Ciudad de México, 06/12/24 (Más / IA).- Jueces y magistrados federales expresaron su preocupación por posibles riesgos de persecución contra personas juzgadoras, derivado de la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La reforma, avalada por el Senado, crea el Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo con facultades ampliadas para vigilar a los jueces y magistrados, lo que algunos han calificado como un enfoque de “policía judicial”.
“La capacidad pretendida para que los jueces de jueces revisen decisiones no para modificarlas o revocarlas, sino para sancionar a quien las toma, es un enfoque inédito y peligroso”, señaló el magistrado Juan José Olvera López durante una conferencia encabezada por integrantes del Poder Judicial.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) manifestó su total rechazo a esta reforma. En un comunicado, calificaron la figura de los agentes investigadores como una medida “desproporcionada y autoritaria” y aseguraron que impugnarán la ley por medios legales para defender la independencia judicial.
El magistrado Jorge Rogelio Alanís García criticó que estos agentes funcionen de manera similar a una policía, al ejercer vigilancia constante sobre los juzgadores. “Si tienes siempre a un policía vigilándote, se asume que actuarás contrario a derecho, lo cual contradice el principio de independencia judicial”, añadió.
Las tensiones se han intensificado tras las declaraciones de la ministra Lenia Batres, quien propuso exhortar a los jueces a desechar los juicios de amparo promovidos contra la reforma judicial. Según Batres, esta solicitud se fundamenta en el principio de supremacía constitucional, establecido el 31 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.
“El problema es que un órgano administrativo quiera ordenar a los jueces cómo resolver, lo que atenta directamente contra la independencia judicial”, afirmó el magistrado Olvera López. En respuesta, Batres señaló que el Consejo de la Judicatura Federal podría apercibir a los jueces con medidas administrativas si no acatan el acuerdo propuesto.
Actualmente, varios juicios de amparo están vigentes con suspensiones provisionales. “Estamos esperando las sentencias que determinarán si la reforma puede ser sometida a juicio de constitucionalidad y si respeta los cimientos del Estado de Derecho”, agregó Olvera López.
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar a juzgadores, será dirigido por cinco magistrados seleccionados mediante una elección en la que se han inscrito figuras cercanas al exministro Arturo Zaldívar y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los candidatos destacan Jaime Santana Turral y José Artemio Zúñiga Mendoza, asociados a Zaldívar, quienes previamente han enfrentado señalamientos por presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial. Asimismo, Celia Maya García, cercana a López Obrador y al partido Morena, busca uno de los puestos en el Tribunal.
Este órgano tendrá amplias facultades, como ordenar investigaciones por faltas graves, aplicar medidas cautelares y sancionar a quienes incumplan principios como la independencia, imparcialidad y profesionalismo. Su creación ha generado preocupación entre los juzgadores, quienes temen que las nuevas atribuciones puedan usarse como herramienta de control político o represalia.
La reforma ha provocado movilizaciones y protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial. La Jufed anunció que continuará su lucha legal contra las disposiciones que consideran contrarias a la autonomía del Poder Judicial.
“Lo que está en juego no es solo la independencia de los juzgadores, sino la vigencia del Estado de Derecho en México”, concluyó el magistrado Olvera López.