Ciudad de México, 23/10/25 (Más).- La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, negó que la reciente reforma al Código Fiscal de la Federación 2026 implique espionaje a redes sociales o mensajería digital, y culpó directamente a “algunos medios, comentócratas y cuentas en redes sociales” de haber difundido información falsa sobre el contenido de la modificación al artículo 30-B del ordenamiento. Aseguró que el objetivo de la nueva legislación es únicamente fiscalizar a empresas digitales, y no a los usuarios.
La funcionaria federal se refirió al subtítulo 3.6 Revisión en Tiempo Real a las Plataformas Digitales, contenido en el paquete de reformas, el cual ha generado alarma entre organizaciones civiles y usuarios de redes.
Aclaró que dicha disposición no autoriza al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a acceder a información personal, sino que se limita a requerir datos fiscales a empresas como Uber, Netflix o Mercado Libre.
“No se trata de espiar a nadie, ni de revisar tus redes sociales”, subrayó Godoy. Según explicó, la reforma busca que las plataformas digitales comerciales cumplan con sus obligaciones fiscales respecto al IVA, como lo hacen los contribuyentes comunes, y por tanto no vulnera la privacidad de los usuarios. “México tiene una Constitución, y ninguna ley puede estar por encima de ella. El artículo 16 protege la inviolabilidad de las comunicaciones privadas”, añadió.
Frente a las críticas, la consejera exhortó a la ciudadanía a consultar fuentes oficiales y no dejarse llevar por rumores o interpretaciones tendenciosas en redes sociales. “No se dejen engañar por cuentas que buscan mentir y desinformar”, insistió.
No obstante, la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó sobre los riesgos que entraña esta reforma. De acuerdo con la organización, el nuevo artículo 30-B obliga a los proveedores de servicios digitales a entregar información en tiempo real a las autoridades fiscales, lo que podría vulnerar el derecho a la privacidad y abrir la puerta a prácticas de censura.
En su análisis, R3D advirtió que la posibilidad de bloquear temporalmente el acceso a plataformas que no cumplan con estas exigencias podría afectar la libertad de expresión y el acceso libre a internet.
Además, señalaron que los convenios que el SAT podrá celebrar con agencias tecnológicas o de telecomunicaciones para el análisis de datos abren un frente de vigilancia constante y poco transparente. En este contexto, sostienen que aunque la reforma no autorice de forma explícita el espionaje personal, la fiscalización en tiempo real sobre plataformas digitales representa una amenaza potencial a los derechos digitales de los usuarios.
La polémica sobre la denominada “Ley Espía”, como ya se ha bautizado en redes sociales, se mantiene en el centro del debate legislativo y jurídico. Mientras el gobierno insiste en que se trata de un mecanismo de control fiscal sobre empresas tecnológicas, voces críticas advierten que podría derivar en un uso abusivo del monitoreo digital.
Con esta reforma en marcha, la tensión entre recaudación tributaria y protección de derechos digitales marca un nuevo capítulo en la discusión sobre la regulación de las plataformas en México.
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