Ciudad de México, 06/06/25 (Más).- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que su administración insistirá en la demanda civil contra fabricantes de armas en Estados Unidos, a pesar de la reciente desestimación del caso por parte de la Corte Suprema de ese país.
La mandataria aseguró que continuará con la acción legal junto al equipo de abogados encargado del caso y reafirmó su compromiso de trabajar con el gobierno estadounidense para frenar el tráfico de armas hacia México.
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta expresó su inconformidad con el fallo judicial, que argumentó una “falta de relación” entre los fabricantes y el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano.
“Vamos a seguir insistiendo con el cuerpo de abogados que está asesorando esta demanda. Y, al mismo tiempo, seguir trabajando con el gobierno de Estados Unidos que, por primera vez, reconocen la importancia de que ellos participen en disminuir el paso de armas de Estados Unidos a México”, declaró desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la demanda con el argumento de que no existe un vínculo directo entre la producción de armas en ese país y su tráfico hacia México. Según la cadena NBC News, este criterio está amparado en las protecciones que otorga la legislación federal norteamericana a los fabricantes de armas.
La mandataria mexicana señaló que, pese a esta resolución, todavía se mantiene activa una segunda demanda contra las distribuidoras y puntos de venta de armamento. “Queda otra demanda pendiente. Esta era contra las productoras de armas… queda otra demanda que es a las distribuidoras y las que venden las armas”, afirmó.
La presidenta indicó que este tema podría ser abordado durante la próxima visita del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, quien previamente se desempeñó como embajador en México durante el primer mandato del expresidente Donald Trump. Se prevé que el encuentro tenga lugar la próxima semana en Palacio Nacional.
La posición del Gobierno Federal coincide con el comunicado emitido el miércoles por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que también expresó su desacuerdo con el fallo del tribunal estadounidense. En el documento, la cancillería reiteró que los fabricantes demandados tienen cierto grado de responsabilidad en el flujo de armas hacia México y anunció que continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos a su alcance.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas”, se lee en el comunicado oficial.
El gobierno mexicano sostiene que las armas fabricadas y vendidas legalmente en Estados Unidos terminan, en muchos casos, en manos del crimen organizado mexicano, facilitando la violencia y la inseguridad en el país. Esta situación ha sido tema recurrente en las relaciones bilaterales y forma parte de una estrategia legal y diplomática impulsada desde 2021.
En apoyo a esta línea, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, elogió los esfuerzos de la administración de Sheinbaum en materia de combate al tráfico ilegal de armas. También reiteró que el actual gobierno de Estados Unidos mantiene el compromiso de cooperar para frenar el flujo de armamento en la frontera común.
Las acciones del Gobierno de México han consistido en demandas civiles en tribunales estadounidenses contra fabricantes y distribuidores de armas, en un intento por responsabilizarlos del impacto que su producción y comercialización tienen en la violencia en territorio mexicano. Las autoridades mexicanas han argumentado que las empresas conocen los riesgos del desvío de sus productos hacia mercados ilícitos y que deberían implementar medidas más estrictas de supervisión y rastreo.
El gobierno federal ha insistido en que esta ruta legal es parte de una estrategia más amplia para combatir la violencia armada en México y responsabilizar a los actores que, directa o indirectamente, la alimentan. Pese a los obstáculos jurídicos en el sistema estadounidense, tanto la presidencia como la SRE han reiterado su intención de agotar todas las vías posibles para avanzar en la causa.
Mientras tanto, la segunda demanda –dirigida contra las distribuidoras y comerciantes de armas en Estados Unidos– sigue su curso en los tribunales, con expectativas de que pueda abrir una nueva oportunidad para debatir la corresponsabilidad de actores comerciales en el tráfico de armas hacia México.
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