“Ir contra los corruptos es ir contra el crimen organizado”: Deja presidenta el Sistema Nacional Anticorrupción

La crisis del Sistema Nacional Anticorrupción quedó expuesta tras la salida de Vania Pérez Morales, quien advierte que el organismo opera prácticamente desmantelado y sin capacidad real para enfrentar la corrupción de alto nivel. La exfuncionaria denunció presiones, amenazas y falta de protección institucional

Redacción Más

La salida de Vania Pérez Morales de la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción deja al descubierto, de acuerdo con su propia evaluación, uno de los momentos más críticos para la política anticorrupción en el país, en un contexto donde, advierte, combatir a funcionarios de alto nivel implica también enfrentarse a redes del crimen organizado.

De acuerdo con un trabajo publicado por El País, la ahora expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción sostiene que el combate a la corrupción atraviesa sus horas más bajas, pese a que los escándalos se han multiplicado en los últimos años. A su salida, el organismo queda prácticamente sin integrantes operativos y con una estructura debilitada que, en su opinión, ya no cumple con la función para la que fue creado.

Pérez Morales, doctora en ciencias políticas, afirma que su gestión estuvo marcada por presiones, descalificaciones y amenazas, luego de impulsar investigaciones sobre presuntas irregularidades patrimoniales de servidores públicos de alto nivel, entre ellos el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. “Meterse con una gobernadora, con un exgobernador o con servidores públicos de alto nivel, no solo es meterse con la corrupción, es meterse con las redes del crimen organizado y, te ponen el dedo”, señaló.

La exfuncionaria sostiene que la falta de garantías de seguridad tras dejar el cargo la ha llevado a considerar el exilio como una opción, ante mensajes intimidatorios recibidos tanto desde cuentas anónimas en redes sociales como desde autoridades que, asegura, le advirtieron: “¡Elegiste la guerra, cuídate!”. Por ahora, explicó, se refugiará en la academia mientras define su futuro.

En su balance, Pérez Morales recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción fue creado en 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como respuesta a casos emblemáticos de corrupción y a una demanda social de combatir la impunidad. Entre los escándalos que detonaron su creación mencionó la llamada Casa Blanca, la Estafa Maestra y los casos de exgobernadores que dejaron el poder con fortunas millonarias.

A su juicio, el sistema hoy carece de una política de Estado en materia anticorrupción y ha perdido capacidad para articular acciones que también atiendan la relación entre corrupción, crimen organizado y seguridad. Además, consideró que, con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, no está garantizado el derecho de acceso a la información.

Pérez Morales reconoció que el modelo que colocó a ciudadanos al frente de los comités buscaba evitar la captura política del sistema, pero afirmó que en la práctica, en diversas entidades, los comités trabajan alineados con los gobiernos locales. “Si seguimos teniendo instituciones a modo que trabajan solo para un gobierno o un partido, estamos predestinados a que nada se pueda evaluar”, afirmó.

También recordó que, en sus primeros años, el Comité de Participación Ciudadana impulsó investigaciones sobre casos como Odebrecht y Pegasus, pero que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se desestimó el trabajo previo bajo el argumento de que los asuntos del pasado no debían continuar. Según su relato, el sistema se mantuvo de forma testimonial para cumplir compromisos internacionales, como los establecidos en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Sobre el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción, la exfuncionaria dijo esperar que no desaparezca. Informó que, junto con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una iniciativa de reforma orientada a fortalecer sus capacidades, sancionar a las instituciones que no cumplan con su labor, seguir el rastro del dinero y recuperarlo. Sin embargo, advirtió que, tras su salida, únicamente queda un integrante en el comité, lo que hace inviable operar una estructura que involucra a más de 300 autoridades.

En cuanto a la voluntad política para rescatar al sistema, señaló que percibe mayor apertura en el actual Poder Ejecutivo y en el Legislativo, y recordó que durante el proceso electoral buscó a los tres candidatos presidenciales para presentarles una agenda anticorrupción, pero únicamente Claudia Sheinbaum aceptó recibirla.

Respecto a la queja presentada contra Adán Augusto López por presunto huachicol fiscal, Pérez Morales afirmó que no ha tenido respuesta alguna y que ni siquiera existe un acuse de recibido. Subrayó que la falta de seguimiento a las denuncias sigue siendo uno de los mayores pendientes, ya que muchas personas no denuncian por desconfianza en las autoridades y por temor a represalias.

Aunque reconoció que en los últimos años se ha incrementado el número de denuncias por corrupción, advirtió que ello responde, en buena medida, a que existen más mecanismos para presentarlas, no necesariamente a una mayor eficacia institucional. Indicó que las cifras negras en México alcanzan 97%, y que únicamente el 0.2% de los casos termina en una sentencia firme.

En su evaluación, los principales pendientes para avanzar en resultados concretos son la protección de víctimas, la recuperación de los recursos desviados y la obtención de sentencias rápidas. “El rastro del dinero es la clave”, subrayó.

Pérez Morales consideró que existen ámbitos de corrupción que han recibido poca atención pública y que deben ser investigados, como el manejo de recursos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Conacyt, el Instituto Politécnico Nacional, el Infonavit, la Comisión Federal de Electricidad, los programas sociales y las redes de corrupción en Caminos y Puentes Federales.

Sobre las represalias durante su gestión, afirmó que varias autoridades dejaron de comunicarse con ella y de asistir a las sesiones del sistema, además de recibir advertencias para no convocar a los medios de comunicación. También relató que un servidor público le sugirió buscar un cargo con fuero, insinuando que podría enfrentar procesos penales por su trabajo.

Entre los episodios que más la marcaron, mencionó la solicitud de separación del cargo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y una serie de mensajes recibidos en redes sociales que la alertaban de un posible atentado en su contra. Señaló que, tras consultar la posibilidad de solicitar protección, una autoridad le respondió que “la mayoría de las personas que solicitan protección son a las que matan”, lo que calificó como inadmisible.

“Sí temo por mi vida”, afirmó. Insistió en que, en México, investigar a funcionarios de alto nivel no solo implica enfrentar actos de corrupción, sino también estructuras criminales. Aseguró que, por ahora, el acompañamiento de los medios de comunicación es su principal mecanismo de protección.

Aunque no descarta solicitar asilo político, explicó que no desea abandonar el país ni convertirse en una figura exiliada. Reconoció que ha tenido acercamientos con autoridades de otros países, particularmente de Estados Unidos, pero que aún no ha tomado una decisión definitiva. Mientras tanto, su familia, dijo, vive con temor ante el escenario que enfrenta tras dejar la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción.