Razones
Jorge Fernández Menéndez
El estudio de México Evalúa dado a conocer ayer confirma los datos que se tienen de muchas otras fuentes: en México, 93% de los delitos no se denuncia, y de éstos, de los que existe denuncia, 89% quedan impunes. Ningún sistema de justicia y seguridad puede ser eficiente con esos índices de impunidad: los estímulos para delinquir son tan altos que ninguna acción disuasoria tendrá éxito hasta que los delitos se denuncien, se procesen y se castigue a los delincuentes.
En el Gabinete de Seguridad se considera que el flanco débil del sector está en la Fiscalía General de la República que no cuenta con fuerzas propias de investigación suficientes y que requiere que sus ministerios públicos sean mucho más activos y tengan una participación mucho más cercana con las fuerzas de seguridad. Siempre ha sido así, pero durante los años de Alejandro Gertz Manero el debilitamiento de la Fiscalía fue proporcional a la discrecionalidad con que se movió el ahora embajador. La policía civil por antonomasia, que debería ser la de investigación, no termina de desarrollarse y sigue siendo casi intrascendente. Sin una sólida policía de investigación y sin ministerios públicos que realmente cumplan esa función en forma profesional, eficiente y sin corrupción, no se avanzará en términos de seguridad.
Se requiere una policía de investigación de carácter federal fuerte y poderosa, ampliamente profesionalizada, si se quiere un sucedáneo del FBI u otra fuerza similar de la que hoy carecemos: hoy la policía de investigación es pequeña y operativamente depende en muchas ocasiones de otras dependencias. Y si eso es así en el ámbito federal, en el local, en los estados, la situación es mucho peor, salvo algunas excepciones muy marcadas.
El tema va mucho más allá. Vamos a poner tres ejemplos de casos paradigmáticos que han quedado en la mayor impunidad. Hace ya casi dos años que El Mayo Zambada llegó a Estados Unidos acompañado por Joaquín Guzmán López. Hasta ahora no sabemos qué pasó, salvo las versiones de que El Mayo fue secuestrado por el hijo de El Chapo, que era además su ahijado. Una versión que suena, en el mundo real, bastante poco verosímil.
Pero ese mismo día, fue asesinado el diputado federal y amigo de El Mayo, Héctor Melesio Cuén y la propia fiscalía del estado de Sinaloa construyó, incluyendo la difusión de un video fake, una falsa versión, un montaje, tratando de demostrar que Cuén había sido asesinado en una gasolinera, en un intento de robo. La fiscal del estado renunció cuando se descubrió el montaje y que algunos de sus operadores trabajaban para El Mayo, pero nunca fue molestada. Hoy a casi dos años de los hechos no tenemos el mismo mínimo avance ni del asesinato de Cuén ni del secuestro de El Mayo ni de los delitos que pudieran haber cometido en la fiscalía y en otros ámbitos de la administración estatal. Mientras tanto han pasado ya tres secretarios de Seguridad en el estado, el más reciente en asumir es el general Sinuhé Téllez (un militar en activo con amplia experiencia operativa), hay un despliegue de miles de elementos federales, pero los índices de impunidad en el estado no se han movido: nadie es responsable de nada en la administración local.
Otro caso: la preservación de la escena en el lugar donde fue abatido Nemesio Oseguera El Mencho. No sólo porque reporteros pudieron entrar en la casa donde vivía y llevarse numerosa información muy importante, como narconóminas y detalles operativos, sin que nadie los molestara, el lugar estaba abandonado, sino también porque la zona donde finalmente fue abatido, en un bosque cercano, fue recorrido libremente por reporteros y otras personas.
La FGR es la única institución que puede y debe preservar el escenario de un crimen, más aún en el operativo más importante que se ha realizado en años y la vulneración de la escena dificulta cualquier investigación posterior. Entiendo que quizás en medio del operativo eso puede ser complejo, pero los medios recorrieron la zona entre dos y tres días después de la caída de El Mencho y no había preservación alguna del lugar. Esa es una responsabilidad ineludible de la Fiscalía. Incluso el comunicado de la FGR, dado a conocer apenas este fin de semana, se contradice con la información que dio el general Ricardo Trevilla sobre cómo se dieron los acontecimientos el 22 de febrero.
Un tercer caso, también relacionado con la preservación de escenas del delito: lo sucedido en el rancho Izaguirre en Jalisco. El lugar fue descubierto por la Guardia Nacional mucho antes que lo hicieran las madres buscadoras, allí había innumerables huellas, restos, pruebas sobre lo que ocurría en ese predio de reclutamiento, entrenamiento y exterminio. Nadie lo preservó. Cuando las madres buscadoras lo denunciaron, un operativo de la Fiscalía limpió el predio, y lo abrió indiscriminadamente a las visitas de todo mundo. Se perdió todo lo que allí se encontraba.
Sé que la fiscal Ernestina Godoy se encontró con una FGR en pésimas condiciones y que se está construyendo un nuevo equipo en la FGR, buscando los mejores mecanismos de coordinación con la secretaría de seguridad y las instancias militares. Pero si no hay un cambio profundo y rápido, si la Fiscalía no comienza a presionar a sus propias oficinas regionales y a las fiscalías estatales, no habrá avances en la seguridad y la justicia. La transformación de las fiscalías debe ser amplia, profunda y requiere tanta voluntad política, como recursos humanos y materiales para hacerlo. Hoy creo que hay voluntad, todo lo demás falta.