La obra iniciada por el sexenio de Peña Nieto debía inaugurarse en 2017, pero acumuló retrasos y señalamientos de mala planeación
ANIMAL POLÍTICO. – Casi seis años después de la fecha en que debió terminarse la obra, y con toda una ‘carga’ de irregularidades, retrasos y fallas en el proyecto, se inaugurará este viernes un primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, el de Zinacantepec a Lerma. El Tren comenzará a operar incompleto, ya que solo funcionarán cuatro de siete estaciones contempladas en los 57.7 kilómetros de recorrido, con la expectativa que en marzo del 2024 ya estén listos todos los tramos.
El proyecto que pretende beneficiar a 230 mil personas al día se presentó en 2014, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. En ese entonces se dijo que estaría listo en diciembre de 2017 y con un costo estimado de 38 mil 608.9 millones de pesos, según este documento de la Auditoría Superior de la Federación.
Pero casi una década después, y luego de que instancias como la Auditoría Superior de la Federación señalaran diversas fallas en la planeación –como no consultar a los habitantes de las zonas donde pasaría la obra para prevenir protestas y juicios que suspendieron en distintos momentos la construcción-, se anticipa que la obra termine costando por lo menos 110 mil millones, es decir, un 186% más de lo proyectado.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refieren que a partir del 2020 y hasta el 2023 un 81.42 de los recursos destinados al proyecto provinieron del Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN (81.42%), y el resto del gasto lo ejecutó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Para 2024, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé destinar a la obra 4 mil millones de pesos, incluyéndola entre los “proyectos prioritarios”.
Desde el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) refirió que de acuerdo con el análisis costo-beneficio la obra dejaría de ser rentable si había un incremento superior al 50% en la proyección original.
Y aunque ya se ha rebasado ese porcentaje, por mucho, la administración de López Obrador decidió impulsar su conclusión, refiriendo que ya se había gastado demasiado.
Respecto al sobrecosto y otras irregularidades, quien era titular de la Secretaría de la Función Pública en 2019, Irma Eréndira Sandoval, dijo en ese entonces que había investigaciones abiertas, sin embargo, hasta la fecha no se conoce de funcionarios sancionados por lo ocurrido con el Tren.
La obra iniciada por el gobierno del priista Enrique Peña Nieto debía inaugurarse en 2017, pero acumuló retrasos y señalamientos de mala planeación.
Elaboración propia con datos de la SHCP sobre el gasto ejercido en el Tren Interurbano México- Toluca.
RETRASOS, OPACIDAD E IRREGULARIDADES
La idea del proyecto de conectar al Valle de Toluca con el antiguo Distrito Federal se anunció el primero de diciembre del 2012 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y desde entonces hubo varios cambios y retrasos.
El proyecto de la construcción del Tren interurbano muestra 37 contratos que se firmaron hasta agosto del 2018, mismos que aparecen en la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aunque después de esa fecha no existen contratos registrados en la actual Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En 2014 se registraron cuatro modificaciones del proyecto, que van desde ajuste presupuestal y plazos en entrega de trabajos, y liberación de derechos de vía para los tramos 1 y 2, así como la modificación para agregar cláusulas.
Mientras que en 2015, se refirieron cambios en la elaboración de ingeniería básica en tramo 1, además de una suspensión de trabajo durante 389 días naturales, debido al conflicto con los pobladores, ajuste de programa de ejecución y una ampliación adicional, así como un ajuste de gerencia de proyecto que provocó la adjudicación directa de un contrato con la empresa Senemex Ingeniería y Sistemas SA de CV.
En el último año de la administración peñista, para el tramo 4 se modificaron especificaciones técnicas así como el programa de ejecución de trabajos, lo que volvió a aplazar el tiempo de entrega.
En 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que no estaba claro el destino de mil 102 millones 29 mil 500 pesos destinados a la obra, así como fallas en la rendición de cuentas del proyecto, mala calidad en la obra y falta de liberación del derecho de vía, entre otras.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.