Ciudad de México, diciembre 26. En Guanajuato, la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en un infierno para las madres buscadoras, en un contexto marcado por la violencia extrema y la ausencia de garantías de protección. De acuerdo con información documentada por el portal Animal Político, al menos nueve mujeres dedicadas a la búsqueda de sus familiares han sido asesinadas y otras cinco se encuentran desaparecidas en la entidad en los últimos años, una situación que evidencia los riesgos letales que enfrentan quienes realizan una labor que corresponde al Estado.
Activistas y defensoras de derechos humanos advierten que la mayoría de las personas que encabezan las labores de búsqueda en Guanajuato son mujeres, principalmente madres y hermanas de personas desaparecidas, lo que las coloca en una situación de especial vulnerabilidad frente a amenazas, agresiones y criminalización, tanto por parte de grupos delictivos como por la omisión institucional. La violencia contra las buscadoras no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón sistemático que ha dejado asesinatos, desapariciones forzadas y ataques directos contra colectivos.
Entre los casos emblemáticos se encuentra el de Teresa Magueyal, quien desde 2020 buscaba a su hijo José Luis y fue asesinada el 2 de mayo de 2023 en el municipio de Celaya, mientras circulaba en bicicleta, sin haber logrado localizar a su familiar. Otro caso es el de Lorenza Cano, integrante del colectivo Unidos Buscando Desaparecidos de Salamanca, quien desapareció el 15 de enero de 2024 luego de que un grupo armado irrumpiera en su domicilio, asesinara a su esposo y a su hijo, y se la llevara por la fuerza. Hasta el momento se desconoce su paradero.
Cirenia Celestina Ortega, coordinadora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Cimac), señaló que estos hechos obligan a replantear las acciones del Estado y a reconocer formalmente a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos, con un enfoque de género que atienda los riesgos específicos que enfrentan. Subrayó que, pese al nivel de peligro, muchas continúan saliendo a campo sin medidas de seguridad adecuadas, impulsadas únicamente por la necesidad de encontrar a sus seres queridos.
La situación en Guanajuato se inscribe en una crisis nacional de desapariciones, con más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas en el país. La entidad figura entre las que concentran un alto número de casos sin resolver, junto con estados como Jalisco, en un escenario donde las familias terminan asumiendo tareas de búsqueda ante la inacción o insuficiencia de las autoridades.
Colectivos de madres buscadoras han denunciado que las autoridades han normalizado que sean ellas quienes realicen las labores de búsqueda, a pesar de que esta responsabilidad corresponde legalmente al Estado. Ante la falta de resultados y la persistente violencia, algunos grupos han solicitado el acompañamiento y la intervención de organismos internacionales para fortalecer la localización de personas desaparecidas y exigir justicia.
Activistas coinciden en que la violencia contra las buscadoras debe atenderse mediante una política integral de protección, investigación efectiva de los crímenes y garantías reales de seguridad, así como el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan estas mujeres en la defensa del derecho a la verdad y la justicia en México. La información fue acreditada al portal Animal Político.