Guerra contra los memes

Legislador morenista propuso una reforma al Código Penal Federal para castigar con cárcel y multas la creación y difusión de contenidos generados con inteligencia artificial sin consentimiento, incluidos memes y stickers. La iniciativa ha generado críticas por su posible impacto en la libertad de expresión

Redacción Más

El diputado federal de Morena, Armando Corona Arvizu, propuso una iniciativa de reforma al Código Penal Federal que busca imponer penas de hasta 6 años de prisión y 600 días de multa a quienes creen, manipulen o difundan imágenes, audios o contenidos generados con inteligencia artificial –como memes o stickers– sin el consentimiento de la persona afectada.

La iniciativa también contempla un aumento de hasta la mitad de las sanciones cuando la víctima sea un menor de edad, una persona con discapacidad o un servidor público en ejercicio de sus funciones, o si el contenido es difundido de forma masiva en redes sociales, mensajería instantánea o medios electrónicos y provoca un impacto comprobable en la vida personal, laboral o psicológica de la víctima.

De acuerdo con el portal Animal Político, la propuesta legislativa busca modificar el artículo 211-bis 8 del código penal para incluir como delito el uso no autorizado de la imagen, voz o identidad de cualquier persona, al considerar que estas acciones pueden tener la intención de ridiculizar, acosar, suplantar o dañar la reputación y dignidad de las personas.

En palabras del legislador: “La creación de stickers, memes y contenidos generados con inteligencia artificial, cuando se realiza sin consentimiento, representa una forma moderna de violencia que no debemos normalizar ni permitir”.

Corona Arvizu justificó su iniciativa señalando que la tecnología ya no es un mero canal de comunicación, sino una herramienta con poder suficiente para construir o destruir identidades en cuestión de segundos. Aseguró que cada contenido alterado sin consentimiento atenta directamente contra la dignidad, el honor y la vida privada de las personas, por lo que considera necesario reforzar el marco legal para evitar que estas prácticas continúen impunes.

Esta propuesta forma parte de una línea de trabajo del legislador sobre el uso de tecnología con fines maliciosos. En febrero de 2024, ya había presentado otra iniciativa que proponía sancionar la creación y difusión de audios falsos, especialmente cuando estos afectaran a personajes públicos, al advertir que estas prácticas atentan contra la convivencia social. “La tecnología debe servir a la humanidad y no ser un instrumento para la destrucción”, afirmó en aquella ocasión.

La propuesta ha generado polémica, sobre todo por su posible impacto en la libertad de expresión y el derecho a la crítica, en un contexto en el que los contenidos digitales, incluidos los memes, forman parte del debate público y la sátira política. En este sentido, algunas voces han advertido que castigar este tipo de expresiones podría abrir la puerta a un uso discrecional de la ley para silenciar opiniones incómodas.

En un contexto paralelo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, abordó recientemente una preocupación relacionada con el uso de leyes de ciberseguridad para limitar la crítica hacia los funcionarios públicos. En respuesta a un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario poblano reconoció que debe modificarse el artículo 480 del Código Penal estatal, que tipifica el delito de ciberasedio, para garantizar que los servidores públicos no puedan utilizar esta figura legal como un escudo para censurar comentarios en redes sociales.

“Debe quedar exento del beneficio de esta ley los servidores públicos”, declaró, subrayando que no hay intención de censura y que la ciudadanía debe poder expresarse con libertad. Añadió que, una vez concluidos los foros organizados por el Congreso local, se revisará y reformulará el artículo para asegurar que su aplicación esté limitada a casos de ciberdelincuencia, y no a la expresión legítima de ideas o críticas.

Por su parte, Laura Artemisa García Chávez, diputada de Morena y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, coincidió en que la reforma debe salvaguardar el derecho a la libertad de expresión y recordó que los servidores públicos deben estar abiertos al escrutinio de la sociedad.

La presentación de esta iniciativa por parte de Corona Arvizu, junto con las discusiones en Puebla, ponen en evidencia el debate creciente entre el uso legítimo de herramientas tecnológicas y la necesidad de proteger los derechos a la privacidad, el honor y la libertad de expresión, en un entorno digital cada vez más complejo y polarizado.