Ciudad de México, 03/03/26 (Más).- La organización México Republicano manifestó su “profunda preocupación e indignación” ante versiones difundidas en torno al trato otorgado al cadáver de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, así como por la presunta presencia de personas con órdenes de aprehensión vigentes durante el velorio, sin que se reportaran detenciones.
La postura fue difundida a través de la cuenta en X de Juan Iván Peña Neder, abogado, escritor y político, quien retomó el posicionamiento en el que se cuestiona la actuación de las autoridades federales frente a los hechos.
En el pronunciamiento se considera “moralmente inadmisible” cualquier señal que pudiera interpretarse como trato privilegiado o fuera de los protocolos estrictamente legales aplicables a un criminal de esta magnitud.
México Republicano señaló que, en un contexto marcado por miles de víctimas, desapariciones forzadas y hechos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, incluidos acontecimientos documentados en Teuchitlán, presuntamente vinculados a su estructura criminal, el Estado debe actuar con absoluto apego a la ley y sin generar mensajes ambiguos ante la ciudadanía.
En el mensaje se exige al Gobierno de la República, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional una explicación clara y jurídicamente fundada sobre la naturaleza y justificación legal de las escoltas enviadas, los protocolos aplicados en el manejo del cuerpo y las razones por las cuales no se habrían ejecutado órdenes de aprehensión contra asistentes plenamente identificados y reclamados por autoridad judicial competente.
Asimismo, se advierte que, en momentos de alta tensión nacional, la claridad institucional y el cumplimiento irrestricto del Estado de Derecho “no son opcionales: son un deber”, al subrayar que la sociedad mexicana merece certeza, transparencia y firmeza frente al crimen organizado.
Finalmente, la organización conminó al Gobierno Federal y a las fuerzas de seguridad a garantizar que cada actuación esté debidamente fundada y motivada en derecho, evitando cualquier acción u omisión que pudiera interpretarse como debilidad o trato diferenciado, y sostuvo que la justicia para las víctimas debe ser el único estándar que guíe la actuación del Estado.