Saltillo, Coahuila, 06/01/26 (Más).- Cerca del 30 por ciento de los centros de rehabilitación en la región Sureste del estado no cumplen con la normatividad vigente, de acuerdo con un censo de la Jurisdicción Sanitaria número 8.
La dependencia estatal ha iniciado una serie de supervisiones y mesas de trabajo con propietarios de estos establecimientos, con el fin de avanzar en su regularización y garantizar la seguridad sanitaria de los pacientes.
La información fue dada a conocer por el portal Vanguardia, que recogió declaraciones de Raymundo Zamarripa, jefe jurisdiccional, quien explicó que existen alrededor de 60 anexos en la zona bajo su supervisión.
De ese total, estimó que aproximadamente el 70 por ciento cumple con la documentación y lineamientos requeridos, mientras que el resto permanece en situación irregular. “Yo creo que el 70% son los que están cumpliendo hasta ahora con toda la papelería y la normatividad vigente”, declaró el funcionario.
Zamarripa indicó que, ante los nuevos lineamientos aprobados por el Congreso del Estado, se organizarán reuniones con directores y asociaciones de anexos para revisar las modificaciones y asegurar su cumplimiento.
Señaló que este acercamiento tiene como objetivo elevar los estándares de operación y garantizar que todos los espacios cuenten con condiciones adecuadas para la atención de personas con problemas de adicción.
El funcionario también reveló que ya se han aplicado sanciones en la región debido al incumplimiento de algunos centros. “La verdad es que hemos tenido que suspender algunos de ellos por falta de cumplimiento de este tipo de normas”, explicó.
Además agregó que las sanciones se imponen con base en un tabulador estatal y se ajustan a la gravedad de cada caso, con el propósito de proteger a la ciudadanía.
En ese sentido, recordó que la jurisdicción actúa como una instancia de aplicación administrativa y no únicamente de supervisión. Destacó que la intención de estas medidas es fomentar la responsabilidad entre los propietarios y asegurar que los usuarios reciban atención digna, segura y profesional.
Finalmente, Zamarripa recomendó a las familias que verifiquen que los anexos cuenten con los elementos básicos para operar legalmente, como el aviso de funcionamiento, personal capacitado por la Comisión Nacional contra las Adicciones y, sobre todo, un servicio médico formal. Subrayó la importancia de que cada paciente sea valorado por un profesional antes de ser admitido. “Que todas las personas que entren a un anexo tengan una valoración médica para poder saber cómo se les va a tratar y prevenir cualquier tipo de complicación”, concluyó.
Los establecimientos residenciales dedicados a la atención de adicciones suelen ser llamados “anexos” debido a su origen en los grupos de ayuda mutua vinculados a Alcohólicos Anónimos, los cuales comenzaron a habilitar espacios adicionales para alojar a personas que necesitaban un proceso de internamiento más prolongado que el ofrecido en las reuniones regulares. Con el paso del tiempo, esta denominación se extendió para identificar a estos sitios que funcionan como extensiones comunitarias y que, en muchos casos, operan de forma informal, sin controles clínicos ni una regulación estricta, diferenciándose así de las clínicas de rehabilitación profesionales.
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