La FGR rastrea una red de extorsión presuntamente operada desde institución pública, en posible coordinación con cárteles como el CJNG y Guerreros Unidos, que exigía pagos mensuales a miles de gasolineras. Un testigo clave reveló detalles sobre reuniones, amenazas y vínculos con el crimen organizado
Redacción Más
La Fiscalía General de la República investiga una presunta red de extorsión operada desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en posible coordinación con organizaciones del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos.
La indagatoria, revelada por La Silla Rota, señala como posibles implicados a altos exfuncionarios de las administraciones anteriores del organismo, entre ellos los extitulares Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero.
La carpeta de investigación FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024 fue abierta por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. En ella figuran al menos veinte exservidores públicos distribuidos en dos grupos, identificados como los “Guanajuatenses” y el “Grupo Monterrey”.
Sheffield es actualmente senador por Morena, mientras que Aguilar Romero estuvo al frente de Profeco hasta el 30 de octubre de 2024. Su paradero actual es desconocido.
Un excolaborador de ambos funcionarios, identificado como “Pablo”, declaró ante el Ministerio Público el 5 de febrero de 2025 y se convirtió en testigo clave del caso. Afirmó que existe una red de funcionarios que exigía cuotas mensuales a alrededor de seis mil estaciones de gasolina en el país. De acuerdo con su testimonio, cuando los empresarios no accedían a pagar las “vacunas”, eran amenazados por sicarios o exhibidos públicamente en el programa “Quién es quién en combustibles”.
El testimonio también señala a Sergio Arturo Iturbe, exdirector de la Oficina de Defensa del Consumidor en Guerrero, como presunto operador financiero en esa entidad, en colaboración con Guerreros Unidos.
Otro nombre mencionado es el de Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador general de Administración, quien supuestamente coordinaba con el Cártel Santa Rosa de Lima para la logística del cobro de “moches”. Según “Pablo”, Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora de Verificaciones y actual diputada de Morena, le comentó que el CJNG le brindaba protección a cambio de una parte del dinero recaudado.
Con base en estas declaraciones, la FGR solicitó la intervención de comunicaciones de varios implicados y realizó entrevistas a trabajadores de gasolineras en Ciudad de México y el Estado de México. En una de estas acciones, se identificó a tres personas –Arturo N, José de Jesús N, alias “El Pelón”, y Miguel N– como presuntos responsables de cobrar entre 20 y 25 mil pesos mensuales por estación, con base en el número de sucursales operadas por cada empresario.
Las cuotas exigidas eran registradas en hojas de Excel que, según el testigo, eran compartidas directamente con Sheffield y posteriormente con Aguilar Romero. A cambio de los pagos, se les notificaba con anticipación sobre visitas de verificación o se evitaba inmovilizar las bombas por supuestas irregularidades administrativas.
Una de las declaraciones de “Pablo” describe una reunión en septiembre de 2023 en el departamento de Sheffield. En ella, David Aguilar Romero llevó una tarjeta informativa para coordinar la distribución del dinero, debido a que Sheffield se preparaba para iniciar su precampaña a la gubernatura de Guanajuato.
La FGR también cuenta con capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y Aguilar Romero, en las que se compartían listas de estaciones que habían cumplido con los pagos exigidos. Estas pruebas fueron integradas a la carpeta de investigación junto con informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como el documento SSPC/CONASE/AI/0260/2025.
En otra línea de investigación, un trabajador de una gasolinera en Iztapalapa relató que fue amenazado por un presunto inspector de Profeco identificado como Arturo N, quien exigía hablar con el encargado del negocio para “evitar con estarlos chingando con más visitas” y advirtió que, de no hacerlo, “se lo iba a chingar” con la suspensión de actividades.
Los empresarios gasolineros han denunciado desde hace años esquemas de extorsión presuntamente impulsados en conjunto por miembros del crimen organizado y funcionarios públicos. Aunque en 2022 se registraron algunos ceses de personal tras denuncias internas, la investigación de la Fiscalía indica que el esquema se mantuvo en funcionamiento. Consultado por La Silla Rota, el exprocurador Ricardo Sheffield negó tener conocimiento de la investigación y afirmó que no ha sido notificado por ninguna autoridad. La investigación continúa abierta, mientras la Fiscalía recaba más testimonios y analiza las pruebas presentadas por el testigo colaborador.
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