Por Leopoldo Maldonado
Entre las múltiples implicaciones del caso Adán Augusto-La Barredora, está lo revelado desde 2022 con las filtraciones del colectivo Guacamaya. La Secretaría de la Defensa Nacional tenía conocimiento detallado de las operaciones de «La Barredora», del liderazgo criminal de Hernán Bermúdez en Tabasco, y de las intenciones de ese grupo de infiltrarse en contratos ligados al Tren Maya mediante la venta de huachicol.
Todo esto –a partir del análisis del periodista José Luis Montenegro– fue deliberadamente ocultado al entonces presidente López Obrador, por lo menos en el contexto de una de sus visitas de descanso a Tabasco y Chiapas, a finales de 2021. Cuando se hizo pública esta información en 2022, AMLO respondió rápidamente. Desestimó las fichas de inteligencia militar, defendió a su entonces Secretario de Gobernación y declaró que Adán Augusto era “un hombre íntegro”. La exculpación fue inmediata, sin mayor investigación ni seguimiento. En lugar de abrir una línea de investigación, el Presidente cerró el caso con una declaración política dirigida a atacar a quienes publicaron a partir de las fichas de inteligencia militar filtradas.
No se trató de un error ni de una omisión técnica. Se trató de una decisión política sobre qué se hace con la información obtenida mediante inteligencia militar. Esa decisión revela algo inquietante: en México, la inteligencia no se usa para prevenir el crimen, sino para administrarlo.
Durante años se nos ha dicho que el país carece de información confiable sobre el crimen organizado. Pero estos documentos demuestran lo contrario. La Sedena no sólo conoce las rutas, estructuras y operadores del crimen; también registra sus planes, sus vínculos políticos y sus estrategias de penetración institucional. ¿Por qué, entonces, no actúa?
La respuesta no está en la capacidad, sino en el uso político de la inteligencia. En qué se filtra, qué se archiva, qué se manipula y qué se entierra. En manos de una estructura sin contrapesos, la inteligencia deja de ser herramienta de Estado y se convierte en instrumento de poder. No se actúa contra La Barredora, no porque no se pueda, sino porque no conviene.
Esto ocurre después de que el Congreso aprobó reformas para ampliar las facultades de las autoridades –incluidas las militares– en materia de investigación e inteligencia. Nuevas leyes que permiten el acceso masivo a datos personales, la interconexión de bases de datos y la vigilancia extendida sin controles efectivos. En teoría, se busca combatir el crimen; en la práctica, se refuerza un aparato de inteligencia cuya función histórica no ha sido es proteger a la ciudadanía, sino blindar al régimen.
La paradoja es brutal: el Estado sabe, pero no actúa. La Sedena conoce los movimientos criminales, pero no los enfrenta. La inteligencia se acumula, pero no se traduce en justicia. ¿Entonces, inteligencia para qué? Para sostener una narrativa. Para seleccionar a quién sí y a quién no se persigue. Para ejercer el poder desde la sombra, sin rendir cuentas.
Si la inteligencia sigue siendo opaca, si se administra con lógica política y no bajo principios de legalidad y garantizando derechos, entonces es un riesgo para la ciudadanía.
La pregunta no es sólo qué sabe el Gobierno, sino por qué lo oculta. Y, sobre todo, para qué lo usa. Queda claro que no para nuestra seguridad.