Por Miguel Villarello
Saltillo, Coahuila, MÁS. – Como es tradición al final de cada sexenio en Coahuila, el gobernador saliente, a escasos días de concluir su mandato, emite el decreto para otorgar fíat notarial a un selecto grupo de abogados. Aunque la creencia popular sugiere que esto constituye principalmente un pago de favores políticos, hay quienes sostienen que los beneficios se extienden a allegados a la administración o a familiares de funcionarios estatales y municipales, así como a políticos de la oposición por acuerdos específicos.
De acuerdo con una página electrónica de un colegiado notarial. El notario es un funcionario público del Estado que debe proporcionar a la ciudadanía la seguridad jurídica que promete la Constitución en su artículo IX en el ámbito del tráfico jurídico extrajudicial.
Al mismo tiempo, se trata de un profesional del Derecho que ejerce en régimen de competencia y, por esas cualidades, queda garantizada su independencia; más existe un dicho que indica que “los notarios compiten entre ellos en calidad, no en precios”.
El notario interviene en testamentos, poderes, constitución de sociedades y asociaciones, así como de aquellos cuyo objeto sean inmuebles como, por ejemplo, compraventas, donaciones, hipotecas, fideicomisos y adjudicaciones por herencia.
No obstante, existe plasmado en la ley que al Estado corresponde la función notarial y la vigilancia del cumplimiento de la ley del notariado, y que al Ejecutivo del Estado le corresponde nombrar a los notarios públicos.
REGISTROS
En Coahuila, según bases de datos consultados, existen más de 300 notarías en todo el estado. Sin embargo, la controversia surge al final de cada sexenio, ya que las postulaciones que son aprobadas provienen principalmente de altos funcionarios del gobierno.
Divididos en 8 distritos, en Coahuila hasta el 2022, de acuerdo con datos electrónicos consultados en la página del Gobierno del Estado de Coahuila http://www.notariascoahuila.gob.mx/new/DIRECTORIO%20PAGINA%20WEB.pdf y de la Secretaría de Gobierno (Segob), cuyo título es Notarios Públicos en el Estado de Coahuila de Zaragoza, había 332 notarías, algunas acéfalas, pero eran las menos.
A estas se sumaron las 63 entregadas por el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís para totalizar en 2023 las 395 notarías. Es importante destacar que, hasta principios del 2023, en Coahuila había 3 millones 146 mil 771 habitantes, lo que equivaldría a una notarías por cada 7 mil 966 personas.
SISTEMA
De acuerdo con consultas a funcionarios, la lista es propuesta por el colegio de notarios local, turnada al titular de la Secretaría de Gobierno y avalada por el mismo colegio de notarios; se dirige al Ejecutivo estatal para enviarla al Congreso y votarla.
Entre los requisitos, están el ser abogado, tener experiencia en litigación, cédula profesional, título y certificaciones, presentar dos exámenes y desembolsar, según quienes se postularon este año, alrededor de 950 mil pesos para estar en posibilidades de recibir dicho fíat notarial.
La controversia empieza en esta etapa, pues, entre quienes la aprueban en el Congreso local existen las opiniones encontradas, porque entre los postulantes el 80 por ciento aproximadamente sí cuentan con la experiencia y cumplen con todos los requisitos; mientras que el 20 por ciento, se calcula, se trata de personas recomendadas, familiares de funcionarios en activo o servidores públicos en funciones, pero, sin excepción, se les entrega el fíat.
Otro esquema de la controversia es que reiteradamente, se dice, una minoría de quienes reciben la licencia son considerados favores políticos.
Destacaron dos casos en la última entrega de fíat notariales por parte de la administración gubernamental que concluyó en noviembre pasado, en dicha lista se incluyó a una diputada de Morena y a un militante del PAN.
Y, a decir de diputados de oposición, ambas personas habrían estado realizando favores políticos al gobierno en turno; la primera por haber estado de acuerdo con propuestas de la administración priista y el segundo por haber empujado la coalición electoral PRI, PAN, PRD.
La historia registra otro dato más, se trata de un connotado periodista cuya columna se lee en periódicos de nivel nacional y quien hace varios sexenios recibió un fíat notarial del que se desconoce si lo tiene en funcionamiento, el mérito, haber promocionado en medios un gobierno hace varios sexenios.
Otro dato, proveniente de notarios entrevistados en el anonimato, es que, por cada 10 notarías que se entregan, al menos dos no están en funciones, sin embargo, conservan su licencia, que de esas mismas 10, cuatro son consideradas como favores políticos y el resto, es decir, seis sí cumplieron con todos los requisitos para ejercer como notarios públicos.
FUNCIONARIOS Y NOTARIOS
El primer incidente este año fue cuando “se filtró” la lista de futuros notarios.
En ella aparecían, por ejemplo, el Fiscal Anticorrupción, el director de un sistema educativo de bachillerato estatal, la titular del Instituto de la Juventud y hasta una diputada de Morena, Jesús Homero Flores Mier, Leonardo Jiménez y Lizbeth Ogazón Nava respectivamente.
También aparecía el panista Guillermo Anaya, quien en 2005 habría recibido su patente notarial, al igual que Karla Samperio Flores y Jesús de León Tello; sin embargo, Anaya Llamas, que era alcalde de Torreón, entonces renunció al fíat ante el escándalo que se originó.
Entre otros de los nombres que integran dicho listado estaban la titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, Azalea Maldonado Wong; la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez; un familiar del Fiscal General, Gerardo Márquez Guevara; Luis Manuel Saracho Cueto, familiar de Francisco Saracho Navarro, secretario de Educación; así como Mariana Rábago Mar, hermana del regidor por Saltillo Hugo Alberto Rábago Mar.
No obstante, a condición del anonimato, fuentes cercanas a grupos parlamentarios del Congreso reconocieron que la entrega de las notarías es vista tradicionalmente como “pago por favores políticos”.
Y mientras que la designación de Lizbeth Ogazón Nava, quien también es la representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal, fue sorpresiva entre los diversos grupos parlamentarios, otros legisladores opinaron que debería aplicarse un análisis del perfil a quienes se les entrega el fíat notarial y que varias de estas personas en el listado no contaban con estudios de Jurisprudencia.
TRAICIÓN
De aceptar la notaría la diputada Lizbeth Ogazón Nava, si es que la lista filtrada a distintos medios es verdadera, declaró el consejero de Morena, Raúl Yeverino, sería una traición a los principios del partido.
No obstante, insistir en lo fidedigno de la lista, que contenía 63 personas, muchas de ellas servidoras públicas en funciones tanto a nivel estatal como municipal, dijo haberse enterado, pues la noticia apareció en redes sociales.
Le ofrecen un fíat para una notaría pública, dijo, y dado el caso que esté en esa lista, Lizbeth Ogazón es una traición a Morena.
“Porque se es o no se es, y si se va para allá la diputada sería lamentable para Morena, es indecoroso y es fatal para la dignidad política”.
En cuanto al caso de Guillermo Anaya Llamas, del PAN, el actualmente regidor en Saltillo e integrante del Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, sostuvo el mismo comentario: una traición a los principios del PAN.
“Pero como dicen los abogados, ‘suponiendo sin conceder’, en caso de que la acepte, sería un error garrafal y traición a Morena”, concluyó Raúl Yeverino.
COSTOS
Este año, de acuerdo con la Ley de Ingresos estatal para el presente ejercicio, la cual fue aprobada en diciembre del 2022, los costos para una notaría son los siguientes: presentación de examen para obtener patente de aspirante a notario 62 mil 612 pesos, expedición de patente de aspirante a notario 84 mil 483 pesos, presentación de examen de selección para obtener la expedición de fíat notarial 104 mil 358 pesos, expedición de fíat notarial 522 mil 992 pesos y expedición de constancia de función notarial 844 pesos.
En total, por todo el trámite serían 774 mil 889 pesos.
Sin embargo, hay quienes sostienen que faltan otros requerimientos, por lo que estimaron que el desembolso se eleva a los 950 mil pesos.
OTROS SEXENIOS
Tras una investigación, los ejemplos sobran, pues al final de la administración de Enrique Martínez y Martínez en 2005 se promovió la entrega de 26 nombramientos notariales, entre los que destacaban los panistas Guillermo Anaya Llamas, alcalde de torreón, Jesús de León Tello y Karla Samperio Flores diputados locales, Ricardo Treviño y Rebeca Villarreal magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Abraham Cepeda, María Schober y Rodolfo Rábago.
A finales de noviembre del 2011 la administración encabezada por Jorge Torres López entregó 43 fíats notariales a funcionarios, exfuncionarios y familiares de servidores públicos como Fausto Destenave, Shamir Fernández Hernández, Blanca Nelly Guajardo, Ricardo Treviño, Sergio Almaguer, José Ramón Oceguera, Francisco Javier Almaguer Valdés, Jorge Luis Núñez, Luz María Díez de Urdanivia y Sergio Sisbeles, todos ellos servidores públicos durante dicha administración.
Por su parte, el sexenio de Rubén Moreira Valdez en noviembre del 2017 aprobó 81 fíats notariales, entre los que se contempló a 12 funcionarios públicos, 10 de nivel municipal y dependencias públicas, entre otros a Gregorio Pérez Mata, Alfonso Yáñez Arreola, Carlos Alberto Estrada y Federico Garza Ramos.
LOS 63
Al final de cuentas procedió la aprobación por mayoría legislativa y se concesionaron los 63 fíats notariales, no obstante, el voto en contra de 4 diputados de oposición por insistir con, que algunos fueron en cierta forma el pago de favores políticos.
