Un ataque con cilindros bomba contra la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali dejó siete muertos y al menos 70 heridos, marcando una de las jornadas más violentas del año en Colombia. El gobierno atribuye el atentado a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, en medio de una escalada de violencia vinculada al narcotráfico
Redacción Más
Una serie de atentados sacudió el jueves a la ciudad de Cali, Colombia, donde un ataque con cilindros bomba contra la base aérea Marco Fidel Suárez dejó un saldo de siete muertos y al menos 70 heridos, según informó El País.
El hecho ocurrió hacia las tres de la tarde, cuando desconocidos lanzaron desde un camión dos artefactos explosivos contra la entrada del complejo militar, ubicado en una de las zonas más pobladas del nororiente de la ciudad. Las detonaciones afectaron directamente a los barrios La Base y Villa Colombia, dejando daños materiales en viviendas y comercios, además de provocar pánico entre los residentes.
El atentado provocó un despliegue de las autoridades locales y nacionales, mientras crecía la sospecha de la presencia de un segundo vehículo con explosivos que no habría sido detonado. Durante más de cuatro horas, los habitantes de la zona permanecieron en alerta, mientras las fuerzas de seguridad acordonaban el área y comenzaban las labores de investigación.
Al caer la noche, el presidente Gustavo Petro aterrizó en Cali y señaló como responsables a las disidencias de las extintas FARC, específicamente al grupo conocido como Estado Mayor Central.
Uno de los testimonios recogidos tras el ataque fue el de Andrés Monroy, residente del sector, quien aseguró que uno de los cilindros bomba impactó su vivienda, a escasos metros de donde se encontraban su esposa y su suegra.
“Mi suegra se había parado dos minutos antes de esa silla al baño”, relató, mostrando el artefacto que destruyó su fachada. “Se nos metió la guerra hasta la sala de la casa”, afirmó mientras intentaba reparar los daños causados por la explosión.
En Villa Colombia, Jesús Martínez y Amelia Muriel de Martínez, vecinos con más de cuatro décadas de residencia en el lugar, vieron su vivienda reducida a escombros. “Elegimos este barrio porque nos sentíamos más seguros al lado de la base aérea. No esperábamos que esa cercanía nos dejara sin vivienda”, expresó la mujer de 78 años.
Su hija responsabilizó al gobierno de los daños y exigió respuesta ante lo ocurrido. “Espero que el presidente Petro se haga cargo de los daños que sufrimos los civiles por sus políticas”, dijo Deisy Martínez mientras recogía los restos de su hogar.
Mercedes Zambrano, otra habitante del sector, afirmó que el atentado era previsible, debido a la escalada de violencia reciente en la ciudad. “Se veía venir”, declaró. Recordó que la base aérea se encuentra en una zona residencial, donde ya se habían producido ataques contra estaciones policiales y otras instalaciones militares. Mencionó además que el cuartel del batallón Pichincha, sede de la tercera brigada del ejército, también ha sido objetivo de atentados en el pasado.
La ciudad de Cali, considerada la puerta de entrada al convulso departamento del Cauca, ha sido recientemente blanco de acciones violentas por parte de las disidencias que operan en la región. Entre estos grupos se encuentran el frente Carlos Patiño, bajo el mando de Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia, dirigida por Iván Márquez. Ambos se disputan rutas del narcotráfico en una confrontación que ha impactado también en zonas urbanas. En junio, se reportaron explosiones similares en el sur y oriente de la ciudad, así como en el vecino municipio de Jamundí.
El jueves por la noche, las autoridades aún registraban la zona del atentado en busca de restos de explosivos. Al menos diez cuadras permanecían cerradas, mientras helicópteros militares sobrevolaban el sector. Los residentes caminaban entre escombros con sus teléfonos en alto, documentando los daños y la destrucción dejada por el ataque.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunciaron una recompensa de 800 millones de pesos (alrededor de 200,000 dólares) por información que conduzca a los responsables. Según el mandatario local, los autores materiales pertenecerían a la columna Jaime Martínez de las disidencias, que habría ordenado el ataque desde el norte del Cauca. Dos personas han sido retenidas, pero las autoridades no han confirmado su judicialización.
El presidente Petro, tras reunirse con las autoridades locales en un consejo de seguridad en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, se abstuvo de declarar a la prensa. Más temprano, escribió en su cuenta de X que “el terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”.
No es la primera vez que el mandatario hace referencia a esta supuesta estructura criminal que, según afirma, opera desde Dubái y controla a múltiples grupos armados en Colombia, incluyendo a la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, y el Clan del Golfo.
Petro ha pedido a la comunidad internacional que los considere una organización terrorista con bandas armadas en distintos puntos del país.
El atentado en Cali coincidió con otro ataque perpetrado en el departamento de Antioquia, donde un helicóptero de la policía fue derribado con drones en una zona rural del municipio de Amalfi. El saldo preliminar fue de 12 uniformados fallecidos. Petro lamentó lo ocurrido y lo vinculó a una reacción de los grupos ilegales ante los operativos contra el narcotráfico.
En Cali, tras los hechos, el dispositivo de seguridad fue reforzado con la presencia de tropas del ejército y unidades especiales de la policía. Las autoridades restringieron el acceso en los alrededores de estaciones policiales y guarniciones militares. La situación ha recordado a los habitantes hechos violentos ocurridos hace 17 años, cuando las extintas FARC colocaron carrobombas en el Palacio de Justicia y en la sede policial de la ciudad.
El ambiente en los barrios afectados sigue siendo de tensión y temor. Muchos vecinos han preferido mantenerse alejados de la fuerza pública por miedo a quedar atrapados en nuevos episodios de violencia. La ciudad, que fue uno de los principales apoyos electorales de Gustavo Petro, enfrenta ahora la amenaza directa del conflicto armado, que se extiende desde las zonas rurales hasta el corazón urbano del Valle del Cauca.