Lo que quiso decir
Rubén Aguilar
La presidenta fracasa en sus dos propuestas de reforma electoral —regresivas y con el propósito de fortalecer a Morena y dar más espacio de acción en los procesos electorales al Poder Ejecutivo— y los causantes de su derrota son los partidos aliados: el PT y el PVEM.
En su primer intento para modificar la Constitución en materia electoral no obtuvo los votos de sus aliados, porque de aprobar lo que la presidenta proponía ellos se suicidarían políticamente: admitirían un recorte de 25% a su presupuesto y perderían espacio de decisión para elegir a sus diputados y senadores de representación proporcional.
El Plan B, el segundo intento, también terminó en un fracaso. El punto central era modificar el artículo 35 de la Constitución para adelantar y empatar con la elección federal de junio de 2027 el ejercicio de reiteración de mandato, con el fin de permitir a la presidenta estar en las boletas electorales y hacer campaña.
En esta ocasión el PT no dio sus votos en el Senado —cámara de origen de la propuesta— porque de estar la presidenta en la boleta no solo haría crecer el voto de Morena, como lo muestran diversas encuestas, sino que reduciría el voto de los partidos aliados. El PVEM, a pesar de esta realidad, sí votó a favor de la iniciativa presidencial.
Las dos iniciativas de ley afectaban a los partidos aliados, y pareciera que eso era precisamente lo que la presidenta buscaba, aunque no está claro el porqué. Por lo pronto, la alianza con Morena no está rota —así lo han dicho los dirigentes del PT y el PVEM—, pero sin duda se ha complicado y ya no se encuentra en los mismos términos que antes de estos deslindes.
La reforma aprobada, que en los hechos se convirtió en el Plan C, quedó reducida al cambio de tres artículos de la Constitución y un régimen transitorio que obliga a un recorte presupuestal de 15% al Senado a partir del ejercicio fiscal de 2027 y hasta 2030, equivalente a 765 millones de pesos.
También se modificó el artículo 115 para establecer que los ayuntamientos contarán con “una sindicatura y hasta 15 regidurías”; el artículo 116 para que los recursos destinados a los Congresos locales no excedan el 0.70% del presupuesto de egresos estatal, y el artículo 134 para acotar las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales y funcionarios del INE.
El fracaso de la presidenta es también el del expresidente López Obrador (2018-2024), quien había encargado a su sucesora sacar adelante la reforma electoral que él mismo intentó en 2023 sin éxito. En aquella ocasión, el presidente —en clara violación a la Constitución— hizo que los congresistas de Morena, el PT y el PVEM aprobaran cambios a leyes secundarias que antes requerían necesariamente modificaciones constitucionales. Los partidos de oposición presentaron una controversia constitucional y la SCJN, entonces libre y autónoma, los rechazó por ser inconstitucionales.