen en Cancún, bloquearon el aeropuerto para exigir que los taxis de aplicación, Uber y otros, no puedan operar en el aeropuerto.
Los turistas de todo el mundo, cuando llegan a un país, tratan de trasladarse prioritariamente en taxis de aplicación, se considera más seguro desde todo punto de vista, desde el económico hasta la seguridad personal. Los taxis, sobre todo en países como el nuestro, se perciben como más discrecionales e inseguros. No sé cómo se podrán prohibir los taxis de aplicación cuando se esperan millones de turistas con el Mundial.
¿Qué va a pasar cuando no se les permita pedir Uber u otras aplicaciones en los aeropuertos o se les obligue a usarlas a mucha distancia de las terminales, con la inseguridad que ello implica? ¿Por qué, además, el transporte en los principales aeropuertos del país puede y debe estar controlado por caciques sindicales?