Con información de El País
La noche caía espesa sobre la colonia Escandón cuando una pareja poco común cruzó el umbral de neón de la taquería Tacos Ruben’s. Las letras rojas, como de cine viejo, anunciaban un local abierto y familiar. Pero aquella noche no sería como cualquier otra. Él, un hombre alto de casi metro noventa; ella, rubia con curvas quirúrgicas y un silencio que incomodaba. Comieron sin decir palabra, salvo lo necesario para pedir la orden. Fue suficiente para que el hijo del taquero advirtiera algo raro: “Estos son medio payasones”.
Rubén Orozco, dueño del puesto y maestro de karate, lo notó al volver. El joven lo miraba como si lo escaneara. Orozco, de 59 años, disciplinado por décadas de artes marciales y trabajo con cuchillo carnicero, mantuvo la calma.
—¿Qué se le ofrece? ¿Qué le falta? —preguntó.
El hombre desvió la mirada. Al terminar, la pareja se acercó con una sonrisa forzada. Dijeron que eran nuevos en la zona, que planeaban una fiesta de bienvenida, que querían una buena taquiza. ¿Podía darles su número?
Rubén dudó. Dio largas. Pero cedió.
Horas después, su celular sonó.
—¿Cuánto vale la tranquilidad de tu familia?
La voz al otro lado no vaciló. No era una broma. Sabían todo: que trabajaba con su familia, que aceptaban tarjetas, que salieron en Las crónicas del taco, que la clientela había crecido. La amenaza fue directa: cooperas o vamos por tu hijo, que aún está lavando.
En una llamada que duró 40 minutos, Orozco transfirió 9.000 pesos vía retiro sin tarjeta. Prometió los otros 11.000 para el día siguiente. Los extorsionadores exigieron más. “¿Y tus ahorros? ¿Y tu carro? Échale imaginación”. Se decían parte de La Unión Tepito.
Asustados, los Orozco empacaron cuatro camisetas y huyeron. Contrataron una mudanza para llevarse el carrito. Antes de irse, denunciaron en la Fiscalía. El hijo publicó una despedida en Instagram. Mencionó lo esencial: extorsión. El post se volvió viral.
El alcalde Mauricio Tabe, cliente habitual, contactó a la familia. Gracias a él, el caso llegó a la Dirección de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión de la policía capitalina. La investigación se activó. Era mediados de febrero.
Lo que vivió Rubén Orozco se clasifica como extorsión directa: presencia física, intimidación y una llamada que cierra la trampa. Este patrón se repite en miles de casos al año en México, pero pocos trascienden.
En Balderas, otra víctima. Antonio García (nombre ficticio), colocó una lona para vender herramientas. Le pidieron 50 pesos diarios “por permiso”. No pagó. Lo amenazaron. Denunció, pero prefirió no volver.
Según la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE), la extorsión es el tercer delito más común en el país. En 2023, 7 millones de personas fueron víctimas. Eso significa 780 cada hora, 13 por minuto.
Y sin embargo, el 96.7% de los casos no se denuncia. Por miedo. Por desconfianza. Por certeza de impunidad.
En México se extorsiona por todo: por vender tacos, tortillas, pollo o fruta; por abrir un negocio en el centro o en la periferia; por tener familia que manda dólares desde EE. UU.; por ser migrante o jornalero. La extorsión ha mutado en negocio, en estructura paralela, en sistema de cobros disfrazado de orden.
La historia de Rubén Orozco no es excepcional. Es una entre millones. Lo extraordinario es que denunció y habló. No se quedó en silencio. Huyó, sí, pero también visibilizó. Su mensaje viral, su caso, el apoyo institucional que recibió a posteriori, prueba que incluso en la oscuridad se puede empujar la puerta del miedo.
Pero no todos pueden. No todos saben cómo. No todos tienen la fuerza.
Hace siete años, la Secretaría de Seguridad Ciudadana creó una dirección especial para combatir la extorsión en la capital del país. Desde entonces, los esfuerzos han sido constantes, pero el problema persiste y muta. El jefe de la policía, Pablo Vázquez, reconoce que enfrentar esta forma de violencia requiere “madurez institucional”. Si todo marcha bien, dice, aumentarán las denuncias. Y en efecto, los números suben: en 2023 se registraron 2,288 casos, de los cuales 2,099 fueron extorsiones telefónicas. En apenas los primeros cuatro meses de 2024, ya van 519.