Inclusive se informó que la aprobación no se puede hacer en particular y se tiene que aprobar los 63 fíats, ya que se trata de un decreto gubernamental.
Al respecto, Teresa Meraz García, de Morena, declaró que “algunas de las personas que van a recibir como premio un fíat están traicionando los principios a los que nos debemos y todavía falta que los juzgue la historia”.
Luz Natalia Virgil del PAN, comentó que algunos de los futuros notarios cuentan con trayectoria profesional y tienen un ejercicio notarial, mientras que otros no.
El independiente Rodolfo Walss Aurioles resaltó que en la lista había nombres de personas abogadas en el ejercicio del derecho que obtuvieron la notaría por mérito jurídico, pero que también estaban escondidas otras cuyo único mérito es político y les dan la notaría como premio a su lealtad y servilismo.
El decreto publicado contenía los 63 permisos de notaría: Víctor Manuel Ortega, Enrique Flores, Sergio Gerardo Ramírez, Armando Javier Prado, Juan Francisco Woo, Alejandro Javier Tejeda, Elena de Jesús Isaac, Ladislao Jorge Medina, Elsa Daniela Ortiz, Diego Siller, Jesús Gilberto Saracho, Francisco José Juaristi, Carlos Salomón Valdés, Alfredo Maynez, Rodrigo Antonio Valdez, Ignacio Emmanuel Elizondo, Cristóbal Orlando Rodríguez y Eduardo Sosa.
Seguidos por Gerardo Márquez, Adán Everardo Álvarez, David Quijano, Eliud Abib Cadena, Luis Salas, Isidro Tadeo Vargas, Alberto Gabriel Martínez, Alberto Aguirre, Raúl Fernando Tamez, Andrea Alejandra Avilés, Gerardo Verduzco, Edna Elizabeth Amavizca, Francisco de León, Alejandra Flores, José Guillermo Anaya, Yezka Garza, Sonia Villarreal, Jesús Homero Flores, Óscar Fernando Torres, Claudia Verónica González, Lizbeth Ogazón, Leonardo Jiménez y Mariana Rábago.
José Luis Villarreal, Luis Manuel Saracho, Carolina Faz, Sofía Estefanía Galán, Luis Ernesto Cortina, Angelina Lydia García, Azalea Maldonado, Gerardo Trejo, Elisa Molina, Ricardo Antonio Treviño, Ana María de la Peña, Jesús Francisco Aguirre, Anajulia Castro, María Begoña García, Brenda Liliana Herrera, María José López, Elsa Berenice Leza, Rodolfo Guerrero, Elisa María Lara, Luz Elena Órnelas, Luis Esteban Fernández y Efrén Cazares.
Entre los mencionados, figuraron Enrique Flores Ruiz, Armando Javier Prado Flores, Jesús Gilberto Saracho Ramírez, Francisco José Juaristi, Gerardo Márquez Martínez, Alberto Aguirre Flores, Francisco de León Tello y José Guillermo Anaya Llamas.
Además, Yezca Garza Ramírez, Sonia Villarreal Pérez, Jesús Homero Flores Mier, Lizbeth Ogazón Nava, Leonardo Jiménez Camacho, Mariana Rábago Mar, Luis Manuel Saracho Cueto, Azalea Maldonado Wong y Ricardo Antonio Treviño Campos.
OPACIDAD
Días después de conocerse públicamente la lista de los 63 fíats notariales el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández, en una reunión privada en Palacio de Gobierno tomó protesta a los nuevos notarios, acto protocolario que pudiera interpretarse como falto de transparencia, pues fue a puerta cerrada.
Horas después en la página oficial de la Secretaría de Gobierno del Estado en Twitter @SegobCoahuila fue publicada la noticia en la que se cita: “en representación del Gobernador el Secretario encabezó en Palacio de Gobierno la toma de protesta de los nuevos notarios. Con el compromiso de seguir haciendo de Coahuila un estado donde impere la legalidad y el orden social”.
SIN FUNCIONAR
Para que un notario comience a ejercer su función debe de dejar el cargo público que tiene, consideró Marco Zamarripa González del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna, al dar su opinión respecto de los servidores públicos y que, en funciones todavía, recibieron una notaría, por ejemplo, el caso del fiscal anticorrupción.
El directivo del CCI Laguna fue cuestionado respecto de la entrega de un fíat notarial, en este caso el que tuvo que ver con el fiscal Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier.
Y respondió que “lo más sensato es que debieron esperar a que terminaran sus encargos y dejar la función ¿por qué?, porque no pudieran activar la notaría siendo funcionarios”.
No obstante excusarse con, que a esa pregunta no tengo la respuesta adecuada, Zamarripa González declaró que, “como sociedad civil sí consideramos que cuando a alguien le otorgan un fíat notarial siendo funcionario, no va a operar esa notaría hasta que deje el cargo público”.