Saltillo, Coahuila, 04/12/25 (Más).- Con el propósito de garantizar condiciones dignas, supervisadas y legales para quienes reciben atención por adicciones, el diputado local Jorge Valdés Flores, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para crear la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.
La propuesta legislativa busca establecer un marco de coordinación entre el Gobierno de Coahuila y la Secretaría de Salud federal, para vigilar y regular a los establecimientos residenciales especializados en el tratamiento de las adicciones, así como a los centros que ofrecen servicios profesionales de salud mental.
La finalidad es asegurar que estos espacios operen con base en criterios oficiales y respetando los derechos humanos de sus usuarios.
Los centros residenciales destinados al tratamiento de adicciones son conocidos popularmente como “anexos” porque su origen se remonta a las agrupaciones de ayuda mutua inspiradas en Alcohólicos Anónimos, que empezaron a habilitar espacios adicionales para “anexar” a personas que requerían internamiento más allá de las reuniones tradicionales; con el tiempo, el término se generalizó para referirse a estos lugares que operan como extensiones comunitarias y, en muchos casos, de manera informal, sin supervisión clínica ni regulación plena, lo que los distingue de las clínicas profesionales de rehabilitación.
Conformada por seis capítulos, la iniciativa del legislador del Partido Verde plantea que las personas internadas en estos centros deberán ser valoradas por personal médico dentro de las primeras 48 horas tras su ingreso y contarán con un expediente clínico transparente donde se registre todo medicamento prescrito.
Además, establece que el personal de estos lugares debe actuar con respeto pleno a los derechos humanos, evitando tratos inhumanos o degradantes.
Uno de los ejes de la ley es la conformación del Comité Estatal de Supervisión de Establecimientos Residenciales Especializados en el Tratamiento de las Adicciones y de Establecimientos con Servicio Profesional de Salud Mental, junto con la Secretaría de Salud estatal, el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, y los ayuntamientos. De acuerdo con lo que establece la propuesta, estas autoridades tendrán facultades para inspeccionar, censar, y diagnosticar el funcionamiento de dichos centros en coordinación con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).
El Consejo Estatal tendrá a su cargo la creación de un registro censal y de un padrón de alertamiento, el cual permitirá identificar y monitorear la ubicación y operación de establecimientos que funcionen sin regulación adecuada.
A su vez, los ayuntamientos deberán colaborar notificando posibles centros no registrados, capacitando a su personal, verificando el cumplimiento de normas locales como protección civil, y promoviendo campañas de concientización sobre salud mental y adicciones.
El texto establece que el comité estatal, además de colaborar en tareas de supervisión, podrá emitir recomendaciones para la mejora operativa de los establecimientos y sugerir medidas de aseguramiento o clausura cuando se detecten irregularidades.
En los capítulos dedicados al funcionamiento de los establecimientos residenciales especializados en el tratamiento de las adicciones y de los centros de salud mental, se establecen los requisitos operativos, los criterios normativos basados en las normas oficiales, y las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, la iniciativa prevé la creación de un procedimiento formal para quejas y denuncias ciudadanas en contra de estos establecimientos, con el fin de garantizar atención adecuada y justicia para los usuarios que sufran abusos o negligencias.