Jugando con pólvora

Por Marco Campos Mena

Desde hace décadas, la pirotecnia forma parte de las celebraciones que cierran el año y marcan las fiestas: luces, estruendos y explosiones que, para muchos, significan tiempos de felicidad y fiesta, pero detrás de ese brillo radiante y esos momentos de celebración, hay una realidad creciente que demanda más conciencia que nostalgia. Los datos son claros y escalofriantes, y contrastan con una costumbre que parece inocente.

En años recientes, algunas entidades del país han optado por prohibir o restringir severamente el uso de fuegos artificiales como respuesta a los riesgos que implican. Por ejemplo, el municipio Tehuacán, en el estado de Puebla, se convirtió en 2024 en la primera ciudad de México y América Latina en prohibir de manera definitiva la pirotecnia, tras una sentencia judicial (amparo 1587/2023) promovida por una organización ambientalista. El amparo ordenó que en el municipio esté prohibida la detonación de cohetes y fuegos pirotécnicos tanto en eventos oficiales, como también en privados o bajo cualquier circunstancia.

Otro caso reciente es el del estado Nuevo León, donde a finales de 2024 se publicó un decreto que prohíbe el uso de pirotecnia en eventos públicos, privados y espacios recreativos, y llama a los municipios a negar cualquier solicitud de “ferias del cuete” o de permisos para actos pirotécnicos. En este contexto, las autoridades notificaron que no existe actualmente permiso vigente para comercializar pirotecnia, lo que significa un endurecimiento real de la regulación.

No sólo sucede en ciudades aisladas, hay estados y municipios donde la prohibición o regulación ha comenzado a aplicarse en fechas específicas o de manera permanente. Por ejemplo, según un recuento reciente, la pirotecnia está restringida en la Ciudad de México bajo su Ley de Cultura Cívica: su uso sin autorización es considerado una infracción. En otros municipios del Estado de México, como Nezahualcóyotl o Valle de Chalco, se han aplicado prohibiciones de pirotecnia durante fiestas patrias o celebraciones decembrinas, sancionando a quienes vendan, distribuyan, almacenen o usen artefactos pirotécnicos. Incluso en municipios costeros como Rosarito, en Baja California, este 2025 se aprobó una norma municipal que prohíbe la venta, uso, almacenamiento y distribución de pirotecnia en todo el municipio.

Este avance normativo no es arbitrario: se basa en un conjunto de datos sobre accidentes, daños a la salud, al ambiente, al bienestar de animales y personas vulnerables, y en un creciente consenso de que la pirotecnia privada representa un riesgo estructural.

De 2003 a 2021, según registros de Cenapred y la Subdirección de Riesgos Químicos, en México se documentaron 649 accidentes relacionados con pirotecnia. En ese periodo, los años con más incidentes fueron 2019 y 2021 (84 accidentes cada uno), seguidos de 2020 (64) y 2017 (60).

Los accidentes con fuegos artificiales no son un asunto menor: a lo largo de varios años recientes, se han registrado decenas de defunciones y cientos de lesionados. Durante un lapso de seis años se documentaron al menos 172 explosiones en talleres u otros lugares, con aproximadamente 241 víctimas mortales y 894 personas con lesiones.

El grueso de las tragedias no ocurre en eventos regulados, sino en contextos clandestinos, fabricación o almacenamiento ilegal, casas particulares y mercados informales donde la regulación, la supervisión y la seguridad brillan por su ausencia.

Las víctimas muchas veces son niñas, niños y adolescentes. En las fechas de fiestas patrias y decembrinas, se dispara el número de quemaduras y accidentes: la población infantil es especialmente vulnerable. Las lesiones más comunes ocurren en las manos, los ojos, la cabeza y el rostro.

Estas estadísticas y tragedias explican o al menos justifican el por qué muchos municipios y entidades han decidido prohibir o restringir severamente la venta, almacenamiento y detonación de pirotecnia. La regulación no es dogma: es una respuesta al dolor, a las pérdidas humanas, a las vidas arruinadas en un instante de imprudencia.

Lamentablemente el día de ayer en Pesquería, Nuevo León, sucedió una de esas tragedias que nos recuerdan el por qué la pirotecnia tiene que estar prohibida. En la colonia Los Olmos explotó una casa donde la tenían almacenada, causando la muerte de, al menos, tres personas y dejando a varias heridas de gravedad, entre ellas, una víctima con quemaduras en el 100% de su cuerpo.

Estos ejemplos contemporáneos demuestran que la opción no es volver a un pasado sin restricciones, sino reconocer que la tradición puede evolucionar si queremos proteger vidas, salud y entorno.

Entonces, cuando digo que la pirotecnia, cuando se usa de forma privada, con fines recreativos, debería reservarse para espectáculos controlados, regulados, organizados con responsabilidad social, no lo hago desde la nostalgia por una prohibición absoluta. Lo digo desde la convicción de que la seguridad, el bienestar colectivo y el respeto al entorno valen más que cualquier estallido intangible en el cielo.

Si queremos conservar tradiciones, hagámoslo con responsabilidad. Si celebramos, que sea sin derramar sangre, sin incendios, sin lágrimas. Que la pirotecnia tenga sentido: el de celebrar sin destruir.