Nueva York, 19/12/25 (Más).- La defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, presentó formalmente una apelación contra la sentencia de 38 años de prisión que le impuso la Corte del Distrito Este de Nueva York, bajo el argumento de múltiples irregularidades en el proceso judicial, entre ellas violaciones al debido proceso, ocultamiento de pruebas clave y el uso de testimonios presuntamente falsos.
De acuerdo con información publicada por Infobae, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib entregaron el documento ante la Corte de Apelaciones el 18 de diciembre, fecha límite tras una prórroga otorgada previamente.
En el escrito de 78 páginas, acompañado por 22 apéndices que suman alrededor de 4 mil 600 hojas, los defensores solicitan la anulación del juicio o, en su defecto, la repetición completa del proceso, alegando que fue irremediablemente contaminado.
Uno de los principales argumentos que sustentan la apelación es el supuesto perjurio cometido por testigos clave durante el juicio, cuya credibilidad –asegura la defensa– fue cuestionada con evidencia que no fue valorada por el jurado. En ese sentido, se menciona el caso del exagente federal Francisco Cañedo Zavaleta, quien afirmó que García Luna fue secuestrado por criminales en una carretera, mientras que los abogados afirman tener pruebas de que ese mismo día el exfuncionario se encontraba en un hospital privado acompañando a su esposa.
También se impugna el testimonio de Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, quien –según la defensa– ofreció declaraciones cronológicamente imposibles, como visitas a lugares que aún no existían en el momento descrito o el uso de tecnología que nunca fue adquirida por la Secretaría de Seguridad Pública.
Otro punto relevante de la apelación señala que el equipo de la fiscalía habría omitido entregar al jurado información exculpatoria, como documentos de agencias estadounidenses que habían realizado investigaciones de rutina, entrevistas oficiales y pruebas de polígrafo al exfuncionario sin detectar señales de actividad delictiva. Además, se denuncia que uno de los testigos colaborativos continuó cometiendo delitos durante su cooperación con las autoridades, sin que ello se informara durante el juicio.
La defensa también acusa al juez Brian Cogan de restringir el derecho de confrontación al limitar el contrainterrogatorio a testigos clave como Sergio Villarreal Barragán y Harold Poveda Ortega. Asimismo, critica la admisión de fotografías de bienes sin demostrar su vínculo con los delitos imputados, lo cual –afirman– sesgó la percepción del jurado.
Finalmente, el equipo legal de García Luna calificó la sentencia como desproporcionada, al considerar que la condena de 38 años de cárcel y la multa de dos millones de dólares no se sustentan en pruebas concluyentes y no guardan proporción con casos similares. También argumentaron que la sanción económica es incompatible con la actual situación financiera del exfuncionario.
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