La transparencia en entredicho; el cambio en el Consejo del ICAI

Por Miguel Villarello

Saltillo, MÁS. – Se calienta la elección de un consejero en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), aparte de la designación de quién ocupará la presidencia de su consejo general.

Por varias circunstancias: primer, el ICAI está conformado por cinco consejeros y desde el 2018 está funcionando con cuatro; segundo, el actual presidente del Consejo lo ha sido por dos periodos; tercero, el presidente y otro consejero terminan su periodo de encargo, de 7 años, el 30 de junio, por lo que el instituto tendrá que funcionar con dos consejeros.

Ante la intranquilidad que ello representa, el presidente actual afirma que la transparencia no está en riesgo por ser un derecho constitucional. En los últimos cinco años más de 200 resoluciones de recursos de revisión han sido aprobadas e instruidas diversas dependencias públicas a entregar información pública. Ningún ente público ha sido sancionado por opacidad o negar información y más de 20 recursos de revisión han sido sobreseídas por desistimiento o no interés de quien la tramitó ante el ICAI.

Ello sin contar la votación que tiene que ver con los acuerdos de la gestión financiera a cargo de la Dirección General del ICAI y el destino del presupuesto asignado anualmente, además de ser desconocido el destino del recurso correspondiente al salario y prestaciones del comisionado faltante los últimos cinco años.

De ahí el que el Congreso del Estado haya tomado cartas en el asunto y esta semana emitiera la convocatoria para designar a un comisionado e integrar el consejo general del organismo autónomo con tres comisionados.

Así como la reforma a la ley para reducir, de 5 a 3 consejeros pues, entre las justificaciones se detectó que cinco integrantes son muchos para la envergadura de sus funciones y actividades y, de esa manera, controlar mejor el adecuado desarrollo de la transparencia proactiva en la entidad.

A ello se sumarían el logro de ahorros presupuestales, que especialistas en transparencia calculan en alrededor de 3 millones de pesos anuales a las finanzas públicas.

El organismo que promueve la transparencia hasta el 2018 tenía cinco consejeros de acuerdo con la ley en la materia; sin embargo, uno de ellos terminó su encargo de 7 años en diciembre del 2018, se trata de Alfonso Villarreal Barrera, quien con su salida motivó al instituto a buscar algún integrante del Consejo.

Sin embargo, el tiempo pasó y bajo la presidencia de Luis González Briseño durante los últimos 5 años solamente se emitió un comunicado al Congreso pidiéndole dicha selección.

El 30 de junio concluyen sus consejerías de siete años el mismo presidente, Luis González Briseño, y José Manuel Jiménez y Meléndez.

Este incidente que incidiría en la transparencia ciudadana y el que el ICAI quedaría con sólo dos comisionados, Bertha Icela Mata Ortiz y Javier Díez de Urdanivia de Valle, motivó a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, coordinada por la diputada de Morena Lizbeth Ogazón Nava, a buscar un consejero más y modificar la ley para que, en lugar de cinco consejeros el Instituto cuente con tres.

Otra arista que se ve es que la salida por término de comisión de los consejeros mencionados obliga a la Dirección General del ICAI, a cargo de Luis García Abusaid, y al Órgano Interno de Control, a cargo de Socorro Hernández, a hacer previsiones para que la liquidación no sea excesiva como sucedió con la ex presidencia del Instituto Electoral de Coahuila.

LLAMADO CIUDADANO

Quien puso el dedo en la llaga fue el mismo presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro,

Abordó dos temas de riesgo en que están la vigilancia del respeto a los derechos humanos ante la renuncia del Ombudsperson, Hugo Morales Valdés, y la transparencia por la inminente falta de tres de los cinco consejeros del ICAI.

Riesgo que se extendería, por lo menos, por más de 30 días, pues habría que iniciar los procedimientos para la designación de la persona que ocupará la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila y la persona que se integrará al consejo general del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.

No obstante que está por finalizar el periodo ordinario de sesiones del Congreso, Olmos Castro reconoció la necesidad de ambos nombramientos por lo que pudiera llamarse a un periodo extraordinario de sesiones para esos temas.

Por lo que se refiere a los procedimientos de designación, aclaró que comprenden la publicación de la convocatoria el próximo martes, la recepción de solicitudes, exámenes, entrevistas y votación para la elección, proceso que pudiera extenderse de 25 a 35 días.

De ser las cosas así, se estima que para principios de agosto pudiera estarse designando a la persona que ocupe la presidencia, en este caso de la persona comisionada del ICAI.

NO SÚPER LIQUIDARSE

De igual forma la diputada Lizbeth Ogazón Nava coordinadora de la Comisión de Transparencia del Legislativo y quien tuvo a su cargo la emisión de la convocatoria y propuso la iniciativa de reforma a la ley del ICAI.

Precisó que ya era tiempo “de una mujer en la presidencia del ICAI; claro que sí, pues estoy convencida de que ya es tiempo de que las mujeres ocupen estos altos cargos”.

