Ciudad de México, 09/02/26 (Más).- Los litigios fiscales que enfrenta el Gobierno mexicano han alcanzado una nueva escala. A raíz de la reforma judicial promovida por el actual Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en un plazo de tres semanas casi medio centenar de juicios tributarios, muchos de ellos congelados por años.
Entre los casos destaca el del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien en otoño pasado fue obligado a pagar 32,000 millones de pesos tras perder siete demandas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que apenas representó el inicio de una ola de resoluciones similares.
De acuerdo con el diario El País, existen más de dos billones de pesos en créditos fiscales impugnados que actualmente se encuentran atorados en tribunales. Algunos de esos casos están programados para este mismo mes, en cumplimiento con el nuevo marco legal que acortó los tiempos para emitir sentencia. Este endurecimiento busca corregir una práctica que permitía aplazar indefinidamente las resoluciones en esta materia.
Las demandas en discusión involucran a empresas de alto perfil como Arcelormittal México, La Guitarra, Gigante Verde, General Motors, Dish, Risen Manufactura y Pegaso, a ahora propiedad de Movistar.
Los litigios versan sobre devoluciones, créditos anulados y controversias por el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR), especialmente por una posible doble tributación en el esquema de maquiladoras entre 2019 y 2023.
El monto relacionado con estas operaciones asciende a 279,000 millones de pesos, de los cuales el SAT estima que dejó de percibir al menos 44,000 millones.
La ministra Lenia Batres ha señalado que la cifra podría aumentar hasta los 250,000 millones si los tribunales fallan en contra del fisco. En consecuencia, cerca de 30 juicios clave han sido pausados por la Suprema Corte, a la espera de que se resuelva una contradicción de criterios que sentará jurisprudencia definitiva sobre el tema.
El núcleo del conflicto radica en el régimen fiscal IMMEX, que permite la importación temporal sin IVA de insumos para procesos de manufactura destinados a la exportación. Aunque originalmente fue diseñado para facilitar la cadena de producción, el SAT argumenta que muchas empresas han abusado de esta figura al exportar virtualmente dentro del territorio nacional. Este cambio de interpretación, adoptado en 2019, provocó la judicialización de numerosos casos que hoy llegan a su punto de resolución.
El Gobierno federal ha emprendido una estrategia más agresiva en materia de recaudación. En la última década, el saldo de los créditos fiscales se ha disparado un 507%, pasando de 514,000 millones en 2015 a más de 3.1 billones de pesos al cierre de 2025. De esta cantidad, solo el 19% es considerado viable para su cobro inmediato, lo que ha llevado al Ejecutivo a recurrir cada vez más a la vía judicial.
En 2025, la Secretaría de Hacienda enfrentó más de 15,000 juicios fiscales en última instancia, de los cuales ganó más de la mitad, asegurando ingresos por casi 200,000 millones de pesos. Sumado a ello, el combate a la evasión fiscal permitió recuperar casi medio billón de pesos adicionales, cifra que supera ampliamente cualquier pago individual, incluido el del propio Salinas Pliego.
Ahora, con el tema de las maquiladoras en el centro de la disputa, la Corte deberá determinar si estas empresas están incurriendo en evasión o si el SAT, en su afán recaudatorio, está yendo más allá de lo permitido por la ley. La decisión sentará un precedente crucial para el futuro del sistema fiscal mexicano.
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