Ciudad de México, 8 ene.- Personas indígenas privadas de la libertad en México permanecen en una situación de indefensión al enfrentar procesos penales sin intérpretes que hablen su lengua materna, lo que les impide comprender los cargos, declarar adecuadamente y ejercer su derecho a una defensa efectiva, según una investigación publicada por Animal Político.
El reportaje documenta que miles de indígenas han sido detenidos, procesados y sentenciados sin contar con intérpretes durante ninguna etapa del procedimiento judicial, a pesar de que la Constitución mexicana y tratados internacionales obligan a las autoridades a garantizar este derecho cuando una persona no domina el español.
En entidades como Chiapas, al menos 42 por ciento de las personas indígenas encarceladas no tuvo acceso a un intérprete en ningún momento de su proceso penal. Esta omisión se repite en otros estados del país y afecta principalmente a hablantes de lenguas originarias que no saben leer ni escribir en español.
La falta de intérpretes provoca que muchas personas firmen declaraciones que no comprenden, acepten cargos sin conocer sus consecuencias legales o enfrenten audiencias sin entender las acusaciones ni las pruebas en su contra, lo que deriva en sentencias injustas o penas desproporcionadas.
El reportaje también revela que la carencia de intérpretes suele ir acompañada de una ausencia de abogados que hablen lenguas indígenas, lo que agrava la vulnerabilidad de los acusados y limita seriamente sus posibilidades de defensa.
Aunque existen esfuerzos institucionales y civiles para formar intérpretes en lenguas indígenas, estos resultan insuficientes frente a la diversidad lingüística del país y la magnitud del problema. México cuenta con decenas de lenguas originarias y miles de personas que no dominan el español, especialmente en comunidades rurales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta situación constituye una violación sistemática al acceso a la justicia y refleja una discriminación estructural dentro del sistema penal, donde la barrera del idioma se convierte en una condena adicional para las personas indígenas privadas de la libertad.