Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 20/01/2026 (Más).- Empresas en Coahuila incumplen con la presentación de la Cédula de Operación Anual (COA), un instrumento obligatorio desde 2012 que permite medir el impacto ambiental de sus procesos productivos, reconoció la secretaria del Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza, al señalar que uno de los principales retos es lograr que los sujetos obligados cumplan con este requisito.
La funcionaria explicó que la COA es clave para conocer la congruencia entre lo que producen las empresas, los residuos que generan y el destino final de los mismos, así como el impacto que tienen en el aire, el suelo y el agua. “Lo que no se mide no se mejora”, afirmó, al destacar que este mecanismo busca consolidar a Coahuila como un estado sustentable y que cumple con la normatividad ambiental.
La secretaria recordó que este trabajo inició desde 2012 a través de la Comisión de Operación Anual y que incluso se han realizado esfuerzos para implementar esquemas municipales, con antecedentes en Ramos Arizpe y Torreón, mientras que actualmente Saltillo avanza en este proceso. “De lo que se trata es que haya congruencia entre lo que se está generando, lo que se produce y a dónde van a dar estos residuos”, puntualizó.
En cuanto a las empresas con mayor impacto ambiental, aclaró que aquellas que cuentan con chimeneas visibles son de competencia federal, mientras que al estado le corresponde supervisar los residuos de manejo especial, como tarimas, cartón o papel, además del impacto de los procesos industriales. “Lo que nos corresponde a nosotros son los residuos de manejo especial y el impacto al aire, al suelo o al agua de proceso”, explicó.
Sobre el costo del trámite, detalló que actualmente es de 693 pesos, tras un ajuste del 4% correspondiente a la inflación, sin incrementos adicionales en derechos o impuestos. Comparó que en otros estados, como la Ciudad de México, el trámite es gratuito, mientras que en Nuevo León puede alcanzar los 10 mil pesos, por lo que no descartó que el monto en Coahuila pueda revisarse más adelante.
Respecto a las sanciones, advirtió que la consecuencia más grave para quienes no cumplen es la pérdida de autorizaciones. “La sanción más visible, y la que menos quieren ver las empresas, es que pierden sus autorizaciones como generadores, transportistas o destinos finales de residuos”, señaló.
Susana Estens reconoció que persisten retos en la vigilancia, como la existencia de explotaciones ilegales y empresas que operan sin permisos, por lo que se ha fortalecido a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec) con más inspectores y capacitación en todas las regiones. Además, destacó el uso de nuevas tecnologías, como drones, para medir con mayor precisión la extracción de materiales pétreos y contrastar los reportes oficiales con la realidad.
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