La Auditoría Superior de la Federación detectó más de 5,161 millones de pesos ejercidos de forma irregular al final del gobierno anterior. El 89% de las anomalías se concentraron en los gobiernos estatales
Ciudad de México, 24/10/25 (Más).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que durante 2024, último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ejercieron de manera irregular más de 5,161 millones de pesos del gasto público.
La cifra, aún preliminar y sujeta a aclaraciones, fue revelada como parte de la segunda entrega de informes de fiscalización correspondiente a ese ejercicio fiscal y pone en evidencia el persistente problema de opacidad y uso indebido de recursos públicos en distintas entidades del país.
De acuerdo con información del medio El País, el mayor quebranto financiero detectado se localizó en el estado de Veracruz, que hasta ese año era gobernado por el morenista Cuitláhuac García, actual funcionario en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tan solo en ese estado, la ASF observó irregularidades por 1,078 millones de pesos, la mayoría provenientes del sector salud. De esa cantidad, 730 millones corresponden al programa de medicamentos gratuitos, donde el órgano fiscalizador no halló evidencia documental de que los insumos médicos hayan llegado a los beneficiarios. Además, se encontraron contratos incumplidos, pagos excesivos, prestaciones no autorizadas e incluso erogaciones a trabajadores sin relación laboral comprobada.
El caso de Veracruz es particularmente delicado porque, además de las irregularidades en la aplicación de los recursos, la ASF concluyó que el gobierno estatal falseó la información presupuestaria enviada a la Secretaría de Hacienda. Así se desprende de los registros contables y presupuestarios proporcionados por los Servicios de Salud de Veracruz al 31 de diciembre de 2024. No obstante, en enero de este año, la presidenta Sheinbaum calificó al exgobernador como “un hombre honesto y consecuente” y lo nombró director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), cargo que actualmente ocupa.
En su presentación ante la Cámara de Diputados, el auditor superior, David Colmenares, precisó que el 89% de las irregularidades detectadas se concentra en los gobiernos estatales, mientras que solo el 11% corresponde a entidades del Gobierno federal.
En este último grupo destaca el Consejo de la Judicatura Federal, que acumula observaciones por 272 millones de pesos relacionados con servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento e impresión digital que no pudieron ser comprobados con documentación válida. Entre ellos, destacan 21 millones por servicios de seguridad no acreditados, 49 millones en mantenimiento sin respaldo y 201 millones por soporte tecnológico cuya ejecución no se demostró.
Otras dependencias federales también figuran en la lista de observaciones. La Secretaría de Marina no ha justificado casi 63 millones de pesos vinculados a proyectos portuarios, mientras que la Secretaría de Gobernación presenta un faltante por 10 millones de pesos en el Instituto Nacional de Migración. En este caso, la ASF apuntó a deficiencias en los procesos de contratación y en la capacidad técnica del personal asignado a servicios de ciberseguridad y protección de información.
El grueso de los recursos sin aclarar, sin embargo, proviene del gasto federalizado: más de 4,607 millones de pesos transferidos a estados para cubrir áreas como salud, educación, infraestructura y pensiones. El 35% de esta suma corresponde directamente a servicios sanitarios, mientras que el resto involucra nóminas de profesores, obras en zonas marginadas, manejo de deuda pública y programas de saneamiento financiero. La propia Secretaría de Salud federal no ha explicado aún el uso de 19.6 millones de pesos.
Después de Veracruz, los estados con más irregularidades detectadas en el uso del gasto público en 2024 fueron Hidalgo (583 millones de pesos), gobernado por Julio Menchaca; Chiapas (472 millones), en el último año del mandato de Rutilio Escandón, hoy cónsul en Miami; y Durango (390 millones), encabezado por Esteban Villegas, del PRI. En contraste, los gobiernos estatales de Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no presentan observaciones en este informe, por lo que Colmenares reconoció “el esfuerzo y los resultados obtenidos en esta etapa”.
El informe de la ASF reitera que las observaciones aún pueden ser solventadas por los entes fiscalizados, sin embargo, las cifras preliminares reflejan una continuidad en las malas prácticas administrativas al cierre del sexenio anterior, en especial en áreas prioritarias como salud.
La vigilancia del ejercicio del gasto público se mantendrá bajo observación durante los primeros años del nuevo gobierno, donde el combate a la corrupción ha sido uno de los compromisos reiterados. Mientras tanto, las irregularidades detectadas alimentan cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso anticorrupción de la administración saliente y los resultados de la gestión en sus últimos meses.
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