Las víctimas suelen enfrentarse a esquemas de presión bien orquestados, disfrazados de legalidad o ejecutados con brutalidad. En el corazón de la ciudad, en la colonia Guerrero, Joaquín Del Mazo –nombre ficticio– intentó abrir un negocio de comida. En plena remodelación, llegaron tres sujetos que dijeron ser de la alcaldía Cuauhtémoc. Le exigieron 25,000 pesos por “tirar cascajo en vía pública”, pero al final, liderados por un supuesto funcionario llamado Adán Valdez Serrano, aceptaron 3,500 pesos como “arreglo”. A cambio, dejaron números de celular. Por si acaso.
En otro punto, entre los toldos rojos y azules que tejen el mapa informal del Centro Histórico, la diputada local y lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios camina entre puestos ambulantes con su séquito. Cada color representa un territorio. En Cuauhtémoc, al menos 100 líderes de comerciantes se reparten las calles como si fueran parcelas. A cambio de cuotas, los vendedores reciben protección. De las autoridades, de otros líderes… o de ambos. “Sabemos muy claramente de dónde a dónde llega cada organización”, afirma Sánchez Barrios. No hay papel firmado. Sólo códigos. Pero 14 líderes han sido asesinados en la última década. Balaceras, motos, encapuchados. Nadie quiere meterse donde no debe.
Muchas de estas organizaciones han sido vinculadas con La Unión Tepito. “Cada líder tiene sus calles. A veces trabajan juntos. A veces se matan”, dice un alto mando policial. El cobro de piso, hoy cotidiano, comenzó como rumor durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. “Era un caos. La gente se iba de un día para otro, sin decir nada. La amenaza era suficiente”, recuerda Sánchez Barrios. Y lo sigue siendo. El relevo generacional es sangriento: menores de edad armados, que reemplazan a otros menores que murieron, una cadena sin fin.
En Iztapalapa, una extorsión telefónica casi desgarra a una familia. Un joven recibe una llamada: “Tenemos secuestrada a tu mamá”. Obedece las instrucciones de los extorsionadores, mientras su madre regresa a casa ajena al drama. Luego, a ella le dicen que tienen al hijo. El engaño es sofisticado, sostenido por datos personales recolectados al vuelo. Solo una intervención policial oportuna evitó una tragedia económica y emocional.
Los casos se acumulan. En una sala austera de la Secretaría de Seguridad, un hombre cuenta su historia entre titubeos. Durante la pandemia, su negocio quebró. Recurrió al préstamo informal, al sistema conocido como “gota a gota”. En meses, su deuda creció hasta los 80,000 pesos. Lo golpearon, amenazaron de muerte, y él huyó. Pero sus padres se quedaron. Por ellos, regresó. La policía lo escucha, lo orienta, lo convence de denunciar. La violencia es real, pero también lo es el miedo paralizante. “Lo que has venido haciendo no ha funcionado”, le dice una psicóloga. “Confía”.
Las represalias son un temor constante. “¿Y si el papá del que me amenaza trabaja en la Secretaría?”, pregunta. “Nosotros somos la Secretaría”, responden. Pero incluso funcionarios admiten que el sistema está hecho para desalentar la denuncia. “El hoyo negro es el sistema de justicia”.
Juana Ibarra, también nombre ficticio, es dueña de una papelería. Dos hombres con chalecos oficiales le piden dinero por supuestas irregularidades. Ella transfiere una parte. Al día siguiente regresan. Pero esta vez, ella exige credenciales, documentos. Los tipos se van. No regresan. Ella denuncia. En el recibo del banco aparece el nombre real del titular de la cuenta.
Rubén Orozco y su esposa también se sentaron en la sala gris. Contaron su caso, obtuvieron un “código águila”, vieron instalar una carpa de seguridad en su cuadra. Pero cuando la policía quiso revisar las cámaras, era tarde. Las imágenes se habían borrado: el sistema guarda grabaciones solo por días o semanas. Entonces buscaron los cajeros donde los extorsionadores habían cobrado los retiros sin tarjeta. Ahí vieron a una mujer, al coche que usaron: un Audi negro. Sin matrícula, pero con engomado visible. Era algo.
Los esfuerzos continúan, con recursos limitados y tecnología desigual. El jefe Jaguar, responsable de esta investigación, lo sabe. “Buscar una aguja en un pajar”, dice. Pero aun así buscan.
En la Ciudad de México, extorsionar es rutina. Lo extraordinario es resistir.
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