Inclusive pidió a los dos comisionados que terminan sus gestiones, Luis González Briseño y José Manuel Jiménez y Meléndez, respetar la ley y prevenir autoliquidaciones fuera de lo común como ocurrió el año pasado al concluir la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila.

Y declaró que se trata de organismos que tienen cierta autonomía, que ellos son “los que tienen que actuar de acuerdo con sus leyes orgánicas y cualquier situación que esté alejada de lo que la ley prevé se podrá denunciar ante la autoridad”.

En cuanto a un llamado a los dos comisionados que terminan su encargo como defensores de la transparencia la diputada exhortó a “que respeten la ley debido a que todos los trabajadores sean de confianza, por designación o sindicalizados tienen derechos laborales que la misma ley prevé para que al momento de su separación puedan tener acceso a esas prerrogativas que por sus años de servicio obtuvieron”.

CONVOCATORIA

Unos cuantos días después emitió el Congreso las convocatorias para nombrar y elegir respectivamente a las personas comisionada del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Quienes busquen participar tendrán hasta el 30 de junio para registrarse en la convocatoria pública para nombrar a la persona comisionada del ICAI en este caso; de ahí pasarán las personas interesadas a la etapa de examen validado por la Universidad Autónoma de Coahuila, luego se someterán a una comparecencia ante legisladores de la Comisión de Transparencia y en seguida deliberar y designar una terna, la cual será votada por el pleno de los diputados.

Se calcula que por ahí del 15 de julio la Comisión de Transparencia dará a conocer el perfil que mejor se acomode a la consejería del ICAI, la cual, en votación de las dos terceras partes de diputados presentes en el Pleno sería designada persona comisionada del Consejo General del ICAI con vigencia los siguientes 7 años.

AHORRO

Por lo que se refiere a la iniciativa de reforma que se propuso a través de la Comisión de Transparencia del Congreso para reducir de 5 a 3 los comisionados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), especialistas calculan que este organismo y las finanzas públicas estatales obtendrían un ahorro sustancial de varios millones de pesos anuales.

La reforma va se insiste al interior del Poder Legislativo, pues en la última sesión del pleno la diputada propuso una iniciativa a la ley del ICAI en la que resaltó que “en congruencia con la nueva conformación del Consejo General por tres integrantes, es necesario replantear la forma en la que se constituirán las comisiones del propio Consejo General, en consecuencia, se propone reducir de cinco a tres comisionados con el propósito de observar el principio de número impar en la conformación de órganos colegiados y votaciones”.

Además de hablar de un ahorro presupuestal del que no mencionó la cantidad, Ogazón Nava explicó que la adecuación atiende principalmente al marco normativo a una nueva realidad y necesidades de la sociedad actual y lleva el propósito de mantener la coherencia entre las funciones que realiza cada uno de los integrantes del Instituto.

Incluso la iniciativa propone que la designación de quien presida el Consejo General del ICAI sea formalizada por el Congreso mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes con el objetivo de contribuir a mantener el equilibrio, legitimidad y evitar la polarización de dicho consejo.

Sabido es que el presupuesto del organismo de la transparencia es de alrededor de 35 millones de pesos anuales y al contar solamente con tres comisionados y no cinco como dicta la ley que se reforma actualmente el ahorro consistiría en el sueldo, prestaciones y viáticos asignados a dos comisionados y el personal que depende de ellos.

Pues, de acuerdo con datos consultados, cada consejero tiene una secretaria y un proyectista que le apoya en los dictámenes de resolución de acceso a la información e investigación y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía, por lo que el organismo de la transparencia estaría prescindiendo de las actividades de seis personas.

Aunque fuentes administrativas allegadas al ICAI estiman que el ahorro consistiría en aproximadamente 3 millones de pesos al año, dato conservador, ya que la diputada Lizbeth Ogazón Nava calculó un ahorro a las finanzas cercano a los 80 millones de pesos tomando en consideración los siete años que se extiende la vigencia de los dos comisionados y su personal de apoyo.

SIN RIESGO

Tras participar en su última sesión como comisionado presidente de Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Luis González Briseño, aseguró que por su término de gestión no hay riesgo para la transparencia en Coahuila.

Ello porque el organismo de la transparencia funcionará con dos consejeros Bertha Icela Mata Ortiz y Javier Díez de Urdanivia por casi dos meses, julio y parte de agosto, y sin presidencia de su Consejo General, pues a la salida de González Briseño se suma la de José Manuel Jiménez y Meléndez.

El todavía presidente prefirió reservarse alguna opinión al respecto, pero reconoció su desconocimiento respecto del porqué el Congreso designaría un comisionado solamente para dejar tres integrantes del Consejo y no cinco como lo indica la ley de transparencia.

Además, aseguró que deja un instituto con finanzas sanas, colocado como uno de los mejores del país y con las mejores evaluaciones en México.

Los ciudadanos pueden seguir haciendo solicitudes de información y presentar recursos de revisión, aseveró, “el hecho de que yo concluya no implica que los ciudadanos no puedan ejercer su derecho a la información”.

Renuente a hablar ampliamente de las condiciones en las que deja el ICAI, días después declaró Luis González Briseño que a partir de julio se le vería como cualquier ciudadano caminando por la calle.

Aunque se quejó de que la reforma que se propone en el Congreso del Estado para reducir de cinco a tres el número de integrantes del Consejo pudiera traer cierta estrechez económica y financiera al organismo autónomo, aseguró que no sería en detrimento de la transparencia.

“Habrá que valorar, pues la misma reforma plantea otros escenarios en cuanto a comisiones y actividades, entonces la ponderación en cuanto al ahorro de recursos se verá ya en el ejercicio, pero ello no mermaría el acceso a la información ni la transparencia por estar garantizado constitucionalmente este derecho”.

A la pregunta directa de cómo queda el Instituto a su salida comentó que “lo dejo muy bien, tú lo sabes porque lo conoces muy bien”.

CUENTAS PÚBLICAS

Nada más por no dejar, con relación al ICAI se analizó un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) correspondiente al ejercicio presupuestal del 2021, debido a que el informe del 2022 no ha sido emitido por dicha dependencia autónoma por estar en periodo de auditoría.

En dicha página https://www.asecoahuila.gob.mx/informe-de-resultados/informe-anual-de-resultados-2021/ se localizaron varios hallazgos emitidos por la ASE.

En específico se consultó la sección correspondiente a las auditorías de cumplimiento y auditorías financieras del 2021 de este organismo autónomo.

En primer término, el ICAI presenta una variación presupuestal entre lo aprobado y devengado, es decir, le fue asignado un presupuesto de 38 millones 801 mil 650 pesos y hasta el momento de la auditoría había devengado 36 millones 209 mil 139 pesos; la variación era de 2 millones 592 mil 510 pesos.

Por lo que se refiere a los resultados de la fiscalización y con motivo de la fiscalización superior al Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio 2021 fueron llevadas a cabo 4 auditorías de Cumplimiento al ICAI informa la ASE.

“Como resultado de la auditoría número ASE-06252-2021 se desprende 1 observación que contiene hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 156 mil 975 pesos con 54 centavos y correspondientes a egresos.

Por dichos hallazgos, la ASE a través de un pliego se cuantificó el importe de las observaciones detectadas que son causa de responsabilidad, por lo que informó que “las entidades contaron con un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila”.

Con la advertencia de que, de no ser solventadas las observaciones, “la Auditoría Superior promoverá las responsabilidades administrativas y presentará las denuncias y/o querellas en contra de servidores públicos o particulares”.

Al final de la auditoría e informe la misma ASE admite que, como resultados de la fiscalización se informa que con relación a la revisión al Informe de Avance de Gestión Financiera del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021 a través de la auditoría número ASE-06256-2021, del segundo trimestre del ejercicio 2021 a través de la auditoría número ASE-10453-2021 y con relación a la revisión a la Cuenta Pública 2021 a través de la auditoría número ASE-04015-2022 “no se advirtieron hechos u omisiones que hayan dado lugar a la formulación de alguna observación o, en caso contrario, la entidad solventó las observaciones durante el plazo legalmente establecido para tal efecto.

En cuanto a las auditorías financieras, la ASE indica que en los resultados de la fiscalización “a la Cuenta Pública 2021 del ICAI correspondiente a la auditoría de disciplina financiera de número ASE-05132-2022 no se desprendieron observaciones”.

Sin embargo, más adelante en su informe expresa que “Como resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2021 del ICAI correspondiente a la auditoría de depuración de saldos de número ASE-03854-2022 se desprendieron 2 observaciones no solventadas durante el plazo establecido para tal efecto y por un valor de 2 millones 469 mil 48 pesos.

Y detalla los “hallazgos que derivaron de la aplicación de los procedimientos de auditoría: Inventarios, almacenes, bienes muebles, inmuebles y activos intangibles incumplimiento en la presentación de información y/o documentación requerida integrado en 1 observación por un valor de 2 millones 469 mil 48 pesos”.

Otros hallazgos fueron que “falta de depuración de incorrecciones reveladas en los registros contables, registro de transacciones de forma incorrecta y/o sin apego a la normatividad aplicable integrado en 1 observación, por un valor de cero pesos”.

No obstante, todo lo anterior y que el ICAI se prepara para recibir a una nueva persona comisionada y que el Congreso designe a quien ocupará la presidencia, resulta atractivo el encargo.

Pues por siete largos años se percibirá un sueldo estimado en poco más de 100 mil pesos mensuales más prestaciones, así como tener el poder legal de velar por la transparencia de los recursos públicos y obligar a los entes municipales y estatales a proporcionar la información pública de oficio a que están obligados por ley, entre otras cosas